Ricardo Luque - Argumentos falaces y cínicos

Argumentos falaces y cínicos

César Ricardo Luque Santana

El presente escrito constituye una crítica al artículo de Soledad Loaeza titulado “La defensa del voto” publicado en La Jornada en 19 de julio de 2012, mismo que se revela como un mero panfleto reaccionario sin poder analítico alguno. Al principio pensé remitirlo ahí mismo en la sección de “comentarios”, pero al exceder la cantidad de caracteres establecida como límite, opté por dejarlo como artículo de opinión publicándolo en los medios acostumbrados por mí.  Creo que sus objeciones falaces y cínicas contra quienes impugnan la elección presidencial por las vía jurídica y mediante las movilizaciones sociales, son más o menos las mismas que los priistas y sus “intelectuales” orgánicos esgrimen a través de diversos medios, de ahí la importancia de salir al paso de los mismos.

Asombra la superficialidad de los razonamientos de Soledad Loaeza y me pregunto como puede mostrar tanta puerilidad con sus credenciales académicas que deberían de permitirle argumentar con mayor rigor. La función de comunicar un análisis al gran público mediante un artículo periodístico no la exime de ello, pues la claridad de un discurso no depende tanto de la belleza en la forma de escribir, sino en la coherencia en el modo de pensar, así como en la objetividad y la actitud ética que como investigador se debe mostrar

Desde el primer párrafo se advierte la ligereza de sus objeciones a quienes impugnan por la vía jurídica, la movilización callejera y las redes sociales, la validez de las elecciones (principalmente la segunda), pues los resultados electorales son producto de la inducción (encuestas, medios), la coacción (chantaje a empleados públicos y a los pobres que dependen de los programas sociales del gobierno) y la compra del voto (despensas mediante tarjetas de Soriana, pagos en efectivo, tarjetas Monex, etc.), con el agravante de que esto último se realizó con dinero de origen ilícito (lavado de dinero). Si bien es cierto que resulta difícil comprobar -como ella dice- todas los delitos electorales cometidos por el PRI, no significa que haya que desestimarlos sino por el contrario, habría que exigir que se investiguen a fondo para determinar hasta dónde pudieron haber sido un factor de inequidad que afectó la libertad del voto que según la ley debe existir para que los resultados sean legales y por ende el ganador esté también legitimado.

 La dificultad para comprobar dichos ilícitos es aún mayor por la actitud negligente y complaciente de las autoridades electorales que lejos de coadyuvar al esclarecimiento de las denuncias presentadas por la coalición de izquierda del Movimiento Progresista, tratan de minimizarlas, darle largas al asunto arguyendo que la tarea llevará mucho tiempo de investigación, cuando la periodista Carmen Aristegui y su equipo han hecho importantes hallazgos en un tiempo relativamente corto sobre el uso de las tarjetas Monex que incluso revelan indicios lavado de dinero, al grado que el PRI ha tenido que aceptar parcial y matizadamente estos hechos que antes venía negando tozudamente. Peor aún, algunos magistrados del Tribunal Electoral (Trife) han hecho declaraciones controversiales como el magistrado Alejandro Luna Ramos quien anticipó que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”, lo que se interpretó como una especie de albazo jurídico porque sin conocer las pruebas para impugnar de los inconformes, dio a entender que de todos modos no modificaran los resultados; mientras que otros jueces como Carmen Alanís, mantiene nexos orgánicos con el grupo de Peña Nieto al igual que otros magistrados como Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera con antecedentes que los vinculan al PRI. La imparcialidad de estos sujetos es puesta en duda por los nexos referidos y lo más sano sería que se retiraran de su encargo por el obvio conflicto de intereses en que están envueltos.

También podría añadirse que desde el título mismo de su escrito hay errores porque no se trata propiamente de una “defensa del voto” a secas sino del voto libre. La exigencia de invalidar las elecciones presidenciales descansa en el presupuesto de que hubo un margen de votos que no se ejercieron libremente los cuales eventualmente afectaron los resultados electorales. Huelga añadir que esta anomalía está contemplada como delito por la ley electoral en sus artículos 39 y 41. Asimismo usa mal la palabra “propugnan” en vez de decir “impugnan” lo cual es un sinsentido si se lee la frase completa de su artículo. Además, cuando menciona la “sugerencia” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los electores de que recibieran las despensas de los priistas pero que votaran libremente, no significa en modo alguno que estuviera avalando este tipo de prácticas perniciosas como ella maliciosamente insinúa, sino que se trataba de una orientación a determinados electores que se sienten obligados a votar por quienes les dan obsequios aconsejándoles dar el clásico esquinazo. En otras palabras, la idea es que la gente reciba todo lo que les den pero que no vendan su voto por esas migajas ni a ningún precio.

Su molestia en contra de quienes pretenden “anular” desde la protesta callejera su voto y el de 33 millones de mexicanos que no votaron por AMLO, da por sentado que no cuestiona las numerosas violaciones a la ley, es decir, acepta los resultados “haigan sido como haigan sido” (Felipe Calderón dixit) considerando asimismo una supuesta imparcialidad del IFE que muchos ponemos en duda a partir de sus actuaciones complaciente de dejar hacer y dejar pasar las evidentes y múltiples trapacerías del PRI. También Soledad Loaeza confiesa desconcierto porque por un lado hay una impugnación de la izquierda social a las elecciones (que según su atavismos ideológicos son propios de una izquierda revolucionaria o radical que repudian en sí mismos los procesos electorales como farsa burguesa, lo cual evidentemente es falso porque la lucha de las organizaciones ciudadanas, gremiales, estudiantiles, etc., es para que haya elecciones limpias y equitativas. En otras palabras, no se rechazan las elecciones democráticas en sí sino su adulteración). De este modo malinterpreta los objetivos de la lucha de los diversos grupos reunidos en Atenco, los cuales caminan por un carril distinto al de AMLO y de los partidos agrupados en torno al Movimiento Progresista que tiene que sujetarse a los cauces formales (incluidas las presiones o chantajes como el “Pacto de Civilidad” impulsado por empresarios y medios, donde las autoridades electorales se proyectaron a sí mismas en su ilegalidad al convocar a los actores políticos de la contienda electoral a comprometerse a respetar la ley que se supone deben acatar sin ninguna mediación metalegal). Del mismo modo, la impugnación jurídica de AMLO y los partidos que lo postularon no debería causarle escozor a nadie pues son derechos que él puede utilizar de acuerdo a la ley electoral.

Esto nos lleva a otra impugnación igualmente insostenible de Soledad Loaeza que además empata con los argumentos cínicos de los priistas. Ella se pregunta que por qué nada más impugnan la elección presidencial y no las de senadores y diputados, así como otras de carácter estatal que se realizaron paralelamente. Añade: ¿por qué no impugnan las elecciones que ganaron las izquierdas? En este último caso, son los perdedores los que deben de impugnar si creen que hubo trampas o irregularidades, como de hecho ocurre en todos lados y por todos los partidos. Son las autoridades del Trife quienes podrían hacer extensivo en un momento dado la invalidación o anulación de todo el proceso electoral cuyo costo económico y político sería muy alto, pero la focalización a la elección presidencial no se pondera en esos términos pues el Movimiento Progresista ha impugnado todos los distritos a legisladores federales o estatales, así como municipios donde tiene elementos para hacerlo. Asimismo, se tienen sospechas fundadas por las evidencias descubiertas de que la compra de votos se realizó en varios estados y no en todos. El no impugnar las elecciones en su totalidad, incluidas las que ganaron las izquierdas, no es ninguna contradicción, sino un intento cínico de descalificar el cochinero perpetrado por el PRI en contubernio con las instancias electorales. Este argumento por cierto es una variante de otro muy socorrido donde los priistas dicen que todos hacen trampas y que el enojo de los opositores no es en sí a estas prácticas sino por una especie de envidia.

Respecto a otros señalamientos como las referencias a Arturo Núñez y Manuel Bartlett, antiguos adversarios y hoy aliados de las izquierdas (o más propiamente de AMLO), nos remiten a situaciones muy complejas que están más allá de un simple maniqueísmo, pues la incorporación de estos personajes (entre otros) al PRD y PT, tienen que ver con un pragmatismo ramplón que en el seno de las izquierdas ha sido denunciado con anterioridad, particularmente en aquellos casos donde se ha ganado gubernaturas para reditar la forma de gobernar del PRI. Este fenómeno de políticos saltimbanquis o de travestismo político es muy complejo, pero mal haríamos en estigmatizar a todos los políticos conversos que finalmente no es un fenómeno privativo del PRD, sino que es algo que ocurre en todos los partidos (también hay trásfugas de izquierda en el PRI). Casuísticamente se podrían mencionar personajes que llegaron al PRD procedentes del PAN y del PRI como Bernardo Bátiz y Ricardo Monreal -por poner un ejemplo- que han resultado más congruentes, firmes y provechosos que otros que siempre han militado en las izquierdas y actúan como políticos de derechas, además de que espetar como incongruencia la llegada al PRD de personajes de otros partidos como algo cuestionable, es aceptar tácitamente que el PRD es una especie de ente impoluto que no debería aceptar personajes cuestionables por su pasado, cuando en realidad el PRD es un proyecto fracasado desde hace varios años. Al mismo tiempo, estaríamos cayendo en un fatalismo al creer que el pasado de alguien proveniente del PAN o del PRI (hablando en abstracto), lo condena irremediablemente negándoles la posibilidad de rectificar si ese fuera el caso. Pienso en alguien por ejemplo como el periodista Jacobo Zabludosky que en la era de avasallamiento del PRI jugó un papel muy importante como vocero oficioso del sistema y que desde que salió de Televisa hace un par de décadas ha dado un vuelco haciendo un periodismo crítico. En este caso, se trata del mismo hombre inteligente y culto pero que en una época estaba atado a los intereses del PRI-Gobierno como le llamábamos, mientras que al ejercer el periodismo en forma independiente, se ha podido sacudir los compromisos y prejuicios que otros todavía no remontan, a pesar de que se vive en condiciones un tanto distintas a cuando el PRI ejercía el monopolio  de la política.

Respecto al cuestionamiento o la suspicacia del carácter apartidista del movimiento social independiente de los 300 grupos de la Convención Nacional de Atenco que ella y los priistas tienden a ver como “Lópezobradorismo” embozados en el ánimo de  restarles autoridad moral y regatearles su capacidad de pensar y actuar por su cuenta, no dista mucho de las temerarias acusaciones de la jerarquía priista de endosarle a priori a AMLO la responsabilidad de una hipotética masacre o una situación de violencia que nadie en las filas del movimiento social ni de los partidos políticos de izquierda están impulsando. Por cierto, a los despistados que siguen moliendo con poner en duda el carácter apartidista de la izquierda social, los remito al excelente artículo del filósofo Enrique Dussel (“Interpelaciones del movimiento #YoSoy132” del 09 de junio de 2012). En ambos frentes que impugnan las elecciones por la vía social (movilización y redes sociales) como son los grupos ya mencionados (en especial los del #YoSoy132) y la vía jurídica y política impulsada por los partidos de izquierda, que reitero, se mueven en carriles distintos si bien convergen en la demanda central de reclamar la invalidez de la elección presidencial por las irregularidades ya mencionadas que inhibieron el voto libre, son formas válidas política y legalmente de lucha y no pretenden como Soledad Loaeza y los priistas dicen falazmente, descalificar los treinta y tantos millones de votos de quienes no votaron por AMLO ni mucho menos los cincuenta millones de todos los que votaron , sino al revés, se trata de dignificarlos porque si bien la compra de votos fue de unos cuantos millones, son esos votos comprados los que dañan a todos los demás independientemente de por quien hayan votado

Creo que la pobreza de su argumentación de Soledad Loaeza se debe principalmente a sus prejuicios ideológicos, es decir, a que no es librepensadora para analizar las cosas de manera imparcial. La verdad es simple y llana pero nos pone del lado del pueblo decía Rousseau en El Contrato Social, añadiendo que el pueblo no da embajadas ni pensiones, lo que explicaría por qué se dan tantos intelectuales alcahuetes del poder.