Ricardo Luque - Nuestra deuda con la lucha del movimiento del 68

Nuestra deuda con la lucha del movimiento del 68

César Ricardo Luque Santana

 

La historia de México nos refiere la vocación y tradición de lucha del pueblo mexicano, desde sus orígenes que nos llevaron primero a la independencia de la corona española, luego a la reforma liberal con Benito Juárez (separación de la Iglesia y el Estado mediante el laicismo) en pugna con las fuerzas conservadoras, hasta la revolución mexicana de principios del siglo XX propiciada por la enorme injusticia social y el autoritarismo asfixiante del régimen porfirista. Posterior a la revolución, se multiplicaron los movimientos reivindicatorios de obreros, campesinos, estudiantes y profesionistas, siendo el movimiento estudiantil de 1968 uno de los más emblemáticos del México moderno y posrevolucionario, mismo que constituyó un antes y un después de nuestra nación, pues fue determinante para obligar al régimen autoritario de entonces -signado por la hegemonía de un “partido de Estado” que ejercía el monopolio de la política mediante un férreo control corporativista, mediático y represivo de los trabajadores y ciudadanos, que en la práctica suprimía la disidencia auténtica mediante una oposición simulada o la reducía a una presencia testimonial- a aceptar cambios políticos que darían cauce al pluralismo que exigía la sociedad. Por cierto, los cambios que se darían para transitar a dicho  pluralismo no fueron inmediatos ni una concesión gratuita; del mismo modo que la apertura del régimen tampoco significó una auténtica conversión democrática de quienes detentaban autoritariamente el poder político. Por desgracia, quienes a la postre se beneficiaron con el relevo democrático, no estuvieron a la altura de las luchas que las organizaciones sociales y los ciudadanos impulsaron pagando un alto precio por ello.

 Sin un afán de hacer una recapitulación de los hechos que dieron origen al movimiento del 68 y a las etapas del mismo que tuvieron un trágico desenlace mediante una masacre de gente pacífica e indefensa y cuyos culpables quedaron impunes; y sin pretender tampoco traer a colación explicaciones académicas del mismo, no porque no sean necesarias y pertinentes, sino porque por un lado, es una de las luchas que más pervive en la memoria popular, y porque por otro lado, se asume que en general existe un consenso sobre el mismo visto en su totalidad, gracias a la perspectiva que la distancia en el tiempo nos da sobre esos sucesos, sin que eso signifique que no haya aún opiniones encontradas al respecto. Empero, lo importante por ahora es subrayar la deuda que como demócratas tenemos con la gesta que los jóvenes universitarios de esa época hicieron para que las futuras generaciones gozaran de un país más libre, justo y democrático.

 Los cambios que se han logrado a partir de la lucha de los jóvenes de hace 44 años, no han sido honrados del todo porque la alternancia en el poder que se supone debían darse mediante procesos electorales equitativos y autoridades imparciales, el pluralismo concomitante a dicha alternancia, así como el supuesto fortalecimiento de la división de poderes de nuestra democracia republicana, han dejado mucho que desear por los sesgos y distorsiones que se han venido suscitando, avanzando solamente en las reglas formales del juego democrático, paralelamente a un retroceso en las condiciones de vida de los ciudadanos comparativamente con esa época. En este tenor, la corrupción no sólo no se ha podido superar sino que ha empeorado con las privatizaciones que las políticas neoliberales ha instrumentado llegado al colmo de legalizarla, todo en detrimento de los contribuyentes, de la viabilidad de la convivencia social y desdibujando asimismo nuestra identidad nacional socavada por la globalización capitalista donde todo lo sólido se desvanece al punto de que el mercado se ha puesto  por encima de cualquier cosa por sagrada que sea, llegando al extremo de hacer inconciliable la democracia con el mercado en perjuicio del primero.

 El conservadurismo instalado en el poder los últimos 30 años, ha sacrificado los principios por los que lucharon mexicanos de todas las épocas y en particular los jóvenes del 68 que pagaron con sus vidas sus anhelos de construir un país más independiente, democrático y justo. Sin embargo, eso no significa que su legado y su sacrificio hayan sido en vano porque éste se ha mantenido vivo en todas las luchas posteriores a ellos hasta la actualidad, siendo tal vez la emergencia del movimiento #YoSoy132 su expresión más acabada. Hoy como ayer, los estudiantes y los trabajadores de nuestro país, acompañados de los mejores intelectuales, artistas, académicos y científicos del país, siguen pugnando por un cambio verdadero sin amedrentarse por los obstáculos y sin perder la esperanza de que un mundo mejor sea posible pese a los descalabros obtenidos y las dificultades de los retos.

 En este tenor resulta estimulante recordar y retomar los pensamientos y testimonio de los luchadores de esa época y la actual, mismos que revelan el espíritu indomable del pueblo mexicano es su afán de defender su patria mediante la defensa de los intereses populares, los cuales han sido afectados gradual y descaradamente por los grupos conservadores dominantes que como en la colonia, la reforma y la revolución, han estado en contra de los intereses populares aunque siempre han terminado vencidos por la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo y las fuerzas progresistas.

 Las nuevas generaciones han mostrado un interés genuino por lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 donde no obstante la opacidad del gobierno de esa época y los posteriores que nos impiden saber con certeza cuántos muertos realmente hubo y quiénes fueron, y desde luego el encubrimiento de los asesinos, existen muchos testimonios independientes de los actores, periodistas y personalidades de la cultura que vivieron de cerca el movimiento quienes a través de libros, documentales y otros medios, así como de investigaciones académicas posteriores, nos han permitido reconstruir esos dolorosos pasajes de nuestra historia para tener un conocimiento de la verdad histórica y extraer de ellos sus múltiples y profundos significados.

  El conocimiento crítico de nuestra historia remota y reciente, particularmente del movimiento de 1968 que en esta ocasión nos convoca a esta reflexión, me deja en lo personal un compromiso a continuar la lucha más allá de un mero acto de remembranza que por otra parte es obligado, pero  limitarse a evocar esos trágicos sucesos de la noche de Tlatelolco de 2 de octubre de 1968 sin sacar las enseñanzas y compromisos derivados del mismo, sería incurrir en un ritual vacío con la falsa percepción de mirar el pasado como si fuera un suceso superado por el tiempo y no como una lección de vida y una cuenta pendiente por saldar.

Ricardo Luque - La desaparición de las Teleprepas

La desaparición de las Teleprepas.

César Ricardo Luque Santana

 

 

Después de varios amagos del “gobierno de la gente” para desparecer el subsistema de telepreparatorias, finalmente se hizo oficial la intención de sustituirlo por otro subsistema de educación a distancia conocido como EMSAD (Educación Media Superior a Distancia), pasando del dominio del gobierno del estado al gobierno federal, lo que implicará de entrada un perjuicio irreparable a los derechos de los profesores de las todavía Teleprepas, quienes en este momento están construyendo un sindicato para defender sus derechos, mismo que se empezó a fraguar como una respuesta a sus difíciles condiciones laborales, sujetas a la discrecionalidad y unilateralidad del gobierno estatal quienes han venido dilatando las contrataciones y los pagos del personal, al mismo tiempo que los envían arbitrariamente a sus lugares de trabajo sin considerar experiencia, edades, arraigo, derechos, etc. Por ello, como sucedió hace unos pocos meses, los profesores de las Teleprepas acompañados de sus alumnos y los padres de éstos, salieron de nuevo a las calles a protestar pidiendo certidumbre a maestros y estudiantes, entre otras demandas que presuntamente les afectarán de un modo u otro. Al mismo tiempo, en la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador perredista y luchador social Miguel Ángel Arce Montiel, realizó un pronunciamiento del cual me permito destacar algunos puntos.

  En primer lugar hizo una descripción somera pero concreta de los alcances de este servicio educativo que se presta a jóvenes de 80 comunidades rurales que en total suman alrededor de 6 mil alumnos. Su desaparición podría perjudicar a miles de jóvenes que por sus precarias condiciones sociales no pueden salir a una cabecera municipal a estudiar, lo que significaría cancelar sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida a través del estudio, ensanchando y enriqueciendo sus conceptos de la vida transformándolos en mejores ciudadanos, alejándolos al mismo tiempo de las malas influencias que pudieran convertirlos en carne de cañón de las bandas de delincuentes. Asimismo, plantea su preocupación por la conculcación de los derechos laborales de los trabajadores de este subsistema que de por sí se encuentran en una situación vulnerable ante la carencia de un sindicato registrado que defienda sus derechos y logre una relación contractual (contrato colectivo) con las autoridades más justa.

Acto seguido hizo un reconocimiento tanto de los estudiantes de Teleprepas como de sus maestros. De los primeros dijo que muchos de ellos realizan enormes esfuerzos por estudiar ya que muchos de ellos deben hacer compatible sus estudios con labores del campo, además de que muchos otros tienen que desplazarse varios kilómetros a sus centros escolares; mientras que los profesores tienen que quedarse en sus comunidades que suelen estar muy alejadas de la ciudad capital de dónde proceden la mayoría de ellos, lo cual le agrega un plus a su trabajo porque se involucran en la vida de sus comunidades convirtiéndose en gestores, consejeros y amigos de los pobladores. Todo esto sin contar que cada profesor de Teleprepas hace la labor de al menos 4 ó 5 maestros, pues prácticamente entre unos cuantos imparten todas las asignaturas de los tres grados escolares. Estos sacrificios de los profesores de Teleprepas le evocan al legislador la mística o apostolado de los profesores rurales de la época cardenista.

 Refiere el diputado Arce que la pretensión del secretario de SEPEN Marco Antonio Ledesma González de desaparecer el subsistema de Telepreparatorias y emigrarlo al EMSAD, provocará de entrada un daño a la economía de los papás de los estudiantes que tendrán que pagar una inscripción anual más cara que la que vienen pagando (de 50 pesos a mil pesos), lo cual en familias pobres como lo son muchas de ellas, representa un fuerte impacto económico, lo que podría provocar que muchos de ellos decidan no enviar a sus hijos a la escuela.  Los profesores por su parte -como ya lo mencionó- se verán disminuidos en sus derechos porque se haría borrón y cuenta nueva con su antigüedad, además de que muchos corren el riesgo de no ser (re)contratados al ser sometidos a un “examen de oposición” que hace tabula rasa de la formación académica de estos docentes (muchos con grado de maestría) y de su experiencia laboral que en algunos casos rebasa los 6 años de vida de este subsistema, es decir, hay profesores que cuentan con una amplia experiencia docente y profesional que pueden ser retirados por razones ajenas a sus capacidades con la aplicación de dicho examen que puede ser adoptado como una coartada. Este temor existe entre muchos profesores de las Teleprepas que unidos han venido luchando por sus derechos. Desde luego que aunque todos ellos han cerrado filas en torno a sus dirigentes, éstos como cabezas visibles del movimiento se hayan más expuesto a represalias, de ahí que el diputado Arce subraye que las autoridades deben evitar vendettas contra ellos, pues no han hecho otra cosa que defender sus intereses y las de sus educandos amparados en las leyes mismas, principalmente la Constitución Política Mexicana que ampara nuestros derechos individuales y sociales.

 

En conclusión, el legislador Arce Montiel  hace una llamado claro y firme a las autoridades educativas del gobierno del Estado a tener sensibilidad en este caso, a respetar los derechos logrados por los trabajadores, actuar con justicia e imparcialidad, pero sobre todo, los conmina a apoyar al subsistema de Teleprepas que da una amplia cobertura educativa a miles de jóvenes de la zona rural a un bajo costo.

Ricardo Luque - Hacia una democracia participativa

Hacia una democracia participativa

César Ricardo Luque Santana

El día 21 de agosto del presente año y en el marco de la primera plenaria del segundo período de sesiones del Congreso del Estado de Nayarit, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel presentó al pleno su iniciativa de Ley de Participación Ciudadana cuya Exposición de Motivos leyó en tribuna, turnándose luego el documento completo a la comisión correspondiente para su análisis, discusión y eventual aprobación en dicha instancia, para de ahí retornar de nuevo al pleno para su aprobación definitiva, en caso de que así ocurra, con las modificaciones que en ese proceso pudieran darse.

 Haciendo un poco de historia, los antecedentes de este tipo de iniciativas en este espacio legislativo son la que presentó el entonces gobernador Antonio Echeverría Domínguez (2003) y el ex diputado perredista Jesús Castañeda Tejeda (2009), respectivamente. La diferencia con la actual iniciativa es que durante el sexenio de Ney González (hacia el final de su mandato), algunas figuras de participación ciudadana se elevaron a rango constitucional, a saber: plebiscito,  referéndum e iniciativa popular; de manera que la creación de una ley reglamentaria se volvió una necesidad imperiosa, pues de otro modo estos derechos ciudadanos quedaría como letra muerta. Así entonces, este proyecto constituía una materia pendiente de urgente resolución para la actual legislatura, cuya concreción dotará a la sociedad de un nuevo instrumento jurídico y político para incidir en la vida política del estado sin depender directamente de los partidos políticos ni de sus representantes populares.

 A continuación, aunque de manera sumaria, presentaré los puntos esenciales de la Exposición de Motivos leída en tribuna por el legislador perredista, dejando para otras entregas el desglose de la iniciativa como tal, de modo que los ciudadanos sepan en qué consiste cada figura, cuáles son sus objetivos, causales, requerimientos, procedimientos y sus alcances, no sin antes señalar que quienes deseen el documento completo me lo pueden solicitar mediante el correo electrónico preferentemente.

 

En principio, la pertinencia de la democracia participativa como complemento de la democracia representativa, parte del reconocimiento de la crisis de esta última que pese al advenimiento del pluralismo político -luego de siete décadas de monopolio de un sólo partido-  ha quedado a deber a los ciudadanos respecto a las expectativas de una alternancia que significara la superación de los vicios del ancien régime, malográndose la transición a la democracia al desvirtuar ésta a una partidocracia que ha terminado secuestrando las aspiraciones de cambio verdadero incurriendo en un “cambio” simulado, al grado de que el voto de los ciudadanos en las diversas elecciones constitucionales se ha tornado en la práctica en un cheque en blanco para la clase política.

La fundamentación de esta iniciativa se cuida sin embargo de la pretensión de suplantar a la democracia representativa  por la democracia participativa  o participación ciudadana, enfatizando su papel complementario (que no suplementario), al mismo tiempo que advierte que tampoco se trata de una panacea, sino de un instrumento democrático que requiere de una reglamentación precisa que evite distorsiones y usos ilegítimos del mismo. Asimismo, la Exposición de Motivos hace una distinción entre las distintas formas de participación política especificando la que corresponde a la participación ciudadana. El esclarecimiento de la naturaleza de la participación ciudadana y su relación con la democracia representativa, es importante porque alrededor de la democracia participativa se han tejido algunos mitos e idealizaciones, al mismo tiempo que se ha caído en una confusión conceptual que lejos de contribuir a su entendimiento y florecimiento, introducen elementos extraños que generan una adulteración, al grado de distorsionar la intención de empoderamiento de la sociedad con una forma encubierta de privatización de la política, en vez de concebirla más sustancialmente como una socialización del poder. En este sentido, los grupos conservadores tienden a resignificar mañosamente los conceptos de democracia, libertad y otros para encauzar la participación ciudadana en un sentido privatizador, usurpando mediante asociaciones civiles camufladas al servicio de grupos de presión a la llamada sociedad civil. Esta tentativa reaccionaria de las derechas resulta  en sí misma aberrante o contra natura, porque el poder y la política son por definición asuntos de interés público.

El texto mencionado hace referencia también a la existencia de la participación ciudadana en otros ámbitos como el municipal y el federal, ponderando sus alcances y señalando sus limitaciones, la cual a veces no se debe a la falta de instrumentos jurídicos sino a la ausencia de vocación democrática de los gobernantes, como sucede marcadamente en el ámbito municipal que es el más propicio para la participación ciudadana dada la naturaleza colegida de su forma de gobierno y a la cercanía entre gobernantes y gobernados. Este último señalamiento me parece significativo porque en efecto, la democracia participativa necesita una base jurídica que le dé certidumbre y legitimidad, pero en sí misma es insuficiente si no existe una cultura política democrática de la población y una vocación democrática auténtica en las autoridades. No obstante, es necesario que la ley de participación ciudadana sea lo más precisa y clara posible en sus reglas de operación y en sus objetivos. En este sentido, debe garantizar la imparcialidad de la instancia encargada de llevar a cabo algún procedimiento impulsado por los ciudadanos (en este caso el Consejo Estatal Electoral), dando condiciones de equidad a las partes en pugna ante un tema concreto, de manera que los ciudadanos puedan tomar decisiones de manera informada y con plena libertad.

Para finalizar, no menos importante resulta la alusión al concepto de soberanía tan vapuleada por los embates del neoliberalismo. De esta manera, la soberanía, que reside en el pueblo, retoma o refuerza su papel de salvaguarda de los intereses colectivos suplantados por una banda de bribones empecinados en saquear y vender el país y nuestro estado como si fuera feria de pueblo a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin importarles los daños al medio ambiente, la supresión de derechos labores, el socavamiento de los derechos humanos, y en sí, el poner en riesgo la viabilidad del país como nación independiente permitiéndoles que se apropien de nuestras riquezas naturales con total impunidad. Sin duda, la participación ciudadana en cierto modo permite recuperar la soberanía del pueblo dándole armas jurídicas para defender los bienes públicos y el bienestar de la sociedad sometida a políticas de mercado que lo único que han provocado es un profundo deterioro del tejido social expresado en un Estado fallido. Asimismo, insistiendo en su papel de complemento y equilibrio de la democracia representativa -mas no su sucedáneo- la democracia participativa permite una relación más horizontal entre autoridades y ciudadanos, al mismo tiempo que abona a una forma de relación sana entre ambos, ajeno al envilecimiento que han provocado las prácticas clientelares, el corporativismo, el tráfico de favores, etc., cuyas consecuencias han sido perpetuar un autoritarismo apenas simulado en un afán de sostener contra viento y marea un “modelo” de economía neoliberal altamente depredador.

 

luque2009@gmail.com

Ricardo Luque - Argumentos falaces y cínicos

Argumentos falaces y cínicos

César Ricardo Luque Santana

El presente escrito constituye una crítica al artículo de Soledad Loaeza titulado “La defensa del voto” publicado en La Jornada en 19 de julio de 2012, mismo que se revela como un mero panfleto reaccionario sin poder analítico alguno. Al principio pensé remitirlo ahí mismo en la sección de “comentarios”, pero al exceder la cantidad de caracteres establecida como límite, opté por dejarlo como artículo de opinión publicándolo en los medios acostumbrados por mí.  Creo que sus objeciones falaces y cínicas contra quienes impugnan la elección presidencial por las vía jurídica y mediante las movilizaciones sociales, son más o menos las mismas que los priistas y sus “intelectuales” orgánicos esgrimen a través de diversos medios, de ahí la importancia de salir al paso de los mismos.

Asombra la superficialidad de los razonamientos de Soledad Loaeza y me pregunto como puede mostrar tanta puerilidad con sus credenciales académicas que deberían de permitirle argumentar con mayor rigor. La función de comunicar un análisis al gran público mediante un artículo periodístico no la exime de ello, pues la claridad de un discurso no depende tanto de la belleza en la forma de escribir, sino en la coherencia en el modo de pensar, así como en la objetividad y la actitud ética que como investigador se debe mostrar

Desde el primer párrafo se advierte la ligereza de sus objeciones a quienes impugnan por la vía jurídica, la movilización callejera y las redes sociales, la validez de las elecciones (principalmente la segunda), pues los resultados electorales son producto de la inducción (encuestas, medios), la coacción (chantaje a empleados públicos y a los pobres que dependen de los programas sociales del gobierno) y la compra del voto (despensas mediante tarjetas de Soriana, pagos en efectivo, tarjetas Monex, etc.), con el agravante de que esto último se realizó con dinero de origen ilícito (lavado de dinero). Si bien es cierto que resulta difícil comprobar -como ella dice- todas los delitos electorales cometidos por el PRI, no significa que haya que desestimarlos sino por el contrario, habría que exigir que se investiguen a fondo para determinar hasta dónde pudieron haber sido un factor de inequidad que afectó la libertad del voto que según la ley debe existir para que los resultados sean legales y por ende el ganador esté también legitimado.

 La dificultad para comprobar dichos ilícitos es aún mayor por la actitud negligente y complaciente de las autoridades electorales que lejos de coadyuvar al esclarecimiento de las denuncias presentadas por la coalición de izquierda del Movimiento Progresista, tratan de minimizarlas, darle largas al asunto arguyendo que la tarea llevará mucho tiempo de investigación, cuando la periodista Carmen Aristegui y su equipo han hecho importantes hallazgos en un tiempo relativamente corto sobre el uso de las tarjetas Monex que incluso revelan indicios lavado de dinero, al grado que el PRI ha tenido que aceptar parcial y matizadamente estos hechos que antes venía negando tozudamente. Peor aún, algunos magistrados del Tribunal Electoral (Trife) han hecho declaraciones controversiales como el magistrado Alejandro Luna Ramos quien anticipó que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”, lo que se interpretó como una especie de albazo jurídico porque sin conocer las pruebas para impugnar de los inconformes, dio a entender que de todos modos no modificaran los resultados; mientras que otros jueces como Carmen Alanís, mantiene nexos orgánicos con el grupo de Peña Nieto al igual que otros magistrados como Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera con antecedentes que los vinculan al PRI. La imparcialidad de estos sujetos es puesta en duda por los nexos referidos y lo más sano sería que se retiraran de su encargo por el obvio conflicto de intereses en que están envueltos.

También podría añadirse que desde el título mismo de su escrito hay errores porque no se trata propiamente de una “defensa del voto” a secas sino del voto libre. La exigencia de invalidar las elecciones presidenciales descansa en el presupuesto de que hubo un margen de votos que no se ejercieron libremente los cuales eventualmente afectaron los resultados electorales. Huelga añadir que esta anomalía está contemplada como delito por la ley electoral en sus artículos 39 y 41. Asimismo usa mal la palabra “propugnan” en vez de decir “impugnan” lo cual es un sinsentido si se lee la frase completa de su artículo. Además, cuando menciona la “sugerencia” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los electores de que recibieran las despensas de los priistas pero que votaran libremente, no significa en modo alguno que estuviera avalando este tipo de prácticas perniciosas como ella maliciosamente insinúa, sino que se trataba de una orientación a determinados electores que se sienten obligados a votar por quienes les dan obsequios aconsejándoles dar el clásico esquinazo. En otras palabras, la idea es que la gente reciba todo lo que les den pero que no vendan su voto por esas migajas ni a ningún precio.

Su molestia en contra de quienes pretenden “anular” desde la protesta callejera su voto y el de 33 millones de mexicanos que no votaron por AMLO, da por sentado que no cuestiona las numerosas violaciones a la ley, es decir, acepta los resultados “haigan sido como haigan sido” (Felipe Calderón dixit) considerando asimismo una supuesta imparcialidad del IFE que muchos ponemos en duda a partir de sus actuaciones complaciente de dejar hacer y dejar pasar las evidentes y múltiples trapacerías del PRI. También Soledad Loaeza confiesa desconcierto porque por un lado hay una impugnación de la izquierda social a las elecciones (que según su atavismos ideológicos son propios de una izquierda revolucionaria o radical que repudian en sí mismos los procesos electorales como farsa burguesa, lo cual evidentemente es falso porque la lucha de las organizaciones ciudadanas, gremiales, estudiantiles, etc., es para que haya elecciones limpias y equitativas. En otras palabras, no se rechazan las elecciones democráticas en sí sino su adulteración). De este modo malinterpreta los objetivos de la lucha de los diversos grupos reunidos en Atenco, los cuales caminan por un carril distinto al de AMLO y de los partidos agrupados en torno al Movimiento Progresista que tiene que sujetarse a los cauces formales (incluidas las presiones o chantajes como el “Pacto de Civilidad” impulsado por empresarios y medios, donde las autoridades electorales se proyectaron a sí mismas en su ilegalidad al convocar a los actores políticos de la contienda electoral a comprometerse a respetar la ley que se supone deben acatar sin ninguna mediación metalegal). Del mismo modo, la impugnación jurídica de AMLO y los partidos que lo postularon no debería causarle escozor a nadie pues son derechos que él puede utilizar de acuerdo a la ley electoral.

Esto nos lleva a otra impugnación igualmente insostenible de Soledad Loaeza que además empata con los argumentos cínicos de los priistas. Ella se pregunta que por qué nada más impugnan la elección presidencial y no las de senadores y diputados, así como otras de carácter estatal que se realizaron paralelamente. Añade: ¿por qué no impugnan las elecciones que ganaron las izquierdas? En este último caso, son los perdedores los que deben de impugnar si creen que hubo trampas o irregularidades, como de hecho ocurre en todos lados y por todos los partidos. Son las autoridades del Trife quienes podrían hacer extensivo en un momento dado la invalidación o anulación de todo el proceso electoral cuyo costo económico y político sería muy alto, pero la focalización a la elección presidencial no se pondera en esos términos pues el Movimiento Progresista ha impugnado todos los distritos a legisladores federales o estatales, así como municipios donde tiene elementos para hacerlo. Asimismo, se tienen sospechas fundadas por las evidencias descubiertas de que la compra de votos se realizó en varios estados y no en todos. El no impugnar las elecciones en su totalidad, incluidas las que ganaron las izquierdas, no es ninguna contradicción, sino un intento cínico de descalificar el cochinero perpetrado por el PRI en contubernio con las instancias electorales. Este argumento por cierto es una variante de otro muy socorrido donde los priistas dicen que todos hacen trampas y que el enojo de los opositores no es en sí a estas prácticas sino por una especie de envidia.

Respecto a otros señalamientos como las referencias a Arturo Núñez y Manuel Bartlett, antiguos adversarios y hoy aliados de las izquierdas (o más propiamente de AMLO), nos remiten a situaciones muy complejas que están más allá de un simple maniqueísmo, pues la incorporación de estos personajes (entre otros) al PRD y PT, tienen que ver con un pragmatismo ramplón que en el seno de las izquierdas ha sido denunciado con anterioridad, particularmente en aquellos casos donde se ha ganado gubernaturas para reditar la forma de gobernar del PRI. Este fenómeno de políticos saltimbanquis o de travestismo político es muy complejo, pero mal haríamos en estigmatizar a todos los políticos conversos que finalmente no es un fenómeno privativo del PRD, sino que es algo que ocurre en todos los partidos (también hay trásfugas de izquierda en el PRI). Casuísticamente se podrían mencionar personajes que llegaron al PRD procedentes del PAN y del PRI como Bernardo Bátiz y Ricardo Monreal -por poner un ejemplo- que han resultado más congruentes, firmes y provechosos que otros que siempre han militado en las izquierdas y actúan como políticos de derechas, además de que espetar como incongruencia la llegada al PRD de personajes de otros partidos como algo cuestionable, es aceptar tácitamente que el PRD es una especie de ente impoluto que no debería aceptar personajes cuestionables por su pasado, cuando en realidad el PRD es un proyecto fracasado desde hace varios años. Al mismo tiempo, estaríamos cayendo en un fatalismo al creer que el pasado de alguien proveniente del PAN o del PRI (hablando en abstracto), lo condena irremediablemente negándoles la posibilidad de rectificar si ese fuera el caso. Pienso en alguien por ejemplo como el periodista Jacobo Zabludosky que en la era de avasallamiento del PRI jugó un papel muy importante como vocero oficioso del sistema y que desde que salió de Televisa hace un par de décadas ha dado un vuelco haciendo un periodismo crítico. En este caso, se trata del mismo hombre inteligente y culto pero que en una época estaba atado a los intereses del PRI-Gobierno como le llamábamos, mientras que al ejercer el periodismo en forma independiente, se ha podido sacudir los compromisos y prejuicios que otros todavía no remontan, a pesar de que se vive en condiciones un tanto distintas a cuando el PRI ejercía el monopolio  de la política.

Respecto al cuestionamiento o la suspicacia del carácter apartidista del movimiento social independiente de los 300 grupos de la Convención Nacional de Atenco que ella y los priistas tienden a ver como “Lópezobradorismo” embozados en el ánimo de  restarles autoridad moral y regatearles su capacidad de pensar y actuar por su cuenta, no dista mucho de las temerarias acusaciones de la jerarquía priista de endosarle a priori a AMLO la responsabilidad de una hipotética masacre o una situación de violencia que nadie en las filas del movimiento social ni de los partidos políticos de izquierda están impulsando. Por cierto, a los despistados que siguen moliendo con poner en duda el carácter apartidista de la izquierda social, los remito al excelente artículo del filósofo Enrique Dussel (“Interpelaciones del movimiento #YoSoy132” del 09 de junio de 2012). En ambos frentes que impugnan las elecciones por la vía social (movilización y redes sociales) como son los grupos ya mencionados (en especial los del #YoSoy132) y la vía jurídica y política impulsada por los partidos de izquierda, que reitero, se mueven en carriles distintos si bien convergen en la demanda central de reclamar la invalidez de la elección presidencial por las irregularidades ya mencionadas que inhibieron el voto libre, son formas válidas política y legalmente de lucha y no pretenden como Soledad Loaeza y los priistas dicen falazmente, descalificar los treinta y tantos millones de votos de quienes no votaron por AMLO ni mucho menos los cincuenta millones de todos los que votaron , sino al revés, se trata de dignificarlos porque si bien la compra de votos fue de unos cuantos millones, son esos votos comprados los que dañan a todos los demás independientemente de por quien hayan votado

Creo que la pobreza de su argumentación de Soledad Loaeza se debe principalmente a sus prejuicios ideológicos, es decir, a que no es librepensadora para analizar las cosas de manera imparcial. La verdad es simple y llana pero nos pone del lado del pueblo decía Rousseau en El Contrato Social, añadiendo que el pueblo no da embajadas ni pensiones, lo que explicaría por qué se dan tantos intelectuales alcahuetes del poder.

Ricardo Luque - Inequidad e iniquidad electoral

Inequidad e iniquidad electoral

César Ricardo Luque Santana

Ricardo Alemán, uno de los más furibundos anti-Lopezobradoristas, dice que la compra de votos del PRI es un mito genial y reta a que se saquen cuentas para que se vea lo inverosímil de esta posibilidad. Trataré de hacer un acercamiento somero al tema para determinar su posibilidad, partiendo de que el tope de gastos de campaña de 330 millones de pesos, evidentemente fue rebasado por el PRI varias veces, examinando el asunto desde luego a ojo de buen cubero,  pues recordemos que tan solo en los traslados de Peña Nieto y su séquito a diferentes lugares del país, se hacían en hasta 3 aviones privados, entre otros gastos onerosos como hospedajes y comidas de todos sus acompañantes, además de las rentas de salones o espacios para los actos políticos, equipos de sonido,  estrados, pago a trabajadores, publicidad, acarreos (trasportes, comidas, playeras, matracas, etc.) y otros gastos menos visibles, como los 1,500 taxis que rentaron en Nayarit a mil pesos cada uno para mover a sus votantes durante la jornada electoral (según me confesó un taxista). El punto sin embargo se centra en los posibles gastos de compra del voto, de su volumen, toda vez que en las redes sociales circularon muchas evidencias de todo tipo que sin duda son datos empíricos incuestionables, aunque paradójicamente sean difíciles de usar como pruebas.

 El tope de gastos de campaña como se mencionó fue de alrededor de 330 millones de pesos más o menos. Ricardo Monreal llegó a decir en los primeros días posteriores a la jornada electoral, que el PRI rebasó ese límite al menos 14 veces, aunque recientemente su equipo dice que tienen pruebas de exceso de gastos de por lo menos 6 veces más que el tope legal. Con la primera estimación estaríamos hablando entonces de más de 4 mil 600 millones de pesos gastados (invertidos para ellos) en las despensas típicas, tarjetas de Soriana para adquirir mercancías, tarjetas con tiempo aire para llamar por teléfono, pago de operadores (mediante un esquema multinivel o piramidal), sobornos a comunicadores, entre otros muchos. Gran parte de este dinero es incluso no rastreable porque se manejó en efectivo sin comprobantes de ninguna especie e incluso es de procedencia dudosa por decir lo menos. De estos gastos excesivos  se han venido dando muchos testimonios diversos en Internet, como la propaganda del PRI en trípticos con billetes incrustados, reuniones en locales cerrados atestados de gente durante la jornada electoral donde se pagó directamente a cada votante y otras formas innovadoras que solo a los genios de la corrupción se les puede ocurrir. Tal vez la cifra sea incluso mayor a la que supuso Monreal al principio, es decir, quizá ronde en los 6 mil millones de pesos o más, tomando en cuenta también el uso generalizado de los recursos de las dependencias públicas, pues la compra de al menos 5 millones de votos que es lo que se cree adquirió el PRI de gente miserable de espíritu, requiere de fuertes cantidades de dinero que a mi juicio si están al alcance de la mafia priista.

 La pregunta de si una cifra de ese tamaño estaría al alcance del PRI tendría una respuesta afirmativa. Recordemos que tienen 20 gobernadores que echan mano del presupuesto a su antojo gozando de total impunidad y que podrían haber estado preparando un fondeo financiero para esta campaña con mucho tiempo de antelación. De hecho se ha llegado a decir que gran parte del endeudamiento excesivo de los gobiernos estatales priistas sería en parte con fines electorales. Asimismo, es cosa sabida que  los gobiernos priistas se han caracterizado por incurrir en usos facciosos y patrimonialistas del erario público desviando los recursos a su arbitrio; que existe una corrupción endémica en los gastos de los dineros públicos en obras y adquisiciones con contratistas y proveedores donde se suelen inflar costos; que en este tipo de corruptelas se han tejido  redes de complicidad con algunos empresarios que también aportan recursos a cambio de mantener privilegios de negocios; tampoco se descarta que haya dinero de procedencia ilegal (piense por ejemplo en los decomisos de dinero de delincuentes del crimen organizado y otras variantes relacionadas al mismo). Todas estas fuentes de financiamiento son posibilidades plausibles.

 Desde luego que nadie está diciendo que todos los que votaron por el PRI fueron comprados con dinero en efectivo, con monederos virtuales, prebendas, etc. Para nada, muchos otros fueron amenazados con retirarles apoyos diversos de los programas sociales si perdía el PRI; otros solo necesitaron promesas de un empleo; a los burócratas de los gobiernos estatales y municipales donde gobierna el PRI los amedrentaron y coaccionaron con represalias laborales como por ejemplo no recontratarlos si son eventuales o escamotearles sus derechos si son de base; y desde luego, hubo quienes votaron por el PRI por otras razones ajenas a la coacción: por inercia (“mi familia siempre vota por el PRI”), por irse a la cargada  inducidos por los medios y las encuestas decían que iba a ganar Peña por un amplísimo margen, por conveniencias personales (aviadurías, chayotes, sueldos altos, etc.), por frivolidades (“porque Peña está guapo”), por masoquismo (víctimas apoyando a sus verdugos) y hasta por convicciones auténticas (aunque sean difíciles de admitir).

 Pero la inducción y coacción del voto, junto con la compra del mismo, fueron lo determinante, principalmente esto último. En el SNTE por ejemplo, me contaron algunos maestros conocidos míos, que un enviado del sindicato los abordaba en sus centros de trabajo y les pedía que se involucraran en actividades de promoción de los candidatos del PRI: “No es obligatorio -les decían- pero el sindicato tomará en cuenta su apoyo”. Resulta ocioso explicar el sentido de esta frase. Aparte de ir de puerta en puerta o agitar banderolas en una esquina haciendo el ridículo en actividades proselitistas ajenas a sus funciones, les pedían listas de 10 votantes para el PRI. En otro caso que conocí y que fue una práctica generalizada, a una amiga mía (abogada), se le amenazó con despedirla del trabajo si no les proporcionaba una lista de 10 votantes seguros (lo que incluía copias fotostáticas de la credencial de elector). Ella creyó que saldría al paso apoyándose entre familiares y amigos quienes le hicieron el favor de prestarse simuladamente, pero no contaba con esa lista sería verificada por otra persona del PRI que se dio cuenta que la mayoría de esa lista votarían por otra opción, lo que le valió una reprimenda y se le obligó de nuevo a juntar los 10 votos “auténticos” para el PRI. Para verificar estas listas por cierto, lo que hacían era fingir una encuesta domiciliaria, preguntaban tu nombre y tu preferencia electoral, y de ese modo sabían si el apoyo era real o no (aunque siempre cabía la posibilidad de mentirles si uno estaba alerta). Mi amiga no tiene base en su trabajo y es madre de varios hijos, de manera que no quiso arriesgarse a perder su empleo que es el sustento de su familia.

Del mismo modo se pueden ir añadiendo muchas otras formas ilegales e inmorales de apoyos que el PRI obtuvo de diversas instituciones públicas cuyos recursos materiales y humanos se utilizaron de manera patrimonialista en su campaña, mismas que desde luego no son detectadas o no se pueden comprobar. De este modo obtuvieron muchos brigadistas y activistas gratis, usaron teléfonos, computadoras, papelería, vehículos, etc., de muchas dependencias de gobierno también en forma gratuita, aunque lo de “gratuito” es un decir porque realmente estamos hablando  desvío de recursos públicos o peculado.

 Todas estas variedades de apoyos y fuentes de financiamiento juntas, acumulan un poder económico nada despreciable, aunado a las inducciones con encuestas copeteadas, comentaristas alcahuetes que se parapetaban en ellas para generar una percepción de invencibilidad de Peña Nieto y otras formas más de inequidad e iniquidad electoral que generaron ventajas desleales e ilegales a favor del PRI, amén de toda una serie de delitos electorales perpetrados impunemente ante la complacencia sospechosa de las autoridades electorales, sin olvidar el insólito crecimiento de las casillas rurales contrarias a las tendencias de población del país según el INEGI que señala que la inmigración del medio rural al urbano es una constante. Curiosamente en las zonas rurales Peña Nieto salió favorecido, mientras que en el medio urbano le fue más desfavorable.

En suma, las condiciones de posibilidad de unos comicios democráticos fueron inexistentes de tal forma que una cantidad importante de personas que votaron por el PRI no ejercieron su sufragio de manera libre sino coaccionada de una u otra manera. No creo ni por asomo que el PRI pueda tener éxitos electorales sin usar grandes cantidades de dinero y sin contar con una impunidad plena. La asombrosa maquinaria electoral que despliega el PRI con una enorme eficacia, tiene por consiguiente como mecanismo fundamental el empleo de dinero a raudales e impunidad absoluta para violar las reglas del juego democrático. Así las cosas, podemos imaginar para la siguiente “contienda” la aplicación de esta misma estrategia electoral pero ahora con el PRI en el gobierno federal. Llegamos al absurdo de que podemos tener votaciones sin democracia porque como en los viejos tiempos del PRI avasallante, el pueblo vota pero no elije. Nada de esto debe soslayar sin embargo las limitaciones de los partidos y dirigentes de izquierda cuyas prácticas de corrupción en sus partidos y en sus gobiernos se asemejan mucho a las del PRI, lo que impide que muchos electores los vean como una alternativa de cambio válida y deseable. En este punto que está más a nuestro alcance, se tendrá que trabajar sin dilación con gran sentido autocrítico, esto es, una vez consumada la imposición que independientemente del esfuerzo que se haga por limpiar las elecciones, se dará por desgracia.

Ricardo Luque - El proyecto hidroeléctrico Las Cruces a discusión

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces a discusión

César Ricardo Luque Santana

El día lunes 18 de junio en la localidad de Ruíz, Nayarit, justamente en el edificio anexo a la presidencia municipal conocido como “Mesón de los Deportes”, se llevó a cabo un interesante Foro de Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, cuya convocatoria lanzada por la fracción parlamentaria del PRD atrajo a unas 200 personas, entre funcionarios del gobierno federal de la SEMARNAP, CONAGUA, CFE, diputados del Congreso local de todos los partidos políticos como el panista Santos Rentería de la Cruz (del distrito VI que abarca El Nayar y La Yesca), el priista Alejandro Tapia (diputado por el distrito XVI de Rosamorada y Ruiz), la del verde ecologista Leonor Naya y desde luego los propios legisladores del PRD Lolita Porras y Miguel Ángel Arce Montiel. También fueron invitados los presidentes municipales de Rosamorada, Ruíz, Tuxpan y Santiago, presentándose sólo el de este último municipio (Pavel Jarero) quien además participó con una ponencia. Los demás alcaldes se disculparon por no asistir aduciendo en algunos casos compromisos previamente contraídos y en otros cancelaron de última hora su asistencia, enviando en algunos casos una representación, como ocurrió con el anfitrión Librado Casas donde la sindico municipal representó al edil. Asimismo, se dieron cita gente de organizaciones ambientalistas, investigadores de la UAN y ciudadanos de diversos puntos de la entidad, destacando la participación en el debate de los miembros del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro.

 La discusión comenzó alrededor de las 11 de la mañana y terminó 3 horas y media después, luego de 27 ponencias en pro y en contra de la construcción de la presa Las Cruces, predominando las voces en contra de la misma sobre aquellas que se declararon a favor, mientras algunas otras manifestaron posturas intermedias señalando que estaban meditando las ventajas y desventajas de un megaproyecto como el mencionado para ponerlas luego en la balanza y tomar un decisión más informada. Esto último fue el caso de un par de ciudadanos que evidentemente no están todavía lo suficientemente empapados en el tema, si bien todos los ponentes admitieron que no hay información completa y oportuna de parte de las instancias del gobierno federal involucradas en este asunto, mismas que se limitaron a señalar que el estudio de impacto ambiental, social y técnico está aún en proceso.

 Resulta desde luego imposible presentar en un espacio como este un resumen de cada ponencia -algunas por cierto muy destacadas- pero en su lugar se hará una descripción sumaria de las posturas en pugna y posteriormente en You Tube se subirán gradualmente de manera completa las ponencias más significativas de unos y otros para que los interesados en este debate tengan elementos de juicio para formarse su propia opinión, asuman una postura determinada y actúen en consecuencia. La información veraz y oportuna es sin duda una herramienta indispensable para tomar partido en estos temas tan trascendentes, pero también lo son las valoraciones preliminares y las proyecciones de escenarios con base científica y otros criterios también válidos que nos permitan comprender y dimensionar las consecuencias de un proyecto de este tipo, en el entendido de que es necesario que toda la información técnica, científica, social, cultural y ambiental, fluya de manera trasparente, en primer lugar, la proveniente de las instancias implicadas en el proyecto de la presa, mismas que deberán ser contrastadas o avaladas por instituciones de investigación independientes como las universidades públicas mexicanas. Hay que insistir que la información requerida no sólo es de orden técnico sino también social, cultural, económico, etc. También cabe agregar que en las ponencias que cuestionaron la viabilidad del proyecto hidroeléctrico, se planteó la posibilidad de encontrar alternativas de desarrollo social y energético mostrando con ello que no hay una actitud per se de confrontación con las autoridades e inversionistas privados, sino preocupaciones legítimas de los alcances que este proyecto puede tener en cuanto al daño al ecosistema de la región de la Cuenca del Río San Pedro y zonas aledañas que dependen de su cauce, así como la problemática de orden cultural (por ejemplo a los lugares sagrados de los pueblos originarios, en concreto los Coras) y los de tipo social como los desplazamientos de población o de comunidades enteras, el posible impacto económico negativo a los lugareños y el daño que se ocasionaría a las marismas nacionales que se suponen están protegidas por decreto presidencial, el cual de darse, impactaría más allá de lo meramente regional. En este sentido, la pura factibilidad técnica no es suficiente sin su viabilidad económica, social, cultural y ambiental, pues existe el riesgo -como resumió magistralmente el diputado Miguel Ángel Arce Montiel- de que se obtengan “beneficios efímeros” a cambio de “daños duraderos”.

 En las ponencias de los opositores al proyecto hidroeléctrico se esgrimieron diversos argumentos enfatizando el factor medioambiental que según ellos causaría un daño a todo un ecosistema con una flora y fauna única en algunos casos y esencial para la vida de muchas especies endémicas y migratorias. Preocupa sobremanera el eventual daño a las marismas nacionales de lo cual se tiene como referencia grande extensiones de manglar muerto provocado por el canal de Palmar de Cuautla donde el mar continúa ganando terreno ensalitrando las aguas que deberían de mezclarse proporcionalmente con agua dulce, y de paso, este exceso de salinización perjudica a las tierras de cultivo de manera severa dando al traste con la agricultura, entre otros perjuicios debido a los cambios drástico del pH o alcalinidad. A propósito de este aspecto relacionado con producción, se tiene documentado  los daños que las presas suelen provocar a los cultivos río abajo porque al embalsarse las aguas, se impiden el arrastre de sedimentos que nutren las tierras de cultivo las cuales se ven privadas de esos nutrientes quedando expuestas en algunos puntos a la salinización empobreciéndolas irremediablemente. Está asimismo el problema de los desplazamientos de pobladores y los diversos antecedentes negativos de las otras 3 presas del estado, a saber, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, donde los lugareños de esos respectivos lugares testimoniaron de que las promesas del gobierno nunca fueron cumplidas o lo hicieron a medias, y donde además, estudios científicos longitudinales de investigadores de la UAN, han demostrado que los daños ocasionados al medio ambiente fueron muy severos e imposibles de resarcir. Están también las preocupaciones de los pueblos originarios por la profanación de sus lugares sagrados y porque como dijo un huichol de La Yesca, se sienten extranjeros en sus propio territorio. Incluso hasta se cuestionó el nombre del Foro porque se dijo que no conocían los estudios de impacto ambiental y de otros tipo de la CFE, sino que solo se conocía la intención de hacer una cuarta presa y que en ese tenor, el Foro debía ser en defensa del Río San Pedro, entre otras muchas denuncias y análisis que como se mencionó oportunamente, resulta imposible resumir en un espacio como este.

 Del otro lado de la moneda, hubo posturas como se dijo intermedias de algunos ciudadanos de los municipios que probablemente ente serían afectados en caso de la construcción de la presa Las Cruces, otras relativamente neutrales de las instancias federales que hablan de que todo está en stand by, que se está en la etapa de los estudios, que hay voluntad por escuchar todas las voces, de conciliar todos los intereses, de tomar en cuenta todos los aspectos del proyecto de manera integral, etc. Hubo también algunas posturas que se pronunciaron a rajatabla por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, desdeñando los argumentos de los opositores, insistiendo en los beneficios económicos a corto plazo, magnificando la “derrama económica” como suelen decir, que según su perspectiva equivale a una prosperidad para todos o la mayoría. La cuestión económica, idealizada, presentada sin ponderaciones, se puso por encima de cualquier objeción ambiental, cultural, etc., incluso en algunas intervenciones se esgrimieron argumentos pedestres menospreciando las secuelas negativas que una obra de esa magnitud pudiera acarrear. Creo que nada mejor que compartir en Internet los argumentos de promotores y detractores para hacer una valoración personal, sin mediaciones sesgadas de ninguna especie.

 Finalmente, lo importante en sí mismo fue la realización de ese encuentro plural, la oportunidad de utilizar estos espacios de diálogo y debate para confrontar posturas, para valorar argumentos, dejar claro de que ningún proyecto va sin tomarle parecer a todos los directa e indirectamente afectados, pero sobre todo, poner de relieve que no se trata solamente de que existan condiciones naturales, capacidad técnica de ingeniería y un supuesto beneficio económico que está por demostrarse que sea para todos y que además no resulte contraproducente por el daño que podría ocasionar a uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Hay que ver si el costo ambiental cultural y social justifica un proyecto de esa envergadura, pues como dijo lapidariamente un joven en su ponencia, al parecer “somos gigantes de la tecnología, pero enanos en lo social”. Ojalá que este Foro sea el disparador que desencadene otros foros y otros medios y mecanismo de información y discusión, los cuales  que en una sociedad democrática son un requisito insoslayable.

 

Ricardo Luque - El corporativismo sindical priista en época de elecciones

El corporativismo sindical priista en época de elecciones

 

César Ricardo Luque Santana

Ha trascendido la presión que los charros sindicales del SNTE ejercen sobre los maestros de educación básica del Estado de Nayarit a quienes obligan a hacer proselitismo para Peña Nieto visitando casa por casa para identificar a quienes van votar por él o por otros candidatos. Un operador del cacique magisterial los reúne en la escuela y les dice que el sindicato les pide ese apoyo y les enfatiza que es no es obligatorio pero que tomaran nota de aquellos que los apoyen. Al buen entendedor pocas palabras. Lo triste es que la mayoría de los profesores sucumben a esta presión burda aunque aparente no serlo, pues saben que sus demandas o requerimientos de más horas o cualquier otra prestación no prosperarán sin el consentimiento del sindicato y que incluso se puede ver obstruida. La antidemocracia interna del sindicato hace que los profesores estén vulnerables hacia este tipo de medidas fascistas, tal como sucede con otras organizaciones paralelas como la FEUAN y otras que hacen un uso discrecional de los recursos públicos que las autoridades indebidamente ponen en manos de dirigentes corruptos.

 Los sindicatos patronales como el SNTE y otros vinculados orgánicamente al PRI -a veces en forma solapada porque formalmente se asumen como plurales- no son realmente independientes ni tienen una vida interna democrática, sino que constituyen verdaderas mafias cuya existencia e impunidad se debe a la estrecha relación que mantienen  con los gobiernos en turno emanados del PRI o del PAN. Sin este apoyo de arriba, estos dirigentes espurios, corruptos y represores, no podrían utilizar los sindicatos como sus feudos puesto que sus condiciones de posibilidad serían nulas. Al no tener un respaldo político ni económico de los gobernantes, este tipo de dirigentes no podrían mantener el férreo control que tienen sobre los trabajadores quienes de manera individual no pueden desafiarlos ya que enfrentarlos a ellos es enfrentar al gobierno.

 Los usos patrimonialistas y facciosos de los sindicatos y otras organizaciones priistas (abiertos o disfrazados), solo pueden romperse con la decisión de los maestros de hacer valer sus derechos constitucionales y contractuales mediante la organización y la lucha, pero podrían potenciarse si al mismo tiempo estos dirigentes corruptos no cuentan con apoyo de autoridades que los solapen. En el primer caso, los maestros deben entender que es poco el daño que les pueden hacer sus dirigentes, aunque la libertad siempre implica pagar un precio, de ahí el miedo a la libertad de algunos porque ser libres implicas asumir ciertos riesgos y costos; lo otro es la importancia de contar con gobernantes de vocación democrática que sin irrespetar la autonomía sindical (incluso tratándose de sindicatos corruptos), deben dejar que los trabajadores por sí mismos se liberen de sus verdugos. La única ayuda válida es dejar de solapar las actividades ilícitas de esos dirigentes y no permitirles que todo aquello que sea facultad del Estado o las autoridades, lo manejen dichos dirigentes. Se debe avanzar también legalmente en obligarlos a rendir cuentas de las cuotas sindicales y en ceñirse a procedimientos democráticos de elección de dirigentes. Estas últimas tareas deben correr a cargo de los legisladores.

 El descrédito de los maestros promovido desde arriba  por las elites del poder para incentivar la privatización de la educación, impedir que se construya un sindicato de maestros realmente independiente que eventualmente se ligue a las luchas populares y su empecinamiento  por imponer un “modelo” educativo al gusto de los grandes capitalistas donde las personas no cuentan como tales sino meros “recursos” a los que hay que medir por su rentabilidad, son parte de una estrategia integral que a la vez que busca domesticar a los trabajadores para que acepten condiciones de trabajo cada vez más adversas, les permite esparcir desde la educación a la población una ideología proclive al capitalismo depredador donde la educación deja de ser un derecho y un motor de ascenso social, para convertirse en una mercancía y en una forma de ganar la lucha por la subjetividad inculcando una mentalidad de servidumbre voluntaria a las personas de tal suerte que crean que los intereses de sus victimarios son los mismos de ellos. Los problemas de las evaluaciones al magisterio que han servido no para mejorar la docencia y elevar la calidad educativa como se dice en el discurso, ha servido para denostarlos socialmente sin reparar que las deficiencias de formación de los maestros son responsabilidad del Estado. Esto significa que el gobierno escupe para arriba. Las prácticas de heredar plazas de padres a hijos es también utilizado por los propagandistas del gobierno para golpear a los maestros cuidándose de señalar a los dirigentes corruptos que venden plazas. Estos dos últimos puntos han sido abordados recientemente por un artículo de mi hermano el maestro Fausto Luque y quiero traerlo a colación por la claridad con la que aborda estos espinosos asuntos:

 Respecto a la negativa de algunos profesores ala evaluación universal (tanto de la disidencia magisterial como del oficialismo) Fausto Luque nos dice lo siguiente: “… el rechazo de muchos maestros a [la] evaluación [es] válido en ciertos aspectos, […] es necesario señalar asimismo que los maestros no nos negamos a ser evaluados y de hecho todos los que somos asalariados del Estado debemos rendir cuentas a los contribuyentes sobre nuestro desempeño.” Más importante  aún es la reflexión que hace sobre la herencia y venta de plazas: “tampoco me parece éticamente incorrecto transferir las plazas a nuestros descendientes directos siempre y cuando tengan los perfiles idóneos y se cumpla una normatividad institucional de manera que no se violen derechos de terceros. No se trata en este punto de una herencia a la manera de un patrimonio físico como un bien inmueble, sino de un trato preferencial entendido como una conquista laboral sana que por cierto ocurre en otras instituciones públicas y que desde luego debe ser regulada para evitar perjuicios. Lo que no se vale es que un sujeto enquistado en el poder sindical [en este caso Liberato Montenegro Villa y otros dirigentes corruptos], maneje a su antojo las plazas de los maestros incurriendo en un tráfico inmoral e ilegal de las mismas.” El resto de su análisis no tiene desperdicio: “lo que molesta a los maestros que honestamente hacen su chamba, es que su sindicato, que debe ser un instrumento de lucha que defienda sus intereses y los de la educación de los mexicanos porque ambos no están reñidos entre sí, sea en la práctica una instancia que está secuestrada por un grupo de bribones los cuales constantemente utilizan contra su voluntad a los maestros en actividades políticas que solo benefician al cacique y a su mafia. Admito desde luego que habrá profesores sin dignidad que no les molesta actuar servilmente con el cacique para congraciarse con él buscando prebendas en vez de ganarse ascensos de manera honesta e institucional a través de las mejoras en su formación y desempeño profesional, mismas que deben abonar o traducirse en resultados positivos en la calidad educativa.” Hasta aquí la larga cita que pinta de cuerpo completo lo que significa esta mafia sindical.

 Enseguida me permito concluir este escrito con la siguiente reflexión donde en modo alguno deseo que se interprete que los colegas maestros son en sí mismos unos cobardes o una borregada, si bien existen personas indignas como se dijo en las últimas líneas del párrafo anterior que se bajan los pantalones (o las faldas) para ser acometidos por sus victimarios. Es verdad que muchos maestros y maestras se sienten obligados a realizar actividades extra-académicas como hacer proselitismo para un partido político para no verse perjudicarse en sus trabajos, pues legítimamente deben cuidar el sustento de sus familias. A ellos les digo que solo un cambio verdadero en la presidencia de la república pondrá fin a los cacicazgos sindicales y provocarán las condiciones de una democratización de los mismos para que nunca más sean humillados forzándolos a realizar actividades ajenas a su quehacer docente que solo benefician a una camarilla de mafiosos. A estos maestros que con un temor no infundado se pliegan a los caprichos y manoseos políticos de sus dirigentes abusivos, les afirmo categóricamente con un presidente como Andrés Manuel López Obrador este tipo de dirigentes facciosos y patrimonialistas no tendrán oportunidad de seguir haciendo sus fechorías amedrentando a los maestros ni podrán seguir medrando con los recursos de los trabajadores como si fueran suyos. Ojalá los maestros de Nayarit y México lo entiendan y despierten de su letargo aunque estén bajo presión de la mafia sindical que les obliga de un modo u otro a hacer proselitismo para el PRI y Peña Nieto. Este control corporativo se puede no obstante  romper a la de ya porque siempre hay espacios para obrar libremente, tanto en la consciencia propia donde nadie puede penetrar, como con la gente más cercana y de confianza de los maestros que son sus familiares y amigos íntimos, así como en las urnas donde la secrecía del voto les da la oportunidad de cobrar agravios y restaurar su dignidad ultrajada. Claro, si quieren ser libres.