Ricardo Luque - Hacia una democracia participativa

Hacia una democracia participativa

César Ricardo Luque Santana

El día 21 de agosto del presente año y en el marco de la primera plenaria del segundo período de sesiones del Congreso del Estado de Nayarit, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel presentó al pleno su iniciativa de Ley de Participación Ciudadana cuya Exposición de Motivos leyó en tribuna, turnándose luego el documento completo a la comisión correspondiente para su análisis, discusión y eventual aprobación en dicha instancia, para de ahí retornar de nuevo al pleno para su aprobación definitiva, en caso de que así ocurra, con las modificaciones que en ese proceso pudieran darse.

 Haciendo un poco de historia, los antecedentes de este tipo de iniciativas en este espacio legislativo son la que presentó el entonces gobernador Antonio Echeverría Domínguez (2003) y el ex diputado perredista Jesús Castañeda Tejeda (2009), respectivamente. La diferencia con la actual iniciativa es que durante el sexenio de Ney González (hacia el final de su mandato), algunas figuras de participación ciudadana se elevaron a rango constitucional, a saber: plebiscito,  referéndum e iniciativa popular; de manera que la creación de una ley reglamentaria se volvió una necesidad imperiosa, pues de otro modo estos derechos ciudadanos quedaría como letra muerta. Así entonces, este proyecto constituía una materia pendiente de urgente resolución para la actual legislatura, cuya concreción dotará a la sociedad de un nuevo instrumento jurídico y político para incidir en la vida política del estado sin depender directamente de los partidos políticos ni de sus representantes populares.

 A continuación, aunque de manera sumaria, presentaré los puntos esenciales de la Exposición de Motivos leída en tribuna por el legislador perredista, dejando para otras entregas el desglose de la iniciativa como tal, de modo que los ciudadanos sepan en qué consiste cada figura, cuáles son sus objetivos, causales, requerimientos, procedimientos y sus alcances, no sin antes señalar que quienes deseen el documento completo me lo pueden solicitar mediante el correo electrónico preferentemente.

 

En principio, la pertinencia de la democracia participativa como complemento de la democracia representativa, parte del reconocimiento de la crisis de esta última que pese al advenimiento del pluralismo político -luego de siete décadas de monopolio de un sólo partido-  ha quedado a deber a los ciudadanos respecto a las expectativas de una alternancia que significara la superación de los vicios del ancien régime, malográndose la transición a la democracia al desvirtuar ésta a una partidocracia que ha terminado secuestrando las aspiraciones de cambio verdadero incurriendo en un “cambio” simulado, al grado de que el voto de los ciudadanos en las diversas elecciones constitucionales se ha tornado en la práctica en un cheque en blanco para la clase política.

La fundamentación de esta iniciativa se cuida sin embargo de la pretensión de suplantar a la democracia representativa  por la democracia participativa  o participación ciudadana, enfatizando su papel complementario (que no suplementario), al mismo tiempo que advierte que tampoco se trata de una panacea, sino de un instrumento democrático que requiere de una reglamentación precisa que evite distorsiones y usos ilegítimos del mismo. Asimismo, la Exposición de Motivos hace una distinción entre las distintas formas de participación política especificando la que corresponde a la participación ciudadana. El esclarecimiento de la naturaleza de la participación ciudadana y su relación con la democracia representativa, es importante porque alrededor de la democracia participativa se han tejido algunos mitos e idealizaciones, al mismo tiempo que se ha caído en una confusión conceptual que lejos de contribuir a su entendimiento y florecimiento, introducen elementos extraños que generan una adulteración, al grado de distorsionar la intención de empoderamiento de la sociedad con una forma encubierta de privatización de la política, en vez de concebirla más sustancialmente como una socialización del poder. En este sentido, los grupos conservadores tienden a resignificar mañosamente los conceptos de democracia, libertad y otros para encauzar la participación ciudadana en un sentido privatizador, usurpando mediante asociaciones civiles camufladas al servicio de grupos de presión a la llamada sociedad civil. Esta tentativa reaccionaria de las derechas resulta  en sí misma aberrante o contra natura, porque el poder y la política son por definición asuntos de interés público.

El texto mencionado hace referencia también a la existencia de la participación ciudadana en otros ámbitos como el municipal y el federal, ponderando sus alcances y señalando sus limitaciones, la cual a veces no se debe a la falta de instrumentos jurídicos sino a la ausencia de vocación democrática de los gobernantes, como sucede marcadamente en el ámbito municipal que es el más propicio para la participación ciudadana dada la naturaleza colegida de su forma de gobierno y a la cercanía entre gobernantes y gobernados. Este último señalamiento me parece significativo porque en efecto, la democracia participativa necesita una base jurídica que le dé certidumbre y legitimidad, pero en sí misma es insuficiente si no existe una cultura política democrática de la población y una vocación democrática auténtica en las autoridades. No obstante, es necesario que la ley de participación ciudadana sea lo más precisa y clara posible en sus reglas de operación y en sus objetivos. En este sentido, debe garantizar la imparcialidad de la instancia encargada de llevar a cabo algún procedimiento impulsado por los ciudadanos (en este caso el Consejo Estatal Electoral), dando condiciones de equidad a las partes en pugna ante un tema concreto, de manera que los ciudadanos puedan tomar decisiones de manera informada y con plena libertad.

Para finalizar, no menos importante resulta la alusión al concepto de soberanía tan vapuleada por los embates del neoliberalismo. De esta manera, la soberanía, que reside en el pueblo, retoma o refuerza su papel de salvaguarda de los intereses colectivos suplantados por una banda de bribones empecinados en saquear y vender el país y nuestro estado como si fuera feria de pueblo a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin importarles los daños al medio ambiente, la supresión de derechos labores, el socavamiento de los derechos humanos, y en sí, el poner en riesgo la viabilidad del país como nación independiente permitiéndoles que se apropien de nuestras riquezas naturales con total impunidad. Sin duda, la participación ciudadana en cierto modo permite recuperar la soberanía del pueblo dándole armas jurídicas para defender los bienes públicos y el bienestar de la sociedad sometida a políticas de mercado que lo único que han provocado es un profundo deterioro del tejido social expresado en un Estado fallido. Asimismo, insistiendo en su papel de complemento y equilibrio de la democracia representativa -mas no su sucedáneo- la democracia participativa permite una relación más horizontal entre autoridades y ciudadanos, al mismo tiempo que abona a una forma de relación sana entre ambos, ajeno al envilecimiento que han provocado las prácticas clientelares, el corporativismo, el tráfico de favores, etc., cuyas consecuencias han sido perpetuar un autoritarismo apenas simulado en un afán de sostener contra viento y marea un “modelo” de economía neoliberal altamente depredador.

 

luque2009@gmail.com

Ricardo Luque - Argumentos falaces y cínicos

Argumentos falaces y cínicos

César Ricardo Luque Santana

El presente escrito constituye una crítica al artículo de Soledad Loaeza titulado “La defensa del voto” publicado en La Jornada en 19 de julio de 2012, mismo que se revela como un mero panfleto reaccionario sin poder analítico alguno. Al principio pensé remitirlo ahí mismo en la sección de “comentarios”, pero al exceder la cantidad de caracteres establecida como límite, opté por dejarlo como artículo de opinión publicándolo en los medios acostumbrados por mí.  Creo que sus objeciones falaces y cínicas contra quienes impugnan la elección presidencial por las vía jurídica y mediante las movilizaciones sociales, son más o menos las mismas que los priistas y sus “intelectuales” orgánicos esgrimen a través de diversos medios, de ahí la importancia de salir al paso de los mismos.

Asombra la superficialidad de los razonamientos de Soledad Loaeza y me pregunto como puede mostrar tanta puerilidad con sus credenciales académicas que deberían de permitirle argumentar con mayor rigor. La función de comunicar un análisis al gran público mediante un artículo periodístico no la exime de ello, pues la claridad de un discurso no depende tanto de la belleza en la forma de escribir, sino en la coherencia en el modo de pensar, así como en la objetividad y la actitud ética que como investigador se debe mostrar

Desde el primer párrafo se advierte la ligereza de sus objeciones a quienes impugnan por la vía jurídica, la movilización callejera y las redes sociales, la validez de las elecciones (principalmente la segunda), pues los resultados electorales son producto de la inducción (encuestas, medios), la coacción (chantaje a empleados públicos y a los pobres que dependen de los programas sociales del gobierno) y la compra del voto (despensas mediante tarjetas de Soriana, pagos en efectivo, tarjetas Monex, etc.), con el agravante de que esto último se realizó con dinero de origen ilícito (lavado de dinero). Si bien es cierto que resulta difícil comprobar -como ella dice- todas los delitos electorales cometidos por el PRI, no significa que haya que desestimarlos sino por el contrario, habría que exigir que se investiguen a fondo para determinar hasta dónde pudieron haber sido un factor de inequidad que afectó la libertad del voto que según la ley debe existir para que los resultados sean legales y por ende el ganador esté también legitimado.

 La dificultad para comprobar dichos ilícitos es aún mayor por la actitud negligente y complaciente de las autoridades electorales que lejos de coadyuvar al esclarecimiento de las denuncias presentadas por la coalición de izquierda del Movimiento Progresista, tratan de minimizarlas, darle largas al asunto arguyendo que la tarea llevará mucho tiempo de investigación, cuando la periodista Carmen Aristegui y su equipo han hecho importantes hallazgos en un tiempo relativamente corto sobre el uso de las tarjetas Monex que incluso revelan indicios lavado de dinero, al grado que el PRI ha tenido que aceptar parcial y matizadamente estos hechos que antes venía negando tozudamente. Peor aún, algunos magistrados del Tribunal Electoral (Trife) han hecho declaraciones controversiales como el magistrado Alejandro Luna Ramos quien anticipó que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”, lo que se interpretó como una especie de albazo jurídico porque sin conocer las pruebas para impugnar de los inconformes, dio a entender que de todos modos no modificaran los resultados; mientras que otros jueces como Carmen Alanís, mantiene nexos orgánicos con el grupo de Peña Nieto al igual que otros magistrados como Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera con antecedentes que los vinculan al PRI. La imparcialidad de estos sujetos es puesta en duda por los nexos referidos y lo más sano sería que se retiraran de su encargo por el obvio conflicto de intereses en que están envueltos.

También podría añadirse que desde el título mismo de su escrito hay errores porque no se trata propiamente de una “defensa del voto” a secas sino del voto libre. La exigencia de invalidar las elecciones presidenciales descansa en el presupuesto de que hubo un margen de votos que no se ejercieron libremente los cuales eventualmente afectaron los resultados electorales. Huelga añadir que esta anomalía está contemplada como delito por la ley electoral en sus artículos 39 y 41. Asimismo usa mal la palabra “propugnan” en vez de decir “impugnan” lo cual es un sinsentido si se lee la frase completa de su artículo. Además, cuando menciona la “sugerencia” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los electores de que recibieran las despensas de los priistas pero que votaran libremente, no significa en modo alguno que estuviera avalando este tipo de prácticas perniciosas como ella maliciosamente insinúa, sino que se trataba de una orientación a determinados electores que se sienten obligados a votar por quienes les dan obsequios aconsejándoles dar el clásico esquinazo. En otras palabras, la idea es que la gente reciba todo lo que les den pero que no vendan su voto por esas migajas ni a ningún precio.

Su molestia en contra de quienes pretenden “anular” desde la protesta callejera su voto y el de 33 millones de mexicanos que no votaron por AMLO, da por sentado que no cuestiona las numerosas violaciones a la ley, es decir, acepta los resultados “haigan sido como haigan sido” (Felipe Calderón dixit) considerando asimismo una supuesta imparcialidad del IFE que muchos ponemos en duda a partir de sus actuaciones complaciente de dejar hacer y dejar pasar las evidentes y múltiples trapacerías del PRI. También Soledad Loaeza confiesa desconcierto porque por un lado hay una impugnación de la izquierda social a las elecciones (que según su atavismos ideológicos son propios de una izquierda revolucionaria o radical que repudian en sí mismos los procesos electorales como farsa burguesa, lo cual evidentemente es falso porque la lucha de las organizaciones ciudadanas, gremiales, estudiantiles, etc., es para que haya elecciones limpias y equitativas. En otras palabras, no se rechazan las elecciones democráticas en sí sino su adulteración). De este modo malinterpreta los objetivos de la lucha de los diversos grupos reunidos en Atenco, los cuales caminan por un carril distinto al de AMLO y de los partidos agrupados en torno al Movimiento Progresista que tiene que sujetarse a los cauces formales (incluidas las presiones o chantajes como el “Pacto de Civilidad” impulsado por empresarios y medios, donde las autoridades electorales se proyectaron a sí mismas en su ilegalidad al convocar a los actores políticos de la contienda electoral a comprometerse a respetar la ley que se supone deben acatar sin ninguna mediación metalegal). Del mismo modo, la impugnación jurídica de AMLO y los partidos que lo postularon no debería causarle escozor a nadie pues son derechos que él puede utilizar de acuerdo a la ley electoral.

Esto nos lleva a otra impugnación igualmente insostenible de Soledad Loaeza que además empata con los argumentos cínicos de los priistas. Ella se pregunta que por qué nada más impugnan la elección presidencial y no las de senadores y diputados, así como otras de carácter estatal que se realizaron paralelamente. Añade: ¿por qué no impugnan las elecciones que ganaron las izquierdas? En este último caso, son los perdedores los que deben de impugnar si creen que hubo trampas o irregularidades, como de hecho ocurre en todos lados y por todos los partidos. Son las autoridades del Trife quienes podrían hacer extensivo en un momento dado la invalidación o anulación de todo el proceso electoral cuyo costo económico y político sería muy alto, pero la focalización a la elección presidencial no se pondera en esos términos pues el Movimiento Progresista ha impugnado todos los distritos a legisladores federales o estatales, así como municipios donde tiene elementos para hacerlo. Asimismo, se tienen sospechas fundadas por las evidencias descubiertas de que la compra de votos se realizó en varios estados y no en todos. El no impugnar las elecciones en su totalidad, incluidas las que ganaron las izquierdas, no es ninguna contradicción, sino un intento cínico de descalificar el cochinero perpetrado por el PRI en contubernio con las instancias electorales. Este argumento por cierto es una variante de otro muy socorrido donde los priistas dicen que todos hacen trampas y que el enojo de los opositores no es en sí a estas prácticas sino por una especie de envidia.

Respecto a otros señalamientos como las referencias a Arturo Núñez y Manuel Bartlett, antiguos adversarios y hoy aliados de las izquierdas (o más propiamente de AMLO), nos remiten a situaciones muy complejas que están más allá de un simple maniqueísmo, pues la incorporación de estos personajes (entre otros) al PRD y PT, tienen que ver con un pragmatismo ramplón que en el seno de las izquierdas ha sido denunciado con anterioridad, particularmente en aquellos casos donde se ha ganado gubernaturas para reditar la forma de gobernar del PRI. Este fenómeno de políticos saltimbanquis o de travestismo político es muy complejo, pero mal haríamos en estigmatizar a todos los políticos conversos que finalmente no es un fenómeno privativo del PRD, sino que es algo que ocurre en todos los partidos (también hay trásfugas de izquierda en el PRI). Casuísticamente se podrían mencionar personajes que llegaron al PRD procedentes del PAN y del PRI como Bernardo Bátiz y Ricardo Monreal -por poner un ejemplo- que han resultado más congruentes, firmes y provechosos que otros que siempre han militado en las izquierdas y actúan como políticos de derechas, además de que espetar como incongruencia la llegada al PRD de personajes de otros partidos como algo cuestionable, es aceptar tácitamente que el PRD es una especie de ente impoluto que no debería aceptar personajes cuestionables por su pasado, cuando en realidad el PRD es un proyecto fracasado desde hace varios años. Al mismo tiempo, estaríamos cayendo en un fatalismo al creer que el pasado de alguien proveniente del PAN o del PRI (hablando en abstracto), lo condena irremediablemente negándoles la posibilidad de rectificar si ese fuera el caso. Pienso en alguien por ejemplo como el periodista Jacobo Zabludosky que en la era de avasallamiento del PRI jugó un papel muy importante como vocero oficioso del sistema y que desde que salió de Televisa hace un par de décadas ha dado un vuelco haciendo un periodismo crítico. En este caso, se trata del mismo hombre inteligente y culto pero que en una época estaba atado a los intereses del PRI-Gobierno como le llamábamos, mientras que al ejercer el periodismo en forma independiente, se ha podido sacudir los compromisos y prejuicios que otros todavía no remontan, a pesar de que se vive en condiciones un tanto distintas a cuando el PRI ejercía el monopolio  de la política.

Respecto al cuestionamiento o la suspicacia del carácter apartidista del movimiento social independiente de los 300 grupos de la Convención Nacional de Atenco que ella y los priistas tienden a ver como “Lópezobradorismo” embozados en el ánimo de  restarles autoridad moral y regatearles su capacidad de pensar y actuar por su cuenta, no dista mucho de las temerarias acusaciones de la jerarquía priista de endosarle a priori a AMLO la responsabilidad de una hipotética masacre o una situación de violencia que nadie en las filas del movimiento social ni de los partidos políticos de izquierda están impulsando. Por cierto, a los despistados que siguen moliendo con poner en duda el carácter apartidista de la izquierda social, los remito al excelente artículo del filósofo Enrique Dussel (“Interpelaciones del movimiento #YoSoy132” del 09 de junio de 2012). En ambos frentes que impugnan las elecciones por la vía social (movilización y redes sociales) como son los grupos ya mencionados (en especial los del #YoSoy132) y la vía jurídica y política impulsada por los partidos de izquierda, que reitero, se mueven en carriles distintos si bien convergen en la demanda central de reclamar la invalidez de la elección presidencial por las irregularidades ya mencionadas que inhibieron el voto libre, son formas válidas política y legalmente de lucha y no pretenden como Soledad Loaeza y los priistas dicen falazmente, descalificar los treinta y tantos millones de votos de quienes no votaron por AMLO ni mucho menos los cincuenta millones de todos los que votaron , sino al revés, se trata de dignificarlos porque si bien la compra de votos fue de unos cuantos millones, son esos votos comprados los que dañan a todos los demás independientemente de por quien hayan votado

Creo que la pobreza de su argumentación de Soledad Loaeza se debe principalmente a sus prejuicios ideológicos, es decir, a que no es librepensadora para analizar las cosas de manera imparcial. La verdad es simple y llana pero nos pone del lado del pueblo decía Rousseau en El Contrato Social, añadiendo que el pueblo no da embajadas ni pensiones, lo que explicaría por qué se dan tantos intelectuales alcahuetes del poder.

Ricardo Luque - Inequidad e iniquidad electoral

Inequidad e iniquidad electoral

César Ricardo Luque Santana

Ricardo Alemán, uno de los más furibundos anti-Lopezobradoristas, dice que la compra de votos del PRI es un mito genial y reta a que se saquen cuentas para que se vea lo inverosímil de esta posibilidad. Trataré de hacer un acercamiento somero al tema para determinar su posibilidad, partiendo de que el tope de gastos de campaña de 330 millones de pesos, evidentemente fue rebasado por el PRI varias veces, examinando el asunto desde luego a ojo de buen cubero,  pues recordemos que tan solo en los traslados de Peña Nieto y su séquito a diferentes lugares del país, se hacían en hasta 3 aviones privados, entre otros gastos onerosos como hospedajes y comidas de todos sus acompañantes, además de las rentas de salones o espacios para los actos políticos, equipos de sonido,  estrados, pago a trabajadores, publicidad, acarreos (trasportes, comidas, playeras, matracas, etc.) y otros gastos menos visibles, como los 1,500 taxis que rentaron en Nayarit a mil pesos cada uno para mover a sus votantes durante la jornada electoral (según me confesó un taxista). El punto sin embargo se centra en los posibles gastos de compra del voto, de su volumen, toda vez que en las redes sociales circularon muchas evidencias de todo tipo que sin duda son datos empíricos incuestionables, aunque paradójicamente sean difíciles de usar como pruebas.

 El tope de gastos de campaña como se mencionó fue de alrededor de 330 millones de pesos más o menos. Ricardo Monreal llegó a decir en los primeros días posteriores a la jornada electoral, que el PRI rebasó ese límite al menos 14 veces, aunque recientemente su equipo dice que tienen pruebas de exceso de gastos de por lo menos 6 veces más que el tope legal. Con la primera estimación estaríamos hablando entonces de más de 4 mil 600 millones de pesos gastados (invertidos para ellos) en las despensas típicas, tarjetas de Soriana para adquirir mercancías, tarjetas con tiempo aire para llamar por teléfono, pago de operadores (mediante un esquema multinivel o piramidal), sobornos a comunicadores, entre otros muchos. Gran parte de este dinero es incluso no rastreable porque se manejó en efectivo sin comprobantes de ninguna especie e incluso es de procedencia dudosa por decir lo menos. De estos gastos excesivos  se han venido dando muchos testimonios diversos en Internet, como la propaganda del PRI en trípticos con billetes incrustados, reuniones en locales cerrados atestados de gente durante la jornada electoral donde se pagó directamente a cada votante y otras formas innovadoras que solo a los genios de la corrupción se les puede ocurrir. Tal vez la cifra sea incluso mayor a la que supuso Monreal al principio, es decir, quizá ronde en los 6 mil millones de pesos o más, tomando en cuenta también el uso generalizado de los recursos de las dependencias públicas, pues la compra de al menos 5 millones de votos que es lo que se cree adquirió el PRI de gente miserable de espíritu, requiere de fuertes cantidades de dinero que a mi juicio si están al alcance de la mafia priista.

 La pregunta de si una cifra de ese tamaño estaría al alcance del PRI tendría una respuesta afirmativa. Recordemos que tienen 20 gobernadores que echan mano del presupuesto a su antojo gozando de total impunidad y que podrían haber estado preparando un fondeo financiero para esta campaña con mucho tiempo de antelación. De hecho se ha llegado a decir que gran parte del endeudamiento excesivo de los gobiernos estatales priistas sería en parte con fines electorales. Asimismo, es cosa sabida que  los gobiernos priistas se han caracterizado por incurrir en usos facciosos y patrimonialistas del erario público desviando los recursos a su arbitrio; que existe una corrupción endémica en los gastos de los dineros públicos en obras y adquisiciones con contratistas y proveedores donde se suelen inflar costos; que en este tipo de corruptelas se han tejido  redes de complicidad con algunos empresarios que también aportan recursos a cambio de mantener privilegios de negocios; tampoco se descarta que haya dinero de procedencia ilegal (piense por ejemplo en los decomisos de dinero de delincuentes del crimen organizado y otras variantes relacionadas al mismo). Todas estas fuentes de financiamiento son posibilidades plausibles.

 Desde luego que nadie está diciendo que todos los que votaron por el PRI fueron comprados con dinero en efectivo, con monederos virtuales, prebendas, etc. Para nada, muchos otros fueron amenazados con retirarles apoyos diversos de los programas sociales si perdía el PRI; otros solo necesitaron promesas de un empleo; a los burócratas de los gobiernos estatales y municipales donde gobierna el PRI los amedrentaron y coaccionaron con represalias laborales como por ejemplo no recontratarlos si son eventuales o escamotearles sus derechos si son de base; y desde luego, hubo quienes votaron por el PRI por otras razones ajenas a la coacción: por inercia (“mi familia siempre vota por el PRI”), por irse a la cargada  inducidos por los medios y las encuestas decían que iba a ganar Peña por un amplísimo margen, por conveniencias personales (aviadurías, chayotes, sueldos altos, etc.), por frivolidades (“porque Peña está guapo”), por masoquismo (víctimas apoyando a sus verdugos) y hasta por convicciones auténticas (aunque sean difíciles de admitir).

 Pero la inducción y coacción del voto, junto con la compra del mismo, fueron lo determinante, principalmente esto último. En el SNTE por ejemplo, me contaron algunos maestros conocidos míos, que un enviado del sindicato los abordaba en sus centros de trabajo y les pedía que se involucraran en actividades de promoción de los candidatos del PRI: “No es obligatorio -les decían- pero el sindicato tomará en cuenta su apoyo”. Resulta ocioso explicar el sentido de esta frase. Aparte de ir de puerta en puerta o agitar banderolas en una esquina haciendo el ridículo en actividades proselitistas ajenas a sus funciones, les pedían listas de 10 votantes para el PRI. En otro caso que conocí y que fue una práctica generalizada, a una amiga mía (abogada), se le amenazó con despedirla del trabajo si no les proporcionaba una lista de 10 votantes seguros (lo que incluía copias fotostáticas de la credencial de elector). Ella creyó que saldría al paso apoyándose entre familiares y amigos quienes le hicieron el favor de prestarse simuladamente, pero no contaba con esa lista sería verificada por otra persona del PRI que se dio cuenta que la mayoría de esa lista votarían por otra opción, lo que le valió una reprimenda y se le obligó de nuevo a juntar los 10 votos “auténticos” para el PRI. Para verificar estas listas por cierto, lo que hacían era fingir una encuesta domiciliaria, preguntaban tu nombre y tu preferencia electoral, y de ese modo sabían si el apoyo era real o no (aunque siempre cabía la posibilidad de mentirles si uno estaba alerta). Mi amiga no tiene base en su trabajo y es madre de varios hijos, de manera que no quiso arriesgarse a perder su empleo que es el sustento de su familia.

Del mismo modo se pueden ir añadiendo muchas otras formas ilegales e inmorales de apoyos que el PRI obtuvo de diversas instituciones públicas cuyos recursos materiales y humanos se utilizaron de manera patrimonialista en su campaña, mismas que desde luego no son detectadas o no se pueden comprobar. De este modo obtuvieron muchos brigadistas y activistas gratis, usaron teléfonos, computadoras, papelería, vehículos, etc., de muchas dependencias de gobierno también en forma gratuita, aunque lo de “gratuito” es un decir porque realmente estamos hablando  desvío de recursos públicos o peculado.

 Todas estas variedades de apoyos y fuentes de financiamiento juntas, acumulan un poder económico nada despreciable, aunado a las inducciones con encuestas copeteadas, comentaristas alcahuetes que se parapetaban en ellas para generar una percepción de invencibilidad de Peña Nieto y otras formas más de inequidad e iniquidad electoral que generaron ventajas desleales e ilegales a favor del PRI, amén de toda una serie de delitos electorales perpetrados impunemente ante la complacencia sospechosa de las autoridades electorales, sin olvidar el insólito crecimiento de las casillas rurales contrarias a las tendencias de población del país según el INEGI que señala que la inmigración del medio rural al urbano es una constante. Curiosamente en las zonas rurales Peña Nieto salió favorecido, mientras que en el medio urbano le fue más desfavorable.

En suma, las condiciones de posibilidad de unos comicios democráticos fueron inexistentes de tal forma que una cantidad importante de personas que votaron por el PRI no ejercieron su sufragio de manera libre sino coaccionada de una u otra manera. No creo ni por asomo que el PRI pueda tener éxitos electorales sin usar grandes cantidades de dinero y sin contar con una impunidad plena. La asombrosa maquinaria electoral que despliega el PRI con una enorme eficacia, tiene por consiguiente como mecanismo fundamental el empleo de dinero a raudales e impunidad absoluta para violar las reglas del juego democrático. Así las cosas, podemos imaginar para la siguiente “contienda” la aplicación de esta misma estrategia electoral pero ahora con el PRI en el gobierno federal. Llegamos al absurdo de que podemos tener votaciones sin democracia porque como en los viejos tiempos del PRI avasallante, el pueblo vota pero no elije. Nada de esto debe soslayar sin embargo las limitaciones de los partidos y dirigentes de izquierda cuyas prácticas de corrupción en sus partidos y en sus gobiernos se asemejan mucho a las del PRI, lo que impide que muchos electores los vean como una alternativa de cambio válida y deseable. En este punto que está más a nuestro alcance, se tendrá que trabajar sin dilación con gran sentido autocrítico, esto es, una vez consumada la imposición que independientemente del esfuerzo que se haga por limpiar las elecciones, se dará por desgracia.

Ricardo Luque - El proyecto hidroeléctrico Las Cruces a discusión

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces a discusión

César Ricardo Luque Santana

El día lunes 18 de junio en la localidad de Ruíz, Nayarit, justamente en el edificio anexo a la presidencia municipal conocido como “Mesón de los Deportes”, se llevó a cabo un interesante Foro de Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, cuya convocatoria lanzada por la fracción parlamentaria del PRD atrajo a unas 200 personas, entre funcionarios del gobierno federal de la SEMARNAP, CONAGUA, CFE, diputados del Congreso local de todos los partidos políticos como el panista Santos Rentería de la Cruz (del distrito VI que abarca El Nayar y La Yesca), el priista Alejandro Tapia (diputado por el distrito XVI de Rosamorada y Ruiz), la del verde ecologista Leonor Naya y desde luego los propios legisladores del PRD Lolita Porras y Miguel Ángel Arce Montiel. También fueron invitados los presidentes municipales de Rosamorada, Ruíz, Tuxpan y Santiago, presentándose sólo el de este último municipio (Pavel Jarero) quien además participó con una ponencia. Los demás alcaldes se disculparon por no asistir aduciendo en algunos casos compromisos previamente contraídos y en otros cancelaron de última hora su asistencia, enviando en algunos casos una representación, como ocurrió con el anfitrión Librado Casas donde la sindico municipal representó al edil. Asimismo, se dieron cita gente de organizaciones ambientalistas, investigadores de la UAN y ciudadanos de diversos puntos de la entidad, destacando la participación en el debate de los miembros del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro.

 La discusión comenzó alrededor de las 11 de la mañana y terminó 3 horas y media después, luego de 27 ponencias en pro y en contra de la construcción de la presa Las Cruces, predominando las voces en contra de la misma sobre aquellas que se declararon a favor, mientras algunas otras manifestaron posturas intermedias señalando que estaban meditando las ventajas y desventajas de un megaproyecto como el mencionado para ponerlas luego en la balanza y tomar un decisión más informada. Esto último fue el caso de un par de ciudadanos que evidentemente no están todavía lo suficientemente empapados en el tema, si bien todos los ponentes admitieron que no hay información completa y oportuna de parte de las instancias del gobierno federal involucradas en este asunto, mismas que se limitaron a señalar que el estudio de impacto ambiental, social y técnico está aún en proceso.

 Resulta desde luego imposible presentar en un espacio como este un resumen de cada ponencia -algunas por cierto muy destacadas- pero en su lugar se hará una descripción sumaria de las posturas en pugna y posteriormente en You Tube se subirán gradualmente de manera completa las ponencias más significativas de unos y otros para que los interesados en este debate tengan elementos de juicio para formarse su propia opinión, asuman una postura determinada y actúen en consecuencia. La información veraz y oportuna es sin duda una herramienta indispensable para tomar partido en estos temas tan trascendentes, pero también lo son las valoraciones preliminares y las proyecciones de escenarios con base científica y otros criterios también válidos que nos permitan comprender y dimensionar las consecuencias de un proyecto de este tipo, en el entendido de que es necesario que toda la información técnica, científica, social, cultural y ambiental, fluya de manera trasparente, en primer lugar, la proveniente de las instancias implicadas en el proyecto de la presa, mismas que deberán ser contrastadas o avaladas por instituciones de investigación independientes como las universidades públicas mexicanas. Hay que insistir que la información requerida no sólo es de orden técnico sino también social, cultural, económico, etc. También cabe agregar que en las ponencias que cuestionaron la viabilidad del proyecto hidroeléctrico, se planteó la posibilidad de encontrar alternativas de desarrollo social y energético mostrando con ello que no hay una actitud per se de confrontación con las autoridades e inversionistas privados, sino preocupaciones legítimas de los alcances que este proyecto puede tener en cuanto al daño al ecosistema de la región de la Cuenca del Río San Pedro y zonas aledañas que dependen de su cauce, así como la problemática de orden cultural (por ejemplo a los lugares sagrados de los pueblos originarios, en concreto los Coras) y los de tipo social como los desplazamientos de población o de comunidades enteras, el posible impacto económico negativo a los lugareños y el daño que se ocasionaría a las marismas nacionales que se suponen están protegidas por decreto presidencial, el cual de darse, impactaría más allá de lo meramente regional. En este sentido, la pura factibilidad técnica no es suficiente sin su viabilidad económica, social, cultural y ambiental, pues existe el riesgo -como resumió magistralmente el diputado Miguel Ángel Arce Montiel- de que se obtengan “beneficios efímeros” a cambio de “daños duraderos”.

 En las ponencias de los opositores al proyecto hidroeléctrico se esgrimieron diversos argumentos enfatizando el factor medioambiental que según ellos causaría un daño a todo un ecosistema con una flora y fauna única en algunos casos y esencial para la vida de muchas especies endémicas y migratorias. Preocupa sobremanera el eventual daño a las marismas nacionales de lo cual se tiene como referencia grande extensiones de manglar muerto provocado por el canal de Palmar de Cuautla donde el mar continúa ganando terreno ensalitrando las aguas que deberían de mezclarse proporcionalmente con agua dulce, y de paso, este exceso de salinización perjudica a las tierras de cultivo de manera severa dando al traste con la agricultura, entre otros perjuicios debido a los cambios drástico del pH o alcalinidad. A propósito de este aspecto relacionado con producción, se tiene documentado  los daños que las presas suelen provocar a los cultivos río abajo porque al embalsarse las aguas, se impiden el arrastre de sedimentos que nutren las tierras de cultivo las cuales se ven privadas de esos nutrientes quedando expuestas en algunos puntos a la salinización empobreciéndolas irremediablemente. Está asimismo el problema de los desplazamientos de pobladores y los diversos antecedentes negativos de las otras 3 presas del estado, a saber, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, donde los lugareños de esos respectivos lugares testimoniaron de que las promesas del gobierno nunca fueron cumplidas o lo hicieron a medias, y donde además, estudios científicos longitudinales de investigadores de la UAN, han demostrado que los daños ocasionados al medio ambiente fueron muy severos e imposibles de resarcir. Están también las preocupaciones de los pueblos originarios por la profanación de sus lugares sagrados y porque como dijo un huichol de La Yesca, se sienten extranjeros en sus propio territorio. Incluso hasta se cuestionó el nombre del Foro porque se dijo que no conocían los estudios de impacto ambiental y de otros tipo de la CFE, sino que solo se conocía la intención de hacer una cuarta presa y que en ese tenor, el Foro debía ser en defensa del Río San Pedro, entre otras muchas denuncias y análisis que como se mencionó oportunamente, resulta imposible resumir en un espacio como este.

 Del otro lado de la moneda, hubo posturas como se dijo intermedias de algunos ciudadanos de los municipios que probablemente ente serían afectados en caso de la construcción de la presa Las Cruces, otras relativamente neutrales de las instancias federales que hablan de que todo está en stand by, que se está en la etapa de los estudios, que hay voluntad por escuchar todas las voces, de conciliar todos los intereses, de tomar en cuenta todos los aspectos del proyecto de manera integral, etc. Hubo también algunas posturas que se pronunciaron a rajatabla por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, desdeñando los argumentos de los opositores, insistiendo en los beneficios económicos a corto plazo, magnificando la “derrama económica” como suelen decir, que según su perspectiva equivale a una prosperidad para todos o la mayoría. La cuestión económica, idealizada, presentada sin ponderaciones, se puso por encima de cualquier objeción ambiental, cultural, etc., incluso en algunas intervenciones se esgrimieron argumentos pedestres menospreciando las secuelas negativas que una obra de esa magnitud pudiera acarrear. Creo que nada mejor que compartir en Internet los argumentos de promotores y detractores para hacer una valoración personal, sin mediaciones sesgadas de ninguna especie.

 Finalmente, lo importante en sí mismo fue la realización de ese encuentro plural, la oportunidad de utilizar estos espacios de diálogo y debate para confrontar posturas, para valorar argumentos, dejar claro de que ningún proyecto va sin tomarle parecer a todos los directa e indirectamente afectados, pero sobre todo, poner de relieve que no se trata solamente de que existan condiciones naturales, capacidad técnica de ingeniería y un supuesto beneficio económico que está por demostrarse que sea para todos y que además no resulte contraproducente por el daño que podría ocasionar a uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Hay que ver si el costo ambiental cultural y social justifica un proyecto de esa envergadura, pues como dijo lapidariamente un joven en su ponencia, al parecer “somos gigantes de la tecnología, pero enanos en lo social”. Ojalá que este Foro sea el disparador que desencadene otros foros y otros medios y mecanismo de información y discusión, los cuales  que en una sociedad democrática son un requisito insoslayable.

 

Ricardo Luque - El corporativismo sindical priista en época de elecciones

El corporativismo sindical priista en época de elecciones

 

César Ricardo Luque Santana

Ha trascendido la presión que los charros sindicales del SNTE ejercen sobre los maestros de educación básica del Estado de Nayarit a quienes obligan a hacer proselitismo para Peña Nieto visitando casa por casa para identificar a quienes van votar por él o por otros candidatos. Un operador del cacique magisterial los reúne en la escuela y les dice que el sindicato les pide ese apoyo y les enfatiza que es no es obligatorio pero que tomaran nota de aquellos que los apoyen. Al buen entendedor pocas palabras. Lo triste es que la mayoría de los profesores sucumben a esta presión burda aunque aparente no serlo, pues saben que sus demandas o requerimientos de más horas o cualquier otra prestación no prosperarán sin el consentimiento del sindicato y que incluso se puede ver obstruida. La antidemocracia interna del sindicato hace que los profesores estén vulnerables hacia este tipo de medidas fascistas, tal como sucede con otras organizaciones paralelas como la FEUAN y otras que hacen un uso discrecional de los recursos públicos que las autoridades indebidamente ponen en manos de dirigentes corruptos.

 Los sindicatos patronales como el SNTE y otros vinculados orgánicamente al PRI -a veces en forma solapada porque formalmente se asumen como plurales- no son realmente independientes ni tienen una vida interna democrática, sino que constituyen verdaderas mafias cuya existencia e impunidad se debe a la estrecha relación que mantienen  con los gobiernos en turno emanados del PRI o del PAN. Sin este apoyo de arriba, estos dirigentes espurios, corruptos y represores, no podrían utilizar los sindicatos como sus feudos puesto que sus condiciones de posibilidad serían nulas. Al no tener un respaldo político ni económico de los gobernantes, este tipo de dirigentes no podrían mantener el férreo control que tienen sobre los trabajadores quienes de manera individual no pueden desafiarlos ya que enfrentarlos a ellos es enfrentar al gobierno.

 Los usos patrimonialistas y facciosos de los sindicatos y otras organizaciones priistas (abiertos o disfrazados), solo pueden romperse con la decisión de los maestros de hacer valer sus derechos constitucionales y contractuales mediante la organización y la lucha, pero podrían potenciarse si al mismo tiempo estos dirigentes corruptos no cuentan con apoyo de autoridades que los solapen. En el primer caso, los maestros deben entender que es poco el daño que les pueden hacer sus dirigentes, aunque la libertad siempre implica pagar un precio, de ahí el miedo a la libertad de algunos porque ser libres implicas asumir ciertos riesgos y costos; lo otro es la importancia de contar con gobernantes de vocación democrática que sin irrespetar la autonomía sindical (incluso tratándose de sindicatos corruptos), deben dejar que los trabajadores por sí mismos se liberen de sus verdugos. La única ayuda válida es dejar de solapar las actividades ilícitas de esos dirigentes y no permitirles que todo aquello que sea facultad del Estado o las autoridades, lo manejen dichos dirigentes. Se debe avanzar también legalmente en obligarlos a rendir cuentas de las cuotas sindicales y en ceñirse a procedimientos democráticos de elección de dirigentes. Estas últimas tareas deben correr a cargo de los legisladores.

 El descrédito de los maestros promovido desde arriba  por las elites del poder para incentivar la privatización de la educación, impedir que se construya un sindicato de maestros realmente independiente que eventualmente se ligue a las luchas populares y su empecinamiento  por imponer un “modelo” educativo al gusto de los grandes capitalistas donde las personas no cuentan como tales sino meros “recursos” a los que hay que medir por su rentabilidad, son parte de una estrategia integral que a la vez que busca domesticar a los trabajadores para que acepten condiciones de trabajo cada vez más adversas, les permite esparcir desde la educación a la población una ideología proclive al capitalismo depredador donde la educación deja de ser un derecho y un motor de ascenso social, para convertirse en una mercancía y en una forma de ganar la lucha por la subjetividad inculcando una mentalidad de servidumbre voluntaria a las personas de tal suerte que crean que los intereses de sus victimarios son los mismos de ellos. Los problemas de las evaluaciones al magisterio que han servido no para mejorar la docencia y elevar la calidad educativa como se dice en el discurso, ha servido para denostarlos socialmente sin reparar que las deficiencias de formación de los maestros son responsabilidad del Estado. Esto significa que el gobierno escupe para arriba. Las prácticas de heredar plazas de padres a hijos es también utilizado por los propagandistas del gobierno para golpear a los maestros cuidándose de señalar a los dirigentes corruptos que venden plazas. Estos dos últimos puntos han sido abordados recientemente por un artículo de mi hermano el maestro Fausto Luque y quiero traerlo a colación por la claridad con la que aborda estos espinosos asuntos:

 Respecto a la negativa de algunos profesores ala evaluación universal (tanto de la disidencia magisterial como del oficialismo) Fausto Luque nos dice lo siguiente: “… el rechazo de muchos maestros a [la] evaluación [es] válido en ciertos aspectos, […] es necesario señalar asimismo que los maestros no nos negamos a ser evaluados y de hecho todos los que somos asalariados del Estado debemos rendir cuentas a los contribuyentes sobre nuestro desempeño.” Más importante  aún es la reflexión que hace sobre la herencia y venta de plazas: “tampoco me parece éticamente incorrecto transferir las plazas a nuestros descendientes directos siempre y cuando tengan los perfiles idóneos y se cumpla una normatividad institucional de manera que no se violen derechos de terceros. No se trata en este punto de una herencia a la manera de un patrimonio físico como un bien inmueble, sino de un trato preferencial entendido como una conquista laboral sana que por cierto ocurre en otras instituciones públicas y que desde luego debe ser regulada para evitar perjuicios. Lo que no se vale es que un sujeto enquistado en el poder sindical [en este caso Liberato Montenegro Villa y otros dirigentes corruptos], maneje a su antojo las plazas de los maestros incurriendo en un tráfico inmoral e ilegal de las mismas.” El resto de su análisis no tiene desperdicio: “lo que molesta a los maestros que honestamente hacen su chamba, es que su sindicato, que debe ser un instrumento de lucha que defienda sus intereses y los de la educación de los mexicanos porque ambos no están reñidos entre sí, sea en la práctica una instancia que está secuestrada por un grupo de bribones los cuales constantemente utilizan contra su voluntad a los maestros en actividades políticas que solo benefician al cacique y a su mafia. Admito desde luego que habrá profesores sin dignidad que no les molesta actuar servilmente con el cacique para congraciarse con él buscando prebendas en vez de ganarse ascensos de manera honesta e institucional a través de las mejoras en su formación y desempeño profesional, mismas que deben abonar o traducirse en resultados positivos en la calidad educativa.” Hasta aquí la larga cita que pinta de cuerpo completo lo que significa esta mafia sindical.

 Enseguida me permito concluir este escrito con la siguiente reflexión donde en modo alguno deseo que se interprete que los colegas maestros son en sí mismos unos cobardes o una borregada, si bien existen personas indignas como se dijo en las últimas líneas del párrafo anterior que se bajan los pantalones (o las faldas) para ser acometidos por sus victimarios. Es verdad que muchos maestros y maestras se sienten obligados a realizar actividades extra-académicas como hacer proselitismo para un partido político para no verse perjudicarse en sus trabajos, pues legítimamente deben cuidar el sustento de sus familias. A ellos les digo que solo un cambio verdadero en la presidencia de la república pondrá fin a los cacicazgos sindicales y provocarán las condiciones de una democratización de los mismos para que nunca más sean humillados forzándolos a realizar actividades ajenas a su quehacer docente que solo benefician a una camarilla de mafiosos. A estos maestros que con un temor no infundado se pliegan a los caprichos y manoseos políticos de sus dirigentes abusivos, les afirmo categóricamente con un presidente como Andrés Manuel López Obrador este tipo de dirigentes facciosos y patrimonialistas no tendrán oportunidad de seguir haciendo sus fechorías amedrentando a los maestros ni podrán seguir medrando con los recursos de los trabajadores como si fueran suyos. Ojalá los maestros de Nayarit y México lo entiendan y despierten de su letargo aunque estén bajo presión de la mafia sindical que les obliga de un modo u otro a hacer proselitismo para el PRI y Peña Nieto. Este control corporativo se puede no obstante  romper a la de ya porque siempre hay espacios para obrar libremente, tanto en la consciencia propia donde nadie puede penetrar, como con la gente más cercana y de confianza de los maestros que son sus familiares y amigos íntimos, así como en las urnas donde la secrecía del voto les da la oportunidad de cobrar agravios y restaurar su dignidad ultrajada. Claro, si quieren ser libres.

Ricardo Luque - Tolerancia e intolerancia

Tolerancia e intolerancia

César Ricardo Luque Santana

La tolerancia absoluta lleva al relativismo cognitivo y moral.  Significa que “todo vale” y que “todo está permitido”. Se confunde con ello el respeto a la persona y su derecho a expresarse libremente, con una permisividad per se a sus posturas y actitudes blindándolas de la crítica. La intolerancia es válida por consiguiente contra las ideas falsa basadas en prejuicios, sobre ideologizada, etc., así como contra las prácticas deleznables y las actitudes nefastas.

Estoy de acuerdo en que nadie posee la verdad absoluta (ni los científicos), que todos podemos tener parte de ella y que mediante el diálogo y el debate podemos esclarecernos las cosas a nosotros mismos distinguiendo lo cierto de lo falso y lo moral de lo inmoral (y lo amoral). Estoy de acuerdo también en que las posturas maniqueas que absolutiza las posturas propias descalificando en el mismo sentido las opuestas son erróneas, pero tampoco existen posturas desinteresadas o pretendidamente asépticas o neutrales. El problema no son los intereses en sí mismos sino el tipo de intereses que se defienden, y en este sentido, considero que la orientación de izquierda ofrece una ventaja sobre la postura de derecha porque la primera supone un sustento ético, mientras que la segunda suele carecer de él. Esto no significa en modo alguno que por ser de izquierda automáticamente se tenga la razón y la derecha esté siempre equivocada. Lo que trato de decir es que es más lógico admitir que alguien cuya orientación política se decanta por la equidad, la justicia, la generosidad y por una fórmula democrática donde quien gobierne mande obedeciendo, sea más proclive a tomar actitudes racionales y éticas que quien promueve actitudes mezquinas basadas en una actitud egoísta que busca su provecho personal en detrimento de los demás, aunque desde luego hay personas que no tienen intereses económicos propios que defender sino que actúan movidos por meros prejuicios, atentando incluso contra sus propios intereses, como es el caso de muchos asalariados y desempleados que defienden inconscientemente un sistema que los excluye, que les escamotea sus derechos sociales. En un caso por ejemplo, se fomentan valores solidarios y fraternos; en el otro se cosifica al ser humano y a las relaciones humanas. El ser humano es sujeto y no objeto, pero cuando las relaciones humanas están envilecidas por el dinero, las personas son tratadas como cosas, como instrumentos, recursos, etc. En este punto cabe hacer  una analogía con el conocimiento científico que también necesita de filtros llamados marcos teóricos, pues no hay conocimiento de la realidad que prescinda de conocimientos previos, como tampoco sería válida una postura como el anarquismo epistemológico de un Feyerabend quien le da el mismo valor al pensamiento mágico que al racional.

 En este orden de ideas, creo que la postura de izquierda permite ser más receptivo a la verdad o a la racionalidad, a la demanda de que la prosperidad material no sea excluyente. La izquierda y la derecha no deben ser tomadas en términos ideológicos, sino como actitudes ante la vida. Por ello, la izquierda no se reduce a un partido ni a una doctrina política. Ser de izquierda es estar a favor de toda forma de progreso, no solo en el terreno científico sino también social. Originalmente, los conceptos de izquierda y derecha nacieron en Asamblea Nacional Constituyente posterior a la Revolución Francesa (1879) donde la bancada situada a la derecha del presidente de la misma, defendía el poder absoluto del rey, mientras la bancada ubicada a la izquierda trataba de limitarlo dándole sentido al cuerpo parlamentario. Desde entonces, se identifica a la izquierda con actitudes progresistas, laica, de promoción de la igualdad social, de defensa de los derechos sociales o civiles por encima de los intereses estrictamente individuales que defiende la derecha que además tiende a ser confesional y conservadora. 

 Por estas razones, sostengo que la posición de izquierda es una condición necesaria pero no suficiente para ejercer un pensamiento crítico, pues lejos de empañar la búsqueda de la verdad la potencia siempre y cuando se considere sin reservas el principio planteado por Antonio Gramsci de que “solo la verdad es revolucionaria”. Este principio nos pone en guardia contra la autocomplacencia permitiendo que fluya la autocrítica sin llegar a una autoflagelación y menos aun como se dijo al principio, a admitir un relativismo que al asumir el “todo vale” equivale a “nada vale”. Esto último lo menciono por los constantes reproches que se nos hacen desde posiciones de derecha de que solo nos gusta ver la paja en el ojo ajeno pero no en el propio, reproche que abordaré enseguida.

 Los adversarios de AMLO (principalmente priistas) que nos recriminan a sus seguidores (y a él) una actitud “intolerante” porque defendemos nuestra causa de una manera firme, nos echan en cara de que solo vemos las fallas del adversario y no las propias, sin reparar que estamos en lucha donde se juega el destino de la nación e ignorando los matices que al menos en mi caso trato de hacer para evitar caer en un maniqueísmo o en actitudes dogmáticas. Ciertamente me he negado tajantemente a equiparar casos similares que llevan a la falsa lectura de que todos los políticos son iguales confundiendo la tolerancia con un relativismo inadmisible al que aludí en el primer párrafo. Exigen pues que uno reconozca fallas propias, pero cuando uno lo hace matizándolas, no admiten dichos matices porque los consideran como meras coartadas, sin refutarlos, y peor aun, parapetándose en un comportamiento cínico que equivale a decir: “pues sí, en el PRI (o el PAN) hay corruptos, pero en sus filas también, ergo, todos son iguales”. Este es justamente lo que hay que debatir, porque mientras en la izquierda la corrupción es una anomalía, en los grupos de derechas es parte de su idiosincrasia. No hay comparación válida cuantitativa ni cualitativa y por ende no cabe hacer generalizaciones.

 Los intentos de algunos querer minar la credibilidad de AMLO insistiendo en que “todos son iguales”, que la izquierda no está exenta de corrupción (lo cual es cierto), padecen de lo mismo de que se quejan, es decir, de tomar una postura intransigente cerrando el paso a explicaciones plausibles. No pueden o no quieren entender que si su pretensión de comparar como equivalentes los casos de corrupción de políticos de los diversos partidos -sin afán de exentar a los propios- no tiene punto de comparación. Si Bejarano por ejemplo, es un caso emblemático o paradigmático de la corrupción perredista o de las izquierdas, su transgresión a la ley y a la moral palidece si se compara con otros corruptos como Diego Fernández, Vicente Fox, Carlos Romero Deschamps y una larguísimo lista de políticos y empresarios ligados al PRI que se han hecho inmensamente ricos a la sombra del poder político. Es como si se compara el robo de un desodorante que un pobre hace en un supermercado, con estafas multimillonarias que curiosamente no están tipificadas como delitos graves. Ante la ley (que no necesariamente es justa), robo es robo y ambos son rateros. Pero el primero se va al bote sin tocar baranda mientras que el segundo sale impune de su delito. René Bejarano, un personaje de suyo indefendible y con mala fama en la misma izquierda desde antes del escándalo, no robó al erario público, sino que recibió dinero de un particular (Carlos Ahumada) a quien haría favores que nunca le hizo. Se fue además a la cárcel (a diferencia de la mayoría de los priistas corruptos que gozan de impunidad) y su carrera política quedó maltrecha, si bien ha sobrevivido gracias a la fuerza de su tribu política. Pero decir que la gente de izquierda en su conjunto no se afrenta de este tipo de personajes es mentir, es actuar de mala fe. Han sido los priistas (y en menor medida los panistas), quienes defienden a sus corruptos a capa y espada o les dan la espalda simuladamente como ocurre actualmente con Tomás Yarrington que de momento es una piedra en el zapato para Peña Nieto en esta coyuntura electoral. Del mismo modo, los priistas y su el candidato presidencial ha tratado de desmarcarse mediáticamente de otros de sus correligionarios de mala fama pública como varios de sus ex gobernadores (Ulises Ruiz, Mario Marín, Ney González, Roberto Madrazo, Fidel Herrera, Humberto Moreira, etc.) a quienes  mantienen debajo de la alfombra pero que sin embargo protegen. Tampoco hay punto de comparación en cuanto a la cantidad de casos sin que eso sea una disculpa, pues la izquierda debe sustentarse en una actitud ética, de ahí que en ella pesen mucho las transgresiones a la ley y a la moral.

  Hay entonces una dialéctica entre la tolerancia y la intolerancia que se debe observar para moverse dentro del pensamiento crítico, mientras que las posturas unilaterales que absolutizan una parte en detrimento de la otra, llevan a actitudes sectarias, dogmáticas, y por ende autoritarias. La tolerancia es pues a las personas y a su libertad de expresión; la intolerancia a la ideas falsas, las actitudes nefastas, las prácticas de corrupción, contra la injusticia, la exclusión, el dominio, la explotación, etc. Por ello, celebro la intransigencia o intolerancia de López Obrador contra los altos sueldos de magistrados, consejeros del IFE, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, secretarios de Estado y contra los dispendios de los gobernantes.
luque2009@gmail.com

Ricardo Luque - El falso llamado al voto nulo

El falso llamado al voto nulo

César Ricardo Luque Santana

Votar o no votar no es un dilema (al menos por ahora); tampoco lo es anular el voto (voto en blanco). Creo que bajo las circunstancias actuales es necesario ejercer el sufragio y hacerlo a favor de AMLO. Empezaré por cuestionar las propuestas –por cierto aisladas- principalmente emitidas en las redes sociales que se pronuncian ambiguamente por el abstencionismo o el voto blanco.  Enseguida daré unas cuantas razones para sustentar la necesidad de votar y para justificar el sentido de mi voto.

Hace tres años, durante las elecciones federales intermedias, abordé de manera exhaustiva el tema del voto nulo y del abstencionismo, principalmente del primero. Intuí que el tema se instalaría con fuerza en el Internet, no tanto en las redes sociales que eran incipientes sino en blogs (el movimiento de los “blogueros”), cosa que efectivamente sucedió, si bien con retraso de un par de meses porque se suscitó en México y otros países el problema de la pandemia de gripe, situación que eclipsó parcialmente el tema que luego emergería con la fuerza que yo había previsto ocasionando incluso un virulento debate entre sus promotores y detractores.

Mi intención original en esa ocasión fue darle seguimiento a la evolución de esa discusión, ayudar a su esclarecimiento mediante la difusión de las distintas reflexiones, valorando las razones vertidas por unos y otros y fijando desde luego una postura propia. La esencia del movimiento por el voto nulo fue enderezado esencialmente como una crítica a la partidocracia, como muestras de hartazgo y repudio a las burocracias políticas de todos los partidos, como expresión de una crisis de la democracia representativa y deliberativa que había degenerado en una disputa sorda por el botín de los recursos públicos desdibujando los proyectos de nación en pugna e incluso opacando la posibilidad de un proyecto alternativo al neoliberalismo. Las feroces disputas internas en los distintos partidos por las candidaturas a legisladores (principalmente plurinominales) al grado de hacerse a sí mismos fraudes electorales o recurriendo a mecanismos verticalistas para imponer a los incondicionales -muchos de ellos de bajo perfil- de la nomenklatura, alimentaban un rechazo de algunos sectores de la sociedad hacia las prácticas desaseadas de los partidos, aunado al descrédito de los legisladores de ambas cámaras y las campañas malsanas del duopolio televisivo para reforzar dicho descrédito a éstos y a la clase política en su conjunto.

 Me pareció, dada las circunstancias de ese momento, que una estrategia ciudadana a favor del voto nulo era viable y que habría que probar los alcances de la misma, pues el abstencionismo prácticamente no es tomado en cuenta en los conteos y su existencia se presta a múltiples interpretaciones, porque no siempre queda claro que signifique un desprecio deliberado a los procesos electorales. Este rechazo me atrevo a decir,  no era en sí mismo contra las elecciones sino con la manera en que solían darse donde la voluntad del pueblo era burlada impunemente provocando un desencanto. Esta postura de pensar las elecciones en términos fraudulentos era una inercia de las épocas donde el PRI tenía el monopolio de la política, donde controlaban las instancias electorales actuando como juez y parte, donde tenían un control casi absoluto de los medios impresos y electrónicos, etc. Este avasallamiento que el PRI hacía desde el poder a las demás fuerzas opositoras e incluso la fabricación de partidos paleros o satélites por parte del gobierno, les permitían incurrir a las formas más burdas y descaradas de fraude. El abstencionismo como tal puede tener sin embargo también otras causas como la apatía de muchas personas que deciden no ejercer su derecho al voto por razones incluso baladíes, o por extraviar su credencial de elector o no haberla tramitada a tiempo, entre otros factores posibles. El voto nulo en cambio implica que el ciudadano acude a la urna y manifiesta explícitamente su inconformidad con los candidatos, los partidos, el régimen, los poderes facticos, las autoridades electorales y en sí contra la inequidad del proceso electoral y la falta de certidumbre en la legalidad de las elecciones.

 Reconozco que simpaticé con la postura del voto nulo aunque mi conclusión fue matizada al considerar las situaciones específicas. Decía por ejemplo que no se trataba de aplicar mecánicamente esta estrategia sin reparar en el contexto o en el candidato. En este último caso, decía que ante una candidatura como la de Rosario Ibarra o alguien con su prestigio, sería un error anular el voto. De cualquier manera, el entusiasmo que se despertó en ese momento no se tradujo de manera significativa en las urnas, más no obstante, sus promotores más radicales hasta realizaron un congreso al respecto en la ciudad de Guadalajara. Lo rescatable de esa temática que por momento atrapó la agenda de los candidatos y dirigentes políticos y cuya reacción en general fue para mi gusto inapropiada porque mostraron falta de sensibilidad a las razones válidas que impulsaron a un segmento importante de electores a esta opción fue el debate en sí mismo, que los ciudadanos pusieran el tema en la agenda política y la emergencia en los distintos espacios del Internet de un protagonismo ciudadano de naturaleza plural y ajeno a los controles corporativos que refrescaron  el debate político arrebatándoles el monopolio de la palabra a los “analistas” mediáticos y a su pretensión  de ostentarse como “líderes de opinión” o referentes inevitables (e incontestables) de masas desinformadas, es decir, de reyes tuertos en tierra de ciegos. Las redes sociales son ahora una verdadera ágora donde los argumentos mandan: no importan las investiduras ni los títulos profesionales. Las redes sociales (facebook y Twitter principalmente)  han mostrado ser un instrumento de debate democrático que han podido movilizar a la sociedad  y derrocar gobiernos autoritarios como ocurrió recientemente en el mundo árabe donde se depusieron a algunos sátrapas iniciando un proceso de democratización en sus respectivos pueblos. En México, las redes sociales han emergido como un instrumento del pueblo contra la manipulación de los grupos de poder a través  de los grandes medios electrónicos que actúan como poderes facticos. Mi postura sobre el voto nulo en ese entonces puede constatarse en mi blog “Hetairos” en las fechas referidas (http://hetairosfilosofía.blogspot.com.mx) para quienes quieran echarme en cara una incongruencia.

 Las posturas contra el voto que intermitentemente aparecen en las redes sociales no alcanzan la profundidad de análisis ni la autenticidad que hace tres años tuvo. Regularmente se ciñen a frases tipo cliché como: “todos los candidatos son iguales de corruptos”, “votar es una tomadura de pelo porque la decisión ya está tomada por los poderosos”, etc. que muchas veces son coartadas para auto-eximirse de las propias frustraciones e impotencias. En ocasiones se hacen citas sugerentes pero descontextualizadas, es decir, sin considerar las diferencias o especificidades sociales e históricas de las mismas. Podría sospecharse  incluso que quien insiste en esta postura lo hace deliberadamente para desanimar a quienes podrían votar contra el PRI. En este caso, realmente uno no sabe si la persona que está llamando a no votar o a hacerlo en blanco, va a ser congruente con esa postura. En una contienda donde probabilidades de ganar del PRI han estado disminuyendo persistentemente, es importante para ellos inhibir o anular a los indecisos y atajar  el eventual voto útil. Desde luego que podría tratarse también de gente que actúa con sinceridad pero que igualmente están equivocadas. Quiero dejar claro en este punto que respeto a las personas que –auténticamente o no (no podría discernir una cosa de otra)- abogan por la abstención electoral o el voto nulo y asimismo respeto su derecho a expresarlo, pero no tengo porque respetar su postura y menos cuando no aportan argumentos mínimamente plausibles.

 

Decir que “todos son iguales” es negar la honestidad que ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador y los personajes que eventualmente conformarían su gabinete. AMLO puede tener varios defectos pero nunca se le ha podido demostrar que haya usado los puestos políticos para hacerse rico. Se dirá que a casi ningún político se le ha podido comprobar la corrupción, pero es evidente que el no poder comprobarlo judicialmente no significa que uno no se dé cuenta de los políticos deshonestos. Decir que “los dados ya están cargados” es decir una verdad a medias, pero ello no significa ninguna fatalidad. Ciertamente puede haber dudas del arbitro electoral pues a los consejeros del IFE los ponen los partidos políticos, principalmente el PRI y el PAN. No son consejeros ciudadanos como lo fueron originalmente. La mayoría de los poderes facticos (medios de comunicación, grandes empresarios, la Iglesia, entre otros) se cargan hacia el candidato del PRI; el derroche de dinero de priistas es evidente sin que las autoridades electorales actúen para frenarlo; el PAN y el PRI utilizan más o menos en forma encubierta los programas sociales de sus gobiernos para comprar consciencias, se han planteados formas de fraude cibernético que son técnicamente posibles, etc. Hay en consecuencia muchos elementos innegables de inequidad entre los actores políticos, pero aun así, es falso que todas ellas por sí mismas determinen los resultados electorales. La votación masiva en torno al candidato de las izquierdas y la organización de la gente que apoya a AMLO para cuidar al cien por ciento las urnas es un factor fundamental para derrotar al neoliberalismo. Las brigadas del Movimiento Progresista deberán asimismo de anular las mapacherías durante la jornada electoral, mientras que quienes estaremos cuidando casillas como funcionarios del IFE tendremos que apegarnos plenamente a la legalidad para evitar que la voluntad popular sea tergiversada.