Hacia
una democracia participativa
César
Ricardo Luque Santana
El día 21 de agosto del presente año y en el marco de la primera plenaria del segundo período de sesiones del Congreso del Estado de Nayarit, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel presentó al pleno su iniciativa de Ley de Participación Ciudadana cuya Exposición de Motivos leyó en tribuna, turnándose luego el documento completo a la comisión correspondiente para su análisis, discusión y eventual aprobación en dicha instancia, para de ahí retornar de nuevo al pleno para su aprobación definitiva, en caso de que así ocurra, con las modificaciones que en ese proceso pudieran darse.
En
principio, la pertinencia de la democracia participativa como complemento de la
democracia representativa, parte del reconocimiento de la crisis de esta última
que pese al advenimiento del pluralismo político -luego de siete décadas de
monopolio de un sólo partido- ha quedado
a deber a los ciudadanos respecto a las expectativas de una alternancia que
significara la superación de los vicios del ancien
régime, malográndose la transición a la democracia al desvirtuar ésta a una
partidocracia que ha terminado secuestrando las aspiraciones de cambio
verdadero incurriendo en un “cambio” simulado, al grado de que el voto de los
ciudadanos en las diversas elecciones constitucionales se ha tornado en la
práctica en un cheque en blanco para la clase política.
La
fundamentación de esta iniciativa se cuida sin embargo de la pretensión de suplantar
a la democracia representativa por la democracia
participativa o participación ciudadana,
enfatizando su papel complementario (que no suplementario), al mismo tiempo que
advierte que tampoco se trata de una panacea, sino de un instrumento
democrático que requiere de una reglamentación precisa que evite distorsiones y
usos ilegítimos del mismo. Asimismo, la Exposición
de Motivos hace una distinción entre las distintas formas de participación
política especificando la que corresponde a la participación ciudadana. El
esclarecimiento de la naturaleza de la participación ciudadana y su relación
con la democracia representativa, es importante porque alrededor de la
democracia participativa se han tejido algunos mitos e idealizaciones, al mismo
tiempo que se ha caído en una confusión conceptual que lejos de contribuir a su
entendimiento y florecimiento, introducen elementos extraños que generan una
adulteración, al grado de distorsionar la intención de empoderamiento de la
sociedad con una forma encubierta de privatización de la política, en vez de
concebirla más sustancialmente como una socialización del poder. En este
sentido, los grupos conservadores tienden a resignificar mañosamente los
conceptos de democracia, libertad y otros para encauzar la participación
ciudadana en un sentido privatizador, usurpando mediante asociaciones civiles
camufladas al servicio de grupos de presión a la llamada sociedad civil. Esta
tentativa reaccionaria de las derechas resulta
en sí misma aberrante o contra natura, porque el poder y la política son
por definición asuntos de interés público.
El
texto mencionado hace referencia también a la existencia de la participación
ciudadana en otros ámbitos como el municipal y el federal, ponderando sus alcances
y señalando sus limitaciones, la cual a veces no se debe a la falta de
instrumentos jurídicos sino a la ausencia de vocación democrática de los
gobernantes, como sucede marcadamente en el ámbito municipal que es el más
propicio para la participación ciudadana dada la naturaleza colegida de su
forma de gobierno y a la cercanía entre gobernantes y gobernados. Este último
señalamiento me parece significativo porque en efecto, la democracia
participativa necesita una base jurídica que le dé certidumbre y legitimidad,
pero en sí misma es insuficiente si no existe una cultura política democrática de
la población y una vocación democrática auténtica en las autoridades. No
obstante, es necesario que la ley de participación ciudadana sea lo más precisa
y clara posible en sus reglas de operación y en sus objetivos. En este sentido,
debe garantizar la imparcialidad de la instancia encargada de llevar a cabo
algún procedimiento impulsado por los ciudadanos (en este caso el Consejo
Estatal Electoral), dando condiciones de equidad a las partes en pugna ante un
tema concreto, de manera que los ciudadanos puedan tomar decisiones de manera
informada y con plena libertad.
Para
finalizar, no menos importante resulta la alusión al concepto de soberanía tan
vapuleada por los embates del neoliberalismo. De esta manera, la soberanía, que
reside en el pueblo, retoma o refuerza su papel de salvaguarda de los intereses
colectivos suplantados por una banda de bribones empecinados en saquear y vender
el país y nuestro estado como si fuera feria de pueblo a los grandes capitales
nacionales y extranjeros, sin importarles los daños al medio ambiente, la
supresión de derechos labores, el socavamiento de los derechos humanos, y en sí, el
poner en riesgo la viabilidad del país como nación independiente permitiéndoles
que se apropien de nuestras riquezas naturales con total impunidad. Sin duda,
la participación ciudadana en cierto modo permite recuperar la soberanía del
pueblo dándole armas jurídicas para defender los bienes públicos y el bienestar
de la sociedad sometida a políticas de mercado que lo único que han provocado
es un profundo deterioro del tejido social expresado en un Estado fallido.
Asimismo, insistiendo en su papel de complemento y equilibrio de la democracia
representativa -mas no su sucedáneo- la democracia participativa permite una
relación más horizontal entre autoridades y ciudadanos, al mismo tiempo que
abona a una forma de relación sana entre ambos, ajeno al envilecimiento que han
provocado las prácticas clientelares, el corporativismo, el tráfico de favores,
etc., cuyas consecuencias han sido perpetuar un autoritarismo apenas simulado
en un afán de sostener contra viento y marea un “modelo” de economía neoliberal
altamente depredador.
