Injusticia e impunidad
César Ricardo Luque Santana
A escasas semanas de realizar el Tianguis Turístico en la Riviera Nayarit, trascendió que los trabajadores del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) afiliados a la CROC aún no han recibido su aguinaldo, no obstante que continúan laborando normalmente. Esta noticia se dio a conocer luego que el diputado perredista Miguel Ángel Arce Montiel denunciara públicamente esta deplorable situación, además de haber realizado gestiones ante importantes funcionarios del “gobierno de la gente” (como se autonombran de acuerdo a la propaganda oficial), conminándoles a resolverla.
En la denuncia a los medios vertida por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD de la XXX Legislatura del Estado de Nayarit, se señala que el adeudo podría ascender actualmente a 4 millones de pesos, y al parecer, no obstante sus gestiones, nadie se ha dignado a darles una explicación a los trabajadores: ni el director del FIBBA Carlos Rosales Vega, ni el secretario de finanzas Siller, ni mucho menos el dirigente de la CROC (quienquiera que sea). En este sentido, los trabajadores no saben cuándo ni cómo empezaran a recibir su aguinaldo, mientras tanto, los preparativos para el mencionado Tianguis continúan viento en popa y los sufridos trabajadores siguen haciendo sus labores acostumbradas en parques y jardines, aseo público, alumbrado, agua potable, etc.
Por desgracia, esta situación no es aislada sino que otros trabajadores del estado la vienen padeciendo con despidos y escamoteos a sus derechos laborales, pagando las facturas del quebranto financiero cometido por la administración anterior la cual no ha sido llamada a cuentas a pesar de las múltiples evidencias de corrupción. El expediente fácil del gobierno de Roberto Sandoval ha sido hacer borrón y cuenta nueva aduciendo que no quiere “perder el tiempo” (sic), cuando su obligación legal y moral es la de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Las limitaciones presupuestales del gobierno del estado han estado siendo canalizando a la postergación de pagos a proveedores y trabajadores o a reducir el personal en varios centros de trabajo, como ocurrió recientemente en el Colegio de Bachilleres donde dejaron sin recontratar a dos centenares de profesores cargándoles el trabajo a menos profesores con el fin de “ahorrar” en salarios, perjudicando inevitablemente la calidad de los servicios educativos en las llamadas telepreparatorias, no obstante que legalmente se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.
“El gobierno de la gente” ha preferido cometer toda clase de injusticia hacia los trabajadores como resultado de una política de impunidad consistente en proteger a una banda de rapaces, que según algunas evidencias públicas, incurrieron en diversas prácticas de corrupción documentadas ampliamente por diferentes medios de la prensa local, provocando una enorme deuda económica que ha sido reconocida por propios y extraños, misma que ha causado muchos problemas al funcionamiento del gobierno amenazando la viabilidad del mismo.
Bajo esta tónica de no tocar a ningún funcionario de la administración anterior, se han tratado de resarcir algunos de los daños cometidos evitando las consecuencias penales y la recuperación de los dineros desviados sin explicación alguna. El caso de los dineros no entregados a la Universidad Autónoma de Nayarit o de las becas a estudiantes, son ejemplos de la manera irregular y cuestionable como el “gobierno de la gente” ha pretendido resolver las cosas. En efecto, una vez que han reconocido el problema, han convenido con los afectados hacerles una reposición de sus dineros a cuentagotas, pero de nuevo, asumiendo una negativa tozuda a fincar responsabilidades contra quienes presuntamente causaron la crisis financiera a las arcas públicas.
Estas políticas de impunidad para unos cuantos saqueadores y de injusticia para los trabajadores, ofenden a la sociedad nayarita y deslegitiman al gobierno que actúa como cómplice de los malos manejos que se hicieron de los recursos públicos, y es probable que tenga un costo político para el partido en el gobierno en estas próximas elecciones.
