Ricardo Luque - Hacia una democracia participativa

Hacia una democracia participativa

César Ricardo Luque Santana

El día 21 de agosto del presente año y en el marco de la primera plenaria del segundo período de sesiones del Congreso del Estado de Nayarit, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel presentó al pleno su iniciativa de Ley de Participación Ciudadana cuya Exposición de Motivos leyó en tribuna, turnándose luego el documento completo a la comisión correspondiente para su análisis, discusión y eventual aprobación en dicha instancia, para de ahí retornar de nuevo al pleno para su aprobación definitiva, en caso de que así ocurra, con las modificaciones que en ese proceso pudieran darse.

 Haciendo un poco de historia, los antecedentes de este tipo de iniciativas en este espacio legislativo son la que presentó el entonces gobernador Antonio Echeverría Domínguez (2003) y el ex diputado perredista Jesús Castañeda Tejeda (2009), respectivamente. La diferencia con la actual iniciativa es que durante el sexenio de Ney González (hacia el final de su mandato), algunas figuras de participación ciudadana se elevaron a rango constitucional, a saber: plebiscito,  referéndum e iniciativa popular; de manera que la creación de una ley reglamentaria se volvió una necesidad imperiosa, pues de otro modo estos derechos ciudadanos quedaría como letra muerta. Así entonces, este proyecto constituía una materia pendiente de urgente resolución para la actual legislatura, cuya concreción dotará a la sociedad de un nuevo instrumento jurídico y político para incidir en la vida política del estado sin depender directamente de los partidos políticos ni de sus representantes populares.

 A continuación, aunque de manera sumaria, presentaré los puntos esenciales de la Exposición de Motivos leída en tribuna por el legislador perredista, dejando para otras entregas el desglose de la iniciativa como tal, de modo que los ciudadanos sepan en qué consiste cada figura, cuáles son sus objetivos, causales, requerimientos, procedimientos y sus alcances, no sin antes señalar que quienes deseen el documento completo me lo pueden solicitar mediante el correo electrónico preferentemente.

 

En principio, la pertinencia de la democracia participativa como complemento de la democracia representativa, parte del reconocimiento de la crisis de esta última que pese al advenimiento del pluralismo político -luego de siete décadas de monopolio de un sólo partido-  ha quedado a deber a los ciudadanos respecto a las expectativas de una alternancia que significara la superación de los vicios del ancien régime, malográndose la transición a la democracia al desvirtuar ésta a una partidocracia que ha terminado secuestrando las aspiraciones de cambio verdadero incurriendo en un “cambio” simulado, al grado de que el voto de los ciudadanos en las diversas elecciones constitucionales se ha tornado en la práctica en un cheque en blanco para la clase política.

La fundamentación de esta iniciativa se cuida sin embargo de la pretensión de suplantar a la democracia representativa  por la democracia participativa  o participación ciudadana, enfatizando su papel complementario (que no suplementario), al mismo tiempo que advierte que tampoco se trata de una panacea, sino de un instrumento democrático que requiere de una reglamentación precisa que evite distorsiones y usos ilegítimos del mismo. Asimismo, la Exposición de Motivos hace una distinción entre las distintas formas de participación política especificando la que corresponde a la participación ciudadana. El esclarecimiento de la naturaleza de la participación ciudadana y su relación con la democracia representativa, es importante porque alrededor de la democracia participativa se han tejido algunos mitos e idealizaciones, al mismo tiempo que se ha caído en una confusión conceptual que lejos de contribuir a su entendimiento y florecimiento, introducen elementos extraños que generan una adulteración, al grado de distorsionar la intención de empoderamiento de la sociedad con una forma encubierta de privatización de la política, en vez de concebirla más sustancialmente como una socialización del poder. En este sentido, los grupos conservadores tienden a resignificar mañosamente los conceptos de democracia, libertad y otros para encauzar la participación ciudadana en un sentido privatizador, usurpando mediante asociaciones civiles camufladas al servicio de grupos de presión a la llamada sociedad civil. Esta tentativa reaccionaria de las derechas resulta  en sí misma aberrante o contra natura, porque el poder y la política son por definición asuntos de interés público.

El texto mencionado hace referencia también a la existencia de la participación ciudadana en otros ámbitos como el municipal y el federal, ponderando sus alcances y señalando sus limitaciones, la cual a veces no se debe a la falta de instrumentos jurídicos sino a la ausencia de vocación democrática de los gobernantes, como sucede marcadamente en el ámbito municipal que es el más propicio para la participación ciudadana dada la naturaleza colegida de su forma de gobierno y a la cercanía entre gobernantes y gobernados. Este último señalamiento me parece significativo porque en efecto, la democracia participativa necesita una base jurídica que le dé certidumbre y legitimidad, pero en sí misma es insuficiente si no existe una cultura política democrática de la población y una vocación democrática auténtica en las autoridades. No obstante, es necesario que la ley de participación ciudadana sea lo más precisa y clara posible en sus reglas de operación y en sus objetivos. En este sentido, debe garantizar la imparcialidad de la instancia encargada de llevar a cabo algún procedimiento impulsado por los ciudadanos (en este caso el Consejo Estatal Electoral), dando condiciones de equidad a las partes en pugna ante un tema concreto, de manera que los ciudadanos puedan tomar decisiones de manera informada y con plena libertad.

Para finalizar, no menos importante resulta la alusión al concepto de soberanía tan vapuleada por los embates del neoliberalismo. De esta manera, la soberanía, que reside en el pueblo, retoma o refuerza su papel de salvaguarda de los intereses colectivos suplantados por una banda de bribones empecinados en saquear y vender el país y nuestro estado como si fuera feria de pueblo a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin importarles los daños al medio ambiente, la supresión de derechos labores, el socavamiento de los derechos humanos, y en sí, el poner en riesgo la viabilidad del país como nación independiente permitiéndoles que se apropien de nuestras riquezas naturales con total impunidad. Sin duda, la participación ciudadana en cierto modo permite recuperar la soberanía del pueblo dándole armas jurídicas para defender los bienes públicos y el bienestar de la sociedad sometida a políticas de mercado que lo único que han provocado es un profundo deterioro del tejido social expresado en un Estado fallido. Asimismo, insistiendo en su papel de complemento y equilibrio de la democracia representativa -mas no su sucedáneo- la democracia participativa permite una relación más horizontal entre autoridades y ciudadanos, al mismo tiempo que abona a una forma de relación sana entre ambos, ajeno al envilecimiento que han provocado las prácticas clientelares, el corporativismo, el tráfico de favores, etc., cuyas consecuencias han sido perpetuar un autoritarismo apenas simulado en un afán de sostener contra viento y marea un “modelo” de economía neoliberal altamente depredador.

 

luque2009@gmail.com