Aprueba
el Congreso de Nayarit el artículo 24 en materia religiosa
César Ricardo
Luque Santana
Se aprobó la “reforma” al artículo 24
constitucional en la Cámara de Diputados durante su segunda sesión del día.
Ante iracundos ciudadanos principalmente evangélicos que gritaron consignas e
improperios a los diputados locales, e irónicamente, en la sala Benito Juárez y
ante una imagen gigante del benemérito de las Américas, quien tuvo el valor en
su época de enfrentar los intereses monopólicos de la Iglesia católica y lograr
la separación entre Iglesia-Estado para modernizar el país sacudiéndose el
lastre de la mojigatería mediante la implantación del Estado laico, los
diputados del PRI y Nueva Alianza que votaron en contra, más los del PAN que se
abstuvieron, obedeciendo todos ellos más a “las consignas que les dan sus jefes
políticos que a las lecciones que nos brinda la historia”, como dijo
contundentemente el diputado Miguel Ángel Arce Montiel, el único orador que se
atrevió a subir a tribuna para fijar su postura personal y de la fracción del
PRD, cuyo discurso comparto con ustedes omitiendo el primer párrafo de
formalidades.
Los votos en contra de la “reforma” fueron de Lolita Porras y el
mencionado diputado Arce por el PRD, además de los diputados Gerardo Palomino Meraz
(PAN) y J. Santos Rentería de la Cruz (independiente). Por cierto, al concluir
la sesión, los asistentes no dejaron de gritar consignas contra los diputados,
encarando uno de ellos a Águeda Galicia a quien le soltó a bocajarro algo así
como: “te acaban de traicionar a tus correligionarios con la reforma laboral y
lo vuelven hacer traicionando a la patria con la reforma al 24”. La diputada
sólo atinó a agachar la cabeza.
A continuación el discurso del diputado Arce:
«La eventual reforma al artículo 24
significaría una afrenta contra el Estado laico y la democracia, y es resultado
de una presión de la jerarquía católica que actúa como poder fáctico. Tanto en
el procedimiento que se ha seguido en los espacios legislativos como en otros
propiciados por los legisladores o realizados de manera independiente, los
argumentos de los opositores a dicho cambio no han podido ser refutados;
decantándose por la imposición con base en el mayoriteo de las fuerzas
hegemónicas en el Congreso de la Unión (PAN y PRI) donde la mayoría de los
legisladores de estos grupos obedecen más a las consignas de sus jefes
políticos que a las enseñanzas de la historia de México, donde la relación
orgánica entre política y religión ha sido perniciosa, siendo un logro
inconmensurable del gran Benito Juárez lograr la separación entre Iglesia y
Estado, quien a tono con las naciones
más progresistas del momento, impulsaron la modernización de sus naciones
defendiendo y fortaleciendo la vida política y el pensamiento laico.
Laico
no significa antirreligioso como han querido hacer ver algunos reaccionarios, sino
que es una separación de la religión de los aspectos civiles del gobierno y una
forma de salvaguardar el pluralismo religioso, evitando que haya una religión
de Estado o una institución religiosa con privilegios excepcionales en
detrimento de otras iglesias y grupos religiosos que con razón exigen un trato
igualitario conforme el Estado de derecho. Por cierto, el referido trato
privilegiado en los hechos ya existe contraviniendo los principios de equidad y
las normas que nos rigen.
Los argumentos de que los pro
reformistas de que con mayor libertad religiosa hay más libertad para las
convicciones éticas es absolutamente falsa porque en México no hay persecución
religiosa ni tampoco han podido demostrar lo qué entienden por “conciencia” más allá de las
ambigüedades, ni tampoco han logrado definir qué se debe entender por “convicciones éticas”, ni quién
determina cuándo se dan éstas, deslizando además un peligroso elemento de
censura para el pensamiento divergente. No hay en modo alguno una ampliación de
las libertades de pensamiento como falsamente se ha propalado porque en México
la Constitución ya garantiza dichas libertades.
Lo que existe en el fondo es el interés atávico de grupos retardatarios
por inmiscuirse en temas como la educación pública; claro, sólo desde la
perspectiva de la religión dominante. Asimismo, se presta para que el
mencionado poder fáctico intervenga autoritariamente en otros asuntos nodales
como la cuestión de la interrupción del embarazo de donde tratan de imponer a
los demás una visión particular de la cuestión; entre otros muchos efectos
nocivos que para la vida democrática de la república pueden reintroducir los
elementos religiosos en la vida política, donde no sólo la historia de México y
de otras latitudes nos ponen en guardia, sino acontecimientos recientes como
las atrocidades cometidas por fanáticos religiosos en Nueva Jerusalén, Michoacán,
y en otros estados del Oriente que son abiertamente teocráticos, donde las
violaciones a los derechos humanos y el
daño a la democracia está más que comprobado.
Por lo anteriormente dicho, la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática se opone
tajantemente a reformar el artículo 24 de la Constitución de la República.
Es
cuanto.»
Diputado Miguel Ángel Arce Montiel
Coordinador de la fracción
parlamentaria del PRD
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