La otra violencia
César Ricardo Luque Santana
Mucho se ha estado escribiendo y comentando últimamente en nuestro entorno social acerca de la violencia, particularmente a partir de la violencia generada por el crimen organizado vinculado a los cárteles de las drogas que se disputan entre sí las plazas para sus actividades ilícitas, y entre éstos y las fuerzas del orden público que tratan de someterlos.
La vida apacible de ciudades como Tepic, normalmente ajena a este tipo de situaciones, de pronto se ha vuelto inmersa en un clima de inseguridad, lo que ha constituido no sólo una problemática que periodistas e intelectuales han estado analizando puntualmente, sino que también es la comidilla de la población en todos sus niveles.
La preocupación por esta violencia que genera una zozobra donde todo mundo se haya expuesto de un modo u otro a sufrir sus consecuencias, es sin duda legítima. La irrupción de la misma en nuestras calles ha sido tan constante y agresiva, que no es posible ignorarla, sobre todo cuando miramos hacia otras entidades donde sin duda los grupos criminales no sólo han rebasado a las autoridades, sino que actúan con un salvajismo escalofriante.
Pero como bien observa el profesor Severiano Ocegueda en una disertación de video en el espacio del periodista Oscar González Bonilla, “Nayarit Altivo.com” (ver www.nayaritaltivo.com), la violencia estructural y la barbarie institucionalizada que ejerce el capitalismo todos los días contra la mayoría de la población, tiende a pasar desapercibida. Es necesario por tanto retomar este enfoque planteado por el profesor Ocegueda en su alocución respecto a este tipo de violencia, menos visible o más sutil según se quiera, pero que igual lacera a la sociedad y es en gran medida la base de la otra violencia, la más ostensible y atemorizante, que es la ligada a las actividades de los grupos criminales señalados al inicio de este escrito.
Se podría intentar un acercamiento más amplio y profundo respecto al tópico de la violencia partiendo de su conceptualización. La definición etimológica del vocablo “violencia” se compone de dos palabras: “vis” y “lentus”, que significan respectivamente “fuerza” y “lento o lentamente”, lo que en una traducción más libre, ésta última denota “duración” o “continuidad”. En consecuencia, violencia es un poder que se ejerce con base en la fuerza, de manera que alguien sometido por la violencia, no actúa conforme a su voluntad. De esto se desprende que la violencia no siempre es visible pues habitualmente se tiende a asociarla con balazos, golpes, torturas, etc., es decir, formas de realizar daños físicos a las personas e incluso a las cosas. En el primer caso, las evidencias serían la existencia de sangre, moretones, cadáveres, etc.; en el segundo, la destrucción de vehículos, edificios, etc.
En los casos de violencia doméstica, se habla de una violencia psicológica que generalmente infringe el hombre machista a la mujer, una violencia verbal que seguramente va acompañada en ocasiones de violencia física. La primera es –aunque en forma diferente- una forma de violencia que incluso puede ocasionar heridas más difíciles de curar. La violencia psicológica o verbal es también violencia porque implica un sometimiento a la fuerza, pues la intimidación o la amenaza tienen el mismo efecto que la agresión física en sí, toda vez que la víctima tiene la certeza absoluta que su abusador si es capaz de lastimarla efectivamente.
En esta perspectiva, podemos señalar un repertorio muy amplio de la otra violencia, la que ejerce el capitalismo neoliberal contra la mayoría de la población, violencia social que como la violencia psicológica, es también invisible, pero que se expresa o se percibe de un modo más sutil porque se encuentra no sólo legitimada culturalmente sino también legalizada institucionalmente, pues por ejemplo, la mayoría de las personas perciben que la injusticia social es natural o dada, lo cual ocurre porque las ideas dominantes son -como decía Marx- las de la clase dominante, lo que significa que la subjetividad de la mayoría de las personas ha sido controlada por ésta, a partir de una serie de mediaciones y mediatizaciones como las ejercidas tradicionalmente por la religión, y modernamente por los medios masivos de comunicación, entre otros muchos agentes (la escuela, etc.), cuyas practicas reproducen constantemente el orden social existente.
En este sentido, hay violencia cuando se es pobre o desempleado, cuando el sistema priva a alguien de lo más elemental y encima lo hace responsable de su mala situación, eximiendo al mismo tiempo al modelo económico prevaleciente de toda responsabilidad. Hay violencia cuando se obliga a un empleado o empleada que labora como cajero en un centro comercial, a permanecer de pie 8 ó 10 horas al día; o cuando a las personas que ingresan a un trabajo, se les obliga a firmar en blanco un papel que será usado para “renunciarlo” cuando al patrón le convenga, escamoteándoles con ello sus derechos laborales; o cuando a una mujer embarazada se le despide del trabajo por ese sólo hecho (aunque la ley lo prohíbe), etc.
Hay violencia institucional con los atracos de cuello blanco como el Fobaproa, donde las quiebras de los grandes empresarios –la mayoría de ellas fraudulentas- son pagadas por los contribuyentes recortando el gasto público para sufragar deudas privadas; mientras que en contraste, las deudas de la gente común no son perdonadas en modo alguno, sino que se les añade el anatocismo. Los abusos constantes de banqueros, empresas de telefonía celular, etc., contra sus clientes, también son formas de violencia porque se actúa siempre unilateralmente a favor de los que más tienen en detrimento de los que menos tienen.
Hay violencia también en muchas de las canciones de la llamada “música banda”, no sólo por la manifiesta apología del delito de los narcocorridos, sino por las ofensas constantes a las mujeres reducidas a objetos sexuales. Los constantes mensajes de machismo, misoginia, homofobia, etc., de muchos programas de televisión dedicados a las frivolidades, donde el doble sentido, la morbosidad sexual y lenguaje soez, refuerzan y reproducen prejuicios y antivalores, que a su vez se traducen en formas de violencia verbal y física, también están en esta tesitura.
Hay violencia asimismo cuando las autoridades que deberían de proteger a los grupos sociales más vulnerables son los primeros en abusar de ellos, como cuando se les expropian tierras a los campesinos para hacer presas, carreteras, aeropuertos, etc., y luego se les escamotea su indemnización; o cuando se despoja de sus tierras en playas a pescadores mediante engaños o represión para revenderlas más caras a extranjeros millonarios, privatizando de paso las playas mismas.
De todas estas formas de violencia se habla poco o nada por olvido, ignorancia o complicidad. Pero sobre todo, porque hay una concepción errónea que tiende a ver el modelo económico neoliberal como natural y no como lo que es, una construcción social con un sesgo de clase. La crítica a la violencia criminal que se desentiende de la crítica social o la realiza de manera tangencial, es necesariamente limitada.
sábado, 13 de marzo de 2010
jueves, 11 de marzo de 2010
Atilio A. Boron - El diario El País y el caso Zapata. Cuba: el suicidio de un "disidente"
El diario El País y el caso Zapata
Cuba: el suicidio de un “disidente”
Atilio A. Boron
Rebelión
Haciendo una vez más gala de su proverbial falta de escrúpulos El País de Madrid informó en su edición digital del 27 de Febrero que “La disidencia cubana sigue movilizada por la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo.” Afirmación tan rotunda como falsa cuya intención no es otra que la de llevar agua para el molino de la permanente campaña de ataques y agresiones contra la Revolución Cubana y alimentar los prejuicios de una gran parte de los lectores de ese periódico que no siempre tienen tiempo, posibilidad o interés en corroborar la veracidad de las informaciones que les proporcionan los grandes medios de comunicación.
Afortunadamente, una oportuna nota publicada por el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez permite echar luz sobre este penoso episodio y desmontar la mentira urdida por el periódico madrileño. (http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/02/26/orlando-zapata-tamayo-la-muerte-util-de-la-contrarrevolucion/). En ella se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; por eso nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003, reemplazada a causa de sus serios vicios y su manifiesta arbitrariedad al servicio de los intereses de los Estados Unidos por el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que un “prisionero de conciencia” cuya identificación con el proyecto político lo llevó a inmolarse con tal de no traicionar sus ideas hubiera pasado desapercibido ante los atentos ojos de la Comisión?
La respuesta es bien simple: Zapata Tamayo, nos dice Ubieta Gómez, era un preso común cuyos problemas con la justicia comenzaron en 1988, es decir, quince años antes de la confección de la famosa lista. En su larga carrera delictiva fue procesado por "violación de domicilio" (1993), "lesiones menos graves" (2000), "estafa" (2000), "lesiones y tenencia de arma blanca" (2000: heridas y fractura de cráneo a una víctima utilizando un machete), "alteración del orden" y "desórdenes públicos" (2002), entre otras causas que, como puede observarse, nada tienen que ver con la protesta política y sí con delitos comunes. En un alarde de generosidad la justicia cubana dispuso que Zapata Tamayo fuese liberado bajo fianza el 9 de Marzo de 2003. Sin embargo, pocos días después reincidiría en sus delitos y sería detenido y condenado a tres años de prisión. Pero, en esta ocasión, su sentencia se fue extendiendo a causa de su agresiva conducta en la cárcel. Es precisamente en este marco cuando se produce su milagrosa metamorfosis: el maleante repetidamente encarcelado por la comisión de numerosos delitos comunes se convierte en un ardiente ciudadano que decide consagrar su vida a la promoción de la “libertad” y la “democracia” en Cuba. Astutamente reclutado por sectores de la “disidencia política” cubana, siempre deseosa de contar con un mártir en sus magras filas, se lo impulsó irresponsablemente y con total desprecio de su persona a llevar a cabo una huelga de hambre hasta el final, a cambio de quien sabe cuales promesas o contrapartidas de todo tipo que, seguramente, el paso del tiempo no tardará en aclarar.
El caso de esta víctima es aleccionador del talante moral de quienes pugnan por lograr el “cambio de régimen” en Cuba; también de la catadura moral de medios como El País, y otros similares, que ponen su inmenso poder mediático, formador y deformador de conciencias, al servicio de las más innobles causas. Nada dicen, por ejemplo, que la desgraciada vida del suicida fue vilmente manipulada por la “disidencia” y sus mandantes, que pretenden hacer pasar por un “preso de conciencia” a quien no fue otra cosa que un delincuente común. También ocultan que la sedicente “disidencia política” es, en realidad, algo bien distinto: el caballo de Troya de la anhelada reinstauración de la dominación imperialista en Cuba. “Disidentes” se les llama a quienes fueron filmados mientras recibían importantes sumas de dinero en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para financiar sus actividades subversivas de la constitución y las leyes de la república. Es decir, para trabajar conjuntamente con el gobierno de un país que hace medio siglo le ha declarado la guerra a Cuba, que mantiene contra esa isla un bloqueo criminal unánimemente condenado por la comunidad internacional y que ha hecho más de seiscientos intentos de asesinar al líder de la revolución cubana. ¿Cómo reaccionaría Washington si hoy sorprendiera a un grupo de sus ciudadanos recibiendo generosas sumas de dinero, equipos de comunicación y consejos prácticos acerca de cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Afganistán en Washington? ¿Hubiera considerado El País a esos subversivos como “disidentes políticos” o como traidores a su patria? Además, a diferencia de lo ocurrido con los mercenarios cubanos, lo más probable es que los estadounidenses hubieran sido inmediatamente ejecutados, acusados del infame delito de traición a la patria por su desembozada y antipatriótica colaboración con una potencia agresora. Por mucho menos que esto la “democracia norteamericana” envió a la silla eléctrica a los esposos Julius y Ethel Rosenberg en 1953 en un juicio (como el ahora perpetrado contra “los 5”) que fue una verdadera burla a la justicia.
Pero nada de eso ocurre en Cuba. Y nada de esto se informa a la opinión pública mundial. No hay en la isla cárceles secretas, ni legalización de la tortura, ni traslado de prisioneros para ser torturados en terceros países, ni desaparecidos, ni vuelos ilegales, ni detenciones arbitrarias sin plazos ni juicios y tantas otras prácticas que rutinariamente se llevan a cabo en las mazmorras estadounidenses y que son sistemáticamente silenciadas y ocultadas por la “prensa seria” cuya supuesta misión es informar. Para la prensa del imperio, como El País, todas estas son minucias sin importancia. Negocios son negocios y si hay que mentir se miente una y cien veces con la certeza que otorga la impunidad que le confiere la indefensión, la credulidad o la apatía de sus lectores, aletargados por la propaganda y cuidadosamente desinformados y embrutecidos por los grandes medios. En un luminoso pasaje de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx decía que, ante su orfandad, la contrarrevolución bonapartista extraía sus cuadros y sus héroes del lumpenproletariado de Paris. Lo mismo ocurre en nuestros días con los autoproclamados adalides de las libertades y la democracia en Cuba y sus compinches en la “prensa seria” internacional. Por eso, si es necesario decir que Barrabás era Jesucristo se dice. Y si hay que decir que Zapata Tamayo era un “prisionero de conciencia” también se dice y sanseacabó.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente: www.rebelion.org
Cuba: el suicidio de un “disidente”
Atilio A. Boron
Rebelión
Haciendo una vez más gala de su proverbial falta de escrúpulos El País de Madrid informó en su edición digital del 27 de Febrero que “La disidencia cubana sigue movilizada por la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo.” Afirmación tan rotunda como falsa cuya intención no es otra que la de llevar agua para el molino de la permanente campaña de ataques y agresiones contra la Revolución Cubana y alimentar los prejuicios de una gran parte de los lectores de ese periódico que no siempre tienen tiempo, posibilidad o interés en corroborar la veracidad de las informaciones que les proporcionan los grandes medios de comunicación.
Afortunadamente, una oportuna nota publicada por el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez permite echar luz sobre este penoso episodio y desmontar la mentira urdida por el periódico madrileño. (http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/02/26/orlando-zapata-tamayo-la-muerte-util-de-la-contrarrevolucion/). En ella se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; por eso nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003, reemplazada a causa de sus serios vicios y su manifiesta arbitrariedad al servicio de los intereses de los Estados Unidos por el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que un “prisionero de conciencia” cuya identificación con el proyecto político lo llevó a inmolarse con tal de no traicionar sus ideas hubiera pasado desapercibido ante los atentos ojos de la Comisión?
La respuesta es bien simple: Zapata Tamayo, nos dice Ubieta Gómez, era un preso común cuyos problemas con la justicia comenzaron en 1988, es decir, quince años antes de la confección de la famosa lista. En su larga carrera delictiva fue procesado por "violación de domicilio" (1993), "lesiones menos graves" (2000), "estafa" (2000), "lesiones y tenencia de arma blanca" (2000: heridas y fractura de cráneo a una víctima utilizando un machete), "alteración del orden" y "desórdenes públicos" (2002), entre otras causas que, como puede observarse, nada tienen que ver con la protesta política y sí con delitos comunes. En un alarde de generosidad la justicia cubana dispuso que Zapata Tamayo fuese liberado bajo fianza el 9 de Marzo de 2003. Sin embargo, pocos días después reincidiría en sus delitos y sería detenido y condenado a tres años de prisión. Pero, en esta ocasión, su sentencia se fue extendiendo a causa de su agresiva conducta en la cárcel. Es precisamente en este marco cuando se produce su milagrosa metamorfosis: el maleante repetidamente encarcelado por la comisión de numerosos delitos comunes se convierte en un ardiente ciudadano que decide consagrar su vida a la promoción de la “libertad” y la “democracia” en Cuba. Astutamente reclutado por sectores de la “disidencia política” cubana, siempre deseosa de contar con un mártir en sus magras filas, se lo impulsó irresponsablemente y con total desprecio de su persona a llevar a cabo una huelga de hambre hasta el final, a cambio de quien sabe cuales promesas o contrapartidas de todo tipo que, seguramente, el paso del tiempo no tardará en aclarar.
El caso de esta víctima es aleccionador del talante moral de quienes pugnan por lograr el “cambio de régimen” en Cuba; también de la catadura moral de medios como El País, y otros similares, que ponen su inmenso poder mediático, formador y deformador de conciencias, al servicio de las más innobles causas. Nada dicen, por ejemplo, que la desgraciada vida del suicida fue vilmente manipulada por la “disidencia” y sus mandantes, que pretenden hacer pasar por un “preso de conciencia” a quien no fue otra cosa que un delincuente común. También ocultan que la sedicente “disidencia política” es, en realidad, algo bien distinto: el caballo de Troya de la anhelada reinstauración de la dominación imperialista en Cuba. “Disidentes” se les llama a quienes fueron filmados mientras recibían importantes sumas de dinero en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para financiar sus actividades subversivas de la constitución y las leyes de la república. Es decir, para trabajar conjuntamente con el gobierno de un país que hace medio siglo le ha declarado la guerra a Cuba, que mantiene contra esa isla un bloqueo criminal unánimemente condenado por la comunidad internacional y que ha hecho más de seiscientos intentos de asesinar al líder de la revolución cubana. ¿Cómo reaccionaría Washington si hoy sorprendiera a un grupo de sus ciudadanos recibiendo generosas sumas de dinero, equipos de comunicación y consejos prácticos acerca de cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Afganistán en Washington? ¿Hubiera considerado El País a esos subversivos como “disidentes políticos” o como traidores a su patria? Además, a diferencia de lo ocurrido con los mercenarios cubanos, lo más probable es que los estadounidenses hubieran sido inmediatamente ejecutados, acusados del infame delito de traición a la patria por su desembozada y antipatriótica colaboración con una potencia agresora. Por mucho menos que esto la “democracia norteamericana” envió a la silla eléctrica a los esposos Julius y Ethel Rosenberg en 1953 en un juicio (como el ahora perpetrado contra “los 5”) que fue una verdadera burla a la justicia.
Pero nada de eso ocurre en Cuba. Y nada de esto se informa a la opinión pública mundial. No hay en la isla cárceles secretas, ni legalización de la tortura, ni traslado de prisioneros para ser torturados en terceros países, ni desaparecidos, ni vuelos ilegales, ni detenciones arbitrarias sin plazos ni juicios y tantas otras prácticas que rutinariamente se llevan a cabo en las mazmorras estadounidenses y que son sistemáticamente silenciadas y ocultadas por la “prensa seria” cuya supuesta misión es informar. Para la prensa del imperio, como El País, todas estas son minucias sin importancia. Negocios son negocios y si hay que mentir se miente una y cien veces con la certeza que otorga la impunidad que le confiere la indefensión, la credulidad o la apatía de sus lectores, aletargados por la propaganda y cuidadosamente desinformados y embrutecidos por los grandes medios. En un luminoso pasaje de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx decía que, ante su orfandad, la contrarrevolución bonapartista extraía sus cuadros y sus héroes del lumpenproletariado de Paris. Lo mismo ocurre en nuestros días con los autoproclamados adalides de las libertades y la democracia en Cuba y sus compinches en la “prensa seria” internacional. Por eso, si es necesario decir que Barrabás era Jesucristo se dice. Y si hay que decir que Zapata Tamayo era un “prisionero de conciencia” también se dice y sanseacabó.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente: www.rebelion.org
lunes, 8 de marzo de 2010
El desprestigio de la política
El desprestigio de la política
César Ricardo Luque Santana
El reciente escándalo por la revelación pública del acuerdo tomado en lo “oscurito” entre el PRI y el PAN, donde los priístas canjearon con los panistas el compromiso de no hacer alianzas electorales en el estado de México (se entiende que con el PRD), a cambio de admitir los aumentos de impuestos contenidos en el paquete fiscal propuesto por Felipe Calderón a finales del año pasado, puso en evidencia una serie de perversidades de ambos partidos, a saber: la traición de los priístas a sus votantes (y a todos sus representados) mediante el apoyo al gobierno panista para aumentar los impuestos a cambio de conservar una plaza política y para proteger al gobernador Peña Nieto; la falta de escrúpulos de ambos representantes de dichos partidos; las mentiras, traiciones y marrullerías mutuas; y el intento de seguir engañando a todos los ciudadanos una vez revelados los hechos, en lugar de ofrecerles disculpas.
Las negociaciones entre los partidos para acordar políticas públicas y alianzas electorales no tienen en sí mismo nada de malo, de hecho son inevitables. Pero en una democracia se deberían hacer de cara a los ciudadanos, que se sepa oportuna y públicamente lo que quieren acordar y los términos de sus negociaciones, que sepamos todos cómo justifican los puntos acordados desde una perspectiva ética. Sin embargo, cuando lo que se negocia es de naturaleza inconfensable porque sólo sirve a sus propios intereses, o lo que es lo mismo, porque perjudica a los ciudadanos, es obvio que dichos convenios se tengan que hacer en forma secreta o clandestina, actuando como si fueran gangsters, en vez de comportarse como lo que se supone que son, entidades de interés público financiadas con dinero de los contribuyentes, razón suficiente para que moldearan su actos con transparencia, contribuyendo de ese modo a fortalecer la vida democrática del país.
El fallido convenio entre el PRI y el PAN, trató en esencia de que los primeros apoyaran a los panistas y su gobierno con la aprobación del paquete fiscal 2010 propuesto por éstos, a cambio de que el blanquiazul no hiciera una alianza con el PRD en el 2011 en el estado de México. ¿Qué ganaría cada uno y cuál sería el precio a pagar?
Para el PRI, cuya obsesión es recuperar la presidencia de México, es importante evitar un descalabro electoral en el 2011 en el estado de México, de manera que una eventual alianza electoral entre el PAN y PRD ahí, tendría que ser evitada a toda costa. Queda claro entonces que esta prioridad no sólo es por la gran cantidad de votos que aporta el estado de México en las elecciones federales, sino porque un tropiezo electoral en dicho estado significaría menguar también su mejor carta para la candidatura presidencial, el gobernador Enrique Peña Nieto, al cual han venido perfilando mediante una mercadotecnia simulada. Ahora bien, como el PRI le estaría pasando la factura al pueblo para que pagaran más impuestos, tenía que cubrir las apariencias tratando de el PAN cargara con esas medidas antipopulares, de ahí que en la votación del Senado para ratificar el paquete fiscal lesivo a los ciudadanos, los priístas se ausentaron en un número calculado para abstenerse de votar afirmativamente. Con ello, “cumplirían” de algún modo su palabra empeñada con los panistas sin ser exhibidos abiertamente como cómplices de ese latrocinio. Parafraseando a Hegel, echarían mano de “la astucia de la negociación”.
En cuanto al PAN y el gobierno federal cuyo fracaso es evidente para desgracia nuestra, era importante seguir cobrándole la factura de la crisis a los contribuyentes, mientras que aparentemente el estado de México bien valía una misa, pero la maniobra de los priístas en el senado les dio el pretexto perfecto para romper el acuerdo “chamaqueando” al PRI. No es la primera vez que los dizques “bisoños” panistas les juegan el dedo en la boca a los campeones del trinquete político, lo cual pone en entredicho eso de que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Seguramente los panistas pensaron que si el PRI hacía público el ignominioso acuerdo, también saldrían salpicados, lo que en teoría no les convendría hacer. Tal vez por eso, el señorito César Nava se atrevió a mentir abiertamente negando acuerdo alguno con el PRI, pero cuando este convenio salió a la luz pública, tuvo que reconocer que sí lo suscribió a nombre de su partido.
La falta de escrúpulos de panistas y priístas para timar a los ciudadanos con negociaciones turbias y sórdidas, queriendo hacer prevalecer sus intereses facciosos sobre los intereses de la sociedad, así como las traiciones, mentiras y chapucerías cometidos entre sí en su guerra de lodazal, no ha parado ahí, sino que han supuesto que los mexicanos somos ingenuos cuando desde el panismo, Gómez Mont y César Nava, han tratado de eximir de la vileza cometida en dicha negociación al presidente Calderón, diciendo que él no estaba enterado del inmoral acuerdo, y él mismo, siguiéndoles el juego, se hace el desentendido; mientras que desde el priísmo, el inefable Manlio F. Beltrones se hace el inocente diciendo que ni él, ni los senadores del PRI, sabía que existía dicho acuerdo. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que es imposible que estos personajes lleguen a desconocer este tipo de pactos, tanto por la posición política que ocupan como por sus truculentas historias personales.
Está claro entonces que este tipo negociaciones como la que protagonizaron el PRI y el PAN a espadas a la sociedad, con actitudes mezquinas y facciosas, salpicadas de mentiras y traiciones mutuas, representan una burla a los mexicanos, además de que no abona a favor de la democracia, sino que el desaseo de los políticos involucrados en la multimencionada negociación, refuerza el desprestigio de la política que en sí misma no es más que un instrumento necesario para resolver conflictos sociales. Asimismo, este escándalo da pie a la necesidad de analizar responsablemente, sin prejuicios, sin actitudes fundamentalistas o sectarias, pero con firmeza de principios y con profunda vocación democrática, la pertinencia de las alianzas electorales entre el PRD y el PAN, exigiendo que éstas no se ciñan a meros ejercicios de pragmatismo; y asimismo, la necesidad de una superación de la partidocracia que no implique la privatización o una falsa ciudadanización de la política. La discusión de la reforma política es sin duda el marco adecuado para discutir estos puntos en aras de construir una verdadera democracia que no esté secuestrada, ni por las burocracias partidistas, ni por los dueños del dinero.
César Ricardo Luque Santana
El reciente escándalo por la revelación pública del acuerdo tomado en lo “oscurito” entre el PRI y el PAN, donde los priístas canjearon con los panistas el compromiso de no hacer alianzas electorales en el estado de México (se entiende que con el PRD), a cambio de admitir los aumentos de impuestos contenidos en el paquete fiscal propuesto por Felipe Calderón a finales del año pasado, puso en evidencia una serie de perversidades de ambos partidos, a saber: la traición de los priístas a sus votantes (y a todos sus representados) mediante el apoyo al gobierno panista para aumentar los impuestos a cambio de conservar una plaza política y para proteger al gobernador Peña Nieto; la falta de escrúpulos de ambos representantes de dichos partidos; las mentiras, traiciones y marrullerías mutuas; y el intento de seguir engañando a todos los ciudadanos una vez revelados los hechos, en lugar de ofrecerles disculpas.
Las negociaciones entre los partidos para acordar políticas públicas y alianzas electorales no tienen en sí mismo nada de malo, de hecho son inevitables. Pero en una democracia se deberían hacer de cara a los ciudadanos, que se sepa oportuna y públicamente lo que quieren acordar y los términos de sus negociaciones, que sepamos todos cómo justifican los puntos acordados desde una perspectiva ética. Sin embargo, cuando lo que se negocia es de naturaleza inconfensable porque sólo sirve a sus propios intereses, o lo que es lo mismo, porque perjudica a los ciudadanos, es obvio que dichos convenios se tengan que hacer en forma secreta o clandestina, actuando como si fueran gangsters, en vez de comportarse como lo que se supone que son, entidades de interés público financiadas con dinero de los contribuyentes, razón suficiente para que moldearan su actos con transparencia, contribuyendo de ese modo a fortalecer la vida democrática del país.
El fallido convenio entre el PRI y el PAN, trató en esencia de que los primeros apoyaran a los panistas y su gobierno con la aprobación del paquete fiscal 2010 propuesto por éstos, a cambio de que el blanquiazul no hiciera una alianza con el PRD en el 2011 en el estado de México. ¿Qué ganaría cada uno y cuál sería el precio a pagar?
Para el PRI, cuya obsesión es recuperar la presidencia de México, es importante evitar un descalabro electoral en el 2011 en el estado de México, de manera que una eventual alianza electoral entre el PAN y PRD ahí, tendría que ser evitada a toda costa. Queda claro entonces que esta prioridad no sólo es por la gran cantidad de votos que aporta el estado de México en las elecciones federales, sino porque un tropiezo electoral en dicho estado significaría menguar también su mejor carta para la candidatura presidencial, el gobernador Enrique Peña Nieto, al cual han venido perfilando mediante una mercadotecnia simulada. Ahora bien, como el PRI le estaría pasando la factura al pueblo para que pagaran más impuestos, tenía que cubrir las apariencias tratando de el PAN cargara con esas medidas antipopulares, de ahí que en la votación del Senado para ratificar el paquete fiscal lesivo a los ciudadanos, los priístas se ausentaron en un número calculado para abstenerse de votar afirmativamente. Con ello, “cumplirían” de algún modo su palabra empeñada con los panistas sin ser exhibidos abiertamente como cómplices de ese latrocinio. Parafraseando a Hegel, echarían mano de “la astucia de la negociación”.
En cuanto al PAN y el gobierno federal cuyo fracaso es evidente para desgracia nuestra, era importante seguir cobrándole la factura de la crisis a los contribuyentes, mientras que aparentemente el estado de México bien valía una misa, pero la maniobra de los priístas en el senado les dio el pretexto perfecto para romper el acuerdo “chamaqueando” al PRI. No es la primera vez que los dizques “bisoños” panistas les juegan el dedo en la boca a los campeones del trinquete político, lo cual pone en entredicho eso de que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Seguramente los panistas pensaron que si el PRI hacía público el ignominioso acuerdo, también saldrían salpicados, lo que en teoría no les convendría hacer. Tal vez por eso, el señorito César Nava se atrevió a mentir abiertamente negando acuerdo alguno con el PRI, pero cuando este convenio salió a la luz pública, tuvo que reconocer que sí lo suscribió a nombre de su partido.
La falta de escrúpulos de panistas y priístas para timar a los ciudadanos con negociaciones turbias y sórdidas, queriendo hacer prevalecer sus intereses facciosos sobre los intereses de la sociedad, así como las traiciones, mentiras y chapucerías cometidos entre sí en su guerra de lodazal, no ha parado ahí, sino que han supuesto que los mexicanos somos ingenuos cuando desde el panismo, Gómez Mont y César Nava, han tratado de eximir de la vileza cometida en dicha negociación al presidente Calderón, diciendo que él no estaba enterado del inmoral acuerdo, y él mismo, siguiéndoles el juego, se hace el desentendido; mientras que desde el priísmo, el inefable Manlio F. Beltrones se hace el inocente diciendo que ni él, ni los senadores del PRI, sabía que existía dicho acuerdo. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que es imposible que estos personajes lleguen a desconocer este tipo de pactos, tanto por la posición política que ocupan como por sus truculentas historias personales.
Está claro entonces que este tipo negociaciones como la que protagonizaron el PRI y el PAN a espadas a la sociedad, con actitudes mezquinas y facciosas, salpicadas de mentiras y traiciones mutuas, representan una burla a los mexicanos, además de que no abona a favor de la democracia, sino que el desaseo de los políticos involucrados en la multimencionada negociación, refuerza el desprestigio de la política que en sí misma no es más que un instrumento necesario para resolver conflictos sociales. Asimismo, este escándalo da pie a la necesidad de analizar responsablemente, sin prejuicios, sin actitudes fundamentalistas o sectarias, pero con firmeza de principios y con profunda vocación democrática, la pertinencia de las alianzas electorales entre el PRD y el PAN, exigiendo que éstas no se ciñan a meros ejercicios de pragmatismo; y asimismo, la necesidad de una superación de la partidocracia que no implique la privatización o una falsa ciudadanización de la política. La discusión de la reforma política es sin duda el marco adecuado para discutir estos puntos en aras de construir una verdadera democracia que no esté secuestrada, ni por las burocracias partidistas, ni por los dueños del dinero.
domingo, 7 de marzo de 2010
Arnaldo Córdova - Los derechos políticos a los clérigos
Los derechos políticos a los clérigos
Arnaldo Córdova
La iniciativa que Pablo Gómez, senador por el PRD, ha presentado para que sea derogado el inciso e) del artículo 130, que restringe la libertad de expresión y de asociación con fines políticos de los ministros de los cultos, es un remanente de una tradición de los comunistas mexicanos de los años setenta que inspiró y los llevó a aceptarla como bandera de lucha Gilberto Rincón Gallardo. Los argumentos que esgrime el senador en su iniciativa son exactamente los mismos que elaboró desde un principio Rincón Gallardo. Lo digo porque se los escuché desde que Arnoldo Martínez Verdugo me lo presentó en algún momento de 1973 o 1974.
Estaba impresionado por los brotes de rebeldía que se estaban manifestando en la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano Segundo y, en particular, de los partidarios de la teología de la liberación. Cuando se fundó el Partido Socialista Unificado de México, del que fue dirigente Pablo Gómez, ellos impusieron por una amplia mayoría esa demanda política, que persistió en la transformación del partido en Partido Mexicano Socialista. Cuando se organizó el Partido de la Revolución Democrática, los cardenistas, que eran una abrumadora mayoría, rechazaron la idea y jamás se volvió a hablar de ella, hasta ahora en que lo hace Pablo Gómez.
Con posterioridad a la presentación de su iniciativa, Gómez ha abundado en sus razones y se pueden resumir en dos ideas muy generales: una, que como auténticos demócratas, no podemos negarle sus derechos políticos a ningún mexicano, sea cura o no; dos, que eso ya está en los regímenes constitucionales de todo el mundo. Esos argumentos yo se los oí a Rincón Gallardo. El verdadero Estado laico es aquél que, precisamente, resguarda y respeta los derechos, políticos y demás, de todo ciudadano. Parece contundente de verdad. Sobre todo, cuando se nos recuerda que somos de los muy pocos en el mundo que niegan esos derechos.
No sé con qué propósito el antiguo militante comunista presentó esa iniciativa, pero que ha tenido un éxito arrollador en todos los sectores de derecha, en primer término, la jerarquía católica y los panistas reaccionarios, así como los neopriístas, como Beltrones que, al parecer, ya prometió su apoyo irrestricto al perredista, resulta más que evidente. Está claro que la iniciativa está en proceso de ser aprobada. En todo caso, los motivos de Gómez son irrelevantes. Importa más bien analizar sus argumentos.
Hay que señalar, ante todo, que no todos los países que tienen mayorías católicas o cristianas se parecen entre sí. Italia y España, por ejemplo, soportan el dominio de sus iglesias porque desde un principio se les ha impuesto, en la primera por negociación y, en la segunda, por la violencia. En Estados Unidos hay un predominio protestante y su situación no es la nuestra (acaso peor, porque los protestantes fundamentalistas dominan su escenario político). En Francia, el país más laico del mundo y el que, en realidad, inventó el laicismo, la Iglesia no es un problema mayor. Sería de mal gusto recurrir a nuestra historia, ahora que está en desuso y hasta es fuente de descrédito ante los derechistas y sus acólitos, entre ellos ahora e inopinadamente Pablo Gómez, pero no hace falta.
Según Gómez, el artículo sexto de la Constitución garantizaría a los curas su libertad de expresión en el lugar (los recintos eclesiásticos) o lo medios que fueren, pero el 130 es una antinomia frente a ese artículo porque se los prohíbe. También deberían gozar de la asociación política personal y libre. Eso, nos dice, está inscrito dentro de los derechos humanos. Que el ascendiente de los sacerdotes es un problema, bueno, pues los líderes sindicales también lo tienen, así como los altos funcionarios que manejan el erario. Y nadie les prohíbe nada. Se le olvida que, por lo menos en el caso de los funcionarios, para hacer política partidista deben renunciar a sus puestos previamente.
Afirma también que la profesión (el sacerdocio es una profesión) no debe ser motivo para limitar los derechos y, además, muchos sacerdotes, sobre todo los de la alta jerarquía, no respetan el inciso e) del 130. Esto último es una hipocresía que debe ser superada a favor de la democracia. Reconoce que los sacerdotes se oponen por una tradición al aborto y a las uniones homosexuales, pero sugiere que hay que ver si ellos están de acuerdo en resolver el asunto en el terreno de la democracia. O el senador peca de tonto o nos quiere hacer pasar a todos por unos estúpidos. Parece que no escuchó al cardenal Rivera que nos vino a decir que la ley divina está por encima de las leyes del Estado.
En nuestra doctrina constitucional, que es también y a pesar de todo, historia real y viviente, las limitaciones a los derechos políticos de los ministros de los cultos no son gratuitas ni fruto de un jacobinismo exacerbado. En todos los regímenes políticos regidos por el derecho se lucha por la igualdad de los contendientes políticos y se niega hasta donde se puede el dar ventajas incontestables a algunos de ellos. Los ministros de los cultos, ya lo he señalado, no son iguales a los demás y ello radica, precisamente, en su profesión. Esta consiste en predicar y dirigir las conciencias de sus fieles. Gómez dice que eso lo hacen también otros. Pero todos los que escoge no son líderes espirituales y ahí está la diferencia.
Esa misma profesión es una razón poderosísima para apartar a los ministros de los cultos de la política. Hasta el Código Canónico lo establece con toda claridad, el que es obvio que Gómez no conoce. Las razones de la ley canónica son clarísimas en su texto: la política no es asunto de la Iglesia, sino la conducción de sus fieles, la pastoral espiritual que, por supuesto, tiene que ver con su vida cotidiana, pero que es, ante todo, religiosa. Es con esa base que los clérigos no pueden aceptar cosas como el aborto o el homosexualismo. Y se comprende, pero que se lo dejen para ellos. La Iglesia no puede pretender imponer sus creencias a los demás y que éstos lo acepten sin más ni más. Gómez debe estar soñando si piensa que el clero aceptaría el debate democrático sobre esas cuestiones. El clero no discute, sólo condena al infierno si alguien se le opone.
Alejandro Encinas, con gran tino, ha recordado un argumento que era típico de los liberales del siglo XIX y luego de los priístas todavía fieles a las tradiciones de la Revolución Mexicana, hoy muerta para todos: si los sacerdotes y sus jerarcas se declaran abiertamente súbditos del jefe de un Estado extranjero, el Vaticano (que es, además, monárquico medieval y para nada laico), ¿cómo es que nos están reclamando derechos políticos para ellos, iguales a los de todos los ciudadanos mexicanos? Sería buen principio (sólo en apariencia, visto que son unos reaccionarios enemigos del progreso del país) que renunciaran a ese sometimiento, aunque no bastaría, si se atiende a lo que antes se ha señalado.
Fuente: La Jornada (07 de marzo de 2010)
Arnaldo Córdova
La iniciativa que Pablo Gómez, senador por el PRD, ha presentado para que sea derogado el inciso e) del artículo 130, que restringe la libertad de expresión y de asociación con fines políticos de los ministros de los cultos, es un remanente de una tradición de los comunistas mexicanos de los años setenta que inspiró y los llevó a aceptarla como bandera de lucha Gilberto Rincón Gallardo. Los argumentos que esgrime el senador en su iniciativa son exactamente los mismos que elaboró desde un principio Rincón Gallardo. Lo digo porque se los escuché desde que Arnoldo Martínez Verdugo me lo presentó en algún momento de 1973 o 1974.
Estaba impresionado por los brotes de rebeldía que se estaban manifestando en la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano Segundo y, en particular, de los partidarios de la teología de la liberación. Cuando se fundó el Partido Socialista Unificado de México, del que fue dirigente Pablo Gómez, ellos impusieron por una amplia mayoría esa demanda política, que persistió en la transformación del partido en Partido Mexicano Socialista. Cuando se organizó el Partido de la Revolución Democrática, los cardenistas, que eran una abrumadora mayoría, rechazaron la idea y jamás se volvió a hablar de ella, hasta ahora en que lo hace Pablo Gómez.
Con posterioridad a la presentación de su iniciativa, Gómez ha abundado en sus razones y se pueden resumir en dos ideas muy generales: una, que como auténticos demócratas, no podemos negarle sus derechos políticos a ningún mexicano, sea cura o no; dos, que eso ya está en los regímenes constitucionales de todo el mundo. Esos argumentos yo se los oí a Rincón Gallardo. El verdadero Estado laico es aquél que, precisamente, resguarda y respeta los derechos, políticos y demás, de todo ciudadano. Parece contundente de verdad. Sobre todo, cuando se nos recuerda que somos de los muy pocos en el mundo que niegan esos derechos.
No sé con qué propósito el antiguo militante comunista presentó esa iniciativa, pero que ha tenido un éxito arrollador en todos los sectores de derecha, en primer término, la jerarquía católica y los panistas reaccionarios, así como los neopriístas, como Beltrones que, al parecer, ya prometió su apoyo irrestricto al perredista, resulta más que evidente. Está claro que la iniciativa está en proceso de ser aprobada. En todo caso, los motivos de Gómez son irrelevantes. Importa más bien analizar sus argumentos.
Hay que señalar, ante todo, que no todos los países que tienen mayorías católicas o cristianas se parecen entre sí. Italia y España, por ejemplo, soportan el dominio de sus iglesias porque desde un principio se les ha impuesto, en la primera por negociación y, en la segunda, por la violencia. En Estados Unidos hay un predominio protestante y su situación no es la nuestra (acaso peor, porque los protestantes fundamentalistas dominan su escenario político). En Francia, el país más laico del mundo y el que, en realidad, inventó el laicismo, la Iglesia no es un problema mayor. Sería de mal gusto recurrir a nuestra historia, ahora que está en desuso y hasta es fuente de descrédito ante los derechistas y sus acólitos, entre ellos ahora e inopinadamente Pablo Gómez, pero no hace falta.
Según Gómez, el artículo sexto de la Constitución garantizaría a los curas su libertad de expresión en el lugar (los recintos eclesiásticos) o lo medios que fueren, pero el 130 es una antinomia frente a ese artículo porque se los prohíbe. También deberían gozar de la asociación política personal y libre. Eso, nos dice, está inscrito dentro de los derechos humanos. Que el ascendiente de los sacerdotes es un problema, bueno, pues los líderes sindicales también lo tienen, así como los altos funcionarios que manejan el erario. Y nadie les prohíbe nada. Se le olvida que, por lo menos en el caso de los funcionarios, para hacer política partidista deben renunciar a sus puestos previamente.
Afirma también que la profesión (el sacerdocio es una profesión) no debe ser motivo para limitar los derechos y, además, muchos sacerdotes, sobre todo los de la alta jerarquía, no respetan el inciso e) del 130. Esto último es una hipocresía que debe ser superada a favor de la democracia. Reconoce que los sacerdotes se oponen por una tradición al aborto y a las uniones homosexuales, pero sugiere que hay que ver si ellos están de acuerdo en resolver el asunto en el terreno de la democracia. O el senador peca de tonto o nos quiere hacer pasar a todos por unos estúpidos. Parece que no escuchó al cardenal Rivera que nos vino a decir que la ley divina está por encima de las leyes del Estado.
En nuestra doctrina constitucional, que es también y a pesar de todo, historia real y viviente, las limitaciones a los derechos políticos de los ministros de los cultos no son gratuitas ni fruto de un jacobinismo exacerbado. En todos los regímenes políticos regidos por el derecho se lucha por la igualdad de los contendientes políticos y se niega hasta donde se puede el dar ventajas incontestables a algunos de ellos. Los ministros de los cultos, ya lo he señalado, no son iguales a los demás y ello radica, precisamente, en su profesión. Esta consiste en predicar y dirigir las conciencias de sus fieles. Gómez dice que eso lo hacen también otros. Pero todos los que escoge no son líderes espirituales y ahí está la diferencia.
Esa misma profesión es una razón poderosísima para apartar a los ministros de los cultos de la política. Hasta el Código Canónico lo establece con toda claridad, el que es obvio que Gómez no conoce. Las razones de la ley canónica son clarísimas en su texto: la política no es asunto de la Iglesia, sino la conducción de sus fieles, la pastoral espiritual que, por supuesto, tiene que ver con su vida cotidiana, pero que es, ante todo, religiosa. Es con esa base que los clérigos no pueden aceptar cosas como el aborto o el homosexualismo. Y se comprende, pero que se lo dejen para ellos. La Iglesia no puede pretender imponer sus creencias a los demás y que éstos lo acepten sin más ni más. Gómez debe estar soñando si piensa que el clero aceptaría el debate democrático sobre esas cuestiones. El clero no discute, sólo condena al infierno si alguien se le opone.
Alejandro Encinas, con gran tino, ha recordado un argumento que era típico de los liberales del siglo XIX y luego de los priístas todavía fieles a las tradiciones de la Revolución Mexicana, hoy muerta para todos: si los sacerdotes y sus jerarcas se declaran abiertamente súbditos del jefe de un Estado extranjero, el Vaticano (que es, además, monárquico medieval y para nada laico), ¿cómo es que nos están reclamando derechos políticos para ellos, iguales a los de todos los ciudadanos mexicanos? Sería buen principio (sólo en apariencia, visto que son unos reaccionarios enemigos del progreso del país) que renunciaran a ese sometimiento, aunque no bastaría, si se atiende a lo que antes se ha señalado.
Fuente: La Jornada (07 de marzo de 2010)
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