Ricardo Luque - Alerta sobre el proyecto hidroeléctrico Tres Cruces

Alerta sobre el proyecto hidroeléctrico Tres Cruces

César Ricardo Luque Santana

El día 7 de diciembre del año que está por terminar, el diputado perredista Miguel Ángel Arce Montiel hizo uso de la tribuna del Congreso del Estado de Nayarit para proponer un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, y en particular a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a trasparentar sus estudios sobre el proyecto hidroeléctrico Tres Cruces, ubicado en el río san Pedro del municipio de Ruiz, pero sobre todo, para exigirle que tome en cuenta a los pobladores de esa localidad y de otras comunidades de municipios circunvecinos que pueden resultar perjudicados de un modo u otro por el mismo, al mismo tiempo que basado en estudios de impacto ambiental de diversos investigadores universitarios, advirtió que éstos pronostican un severo daño ambiental de llevarse a cabo dicho proyecto. A continuación recuperaré algunos puntos medulares del argumento esgrimido por el diputado Arce en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, dado que su importancia para el sostenimiento del ecosistema de marismas nacionales situado en las costas nayaritas es de enorme relevancia, así como por otras posibles repercusiones que su instrumentación puede traer, aclarando que no sigo literalmente la estructura de su argumento y que me permito añadir algunos comentarios que creo refuerzan su postura.

La alocución del diputado Miguel Ángel Arce Montiel comienza por destacar la enorme riqueza que la Cuenca del Río San Pedro tiene para la zona de marismas nacionales, sitio en donde están los manglares más importantes de toda la costa del pacífico americano y cuyo alteración puede ocasionar graves estragos al ecosistema en su conjunto, esto es, a su flora y fauna silvestre, además de provocar un daño al modo de vida de muchos pobladores que directa o indirectamente dependen para su subsistencia del afluente de dicho río.

Recordó que el inefable ex gobernador Ney González abogó por su construcción aduciendo como supuestos beneficios un progreso que por experiencia nunca llega a la población afectada, así como para evitar las inundaciones a algunas poblaciones, argumento también muy manido que se suele absolutizar como si no hubiera otra manera de evitar inundaciones a zonas pobladas que con una presa, desdeñando los beneficios que éstas traen a las tierras de cultivo, por citar un ejemplo, o mejor, un contraejemplo. Asimismo, la dizque prosperidad que las presas traen a la sociedad es relativa, pues como bien lo señaló el legislador perredista, no se traduce en beneficios directos y palpables para quienes ven arruinado su modo de vida tanto en su residencia habitual como en su modo de ganarse la vida. En otras palabras, no hay una compensación justa desde este punto de vista, pero el problema es aún mayor porque el daño que se causaría al medio ambiente sería prácticamente un ecocidio de enormes proporciones. En este sentido, las supuestas bondades esgrimidas por Ney González son refutadas teórica y prácticamente porque no compensarían en modo algunos los daños que se ocasionarían, sin negar desde luego que la generación de energía eléctrica produce importantes dividendos al Estado mexicano, aunque para ello hay otras opciones de energía limpia que el mismo presidente Calderón ha propuesto impulsar, sin dejar de mencionar que ya existen tres importantes presas en Nayarit, a saber: Aguamilpa, El Cajón y la Yesca, que como bien menciona el diputado Arce Montiel, han traído beneficios limitados a los nayaritas, porque incluso gran parte del empleo temporal generado ha sido capitalizado por migrantes de otros estados, mientras que los usuarios ordinarios de la energía eléctrica de Nayarit siguen pagando tarifas elevadas.

El diputado Miguel Ángel Arce, recurrió a la opinión de expertos de universidades como la UNAM y la misma UAN cuyos estudios han podido determinar sin temor a equivocarse los tremendos daños al medio ambiente que podría provocar el proyecto hidroeléctrico Tres Cruces, mismos que han señalado también diversos grupos civiles de ecologistas locales, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, se habla de daños que se ocasionarían no sólo en la parte que culmina el afluente del río San Pedro -las referidas marismas nacionales- sino en el sitio mismo donde se haría el embalse de la presa que es la localidad de san Pedro Ixcatán, en el municipio de Ruiz. Tan sólo en ese sitio se afectarían negativamente 142 hectáreas de bosque, considerando también los caminos, mientras que el corte del afluente del río perjudicaría una extensión lagunar de 20 kilómetros de ancho por 90 kilómetros de largo. Esto último dañaría irremediablemente a más de 400 especies de aves residentes y migratorias, y desde luego a los peces que necesitan para su subsistencia la mezcla de aguas dulce y salada.

Pero como sostiene el diputado Arce Montiel, el daño ecológico o ecocidio como él lo llama, no sería el único, sino que también habría un daño cultural porque se perturbaría sin compensarlo plenamente, las condiciones de vida de muchos pobladores de los municipios de Ruiz, Santiago, Tuxpan y Rosamorada.

No se trata entonces de oponerse a una obra de manera gratuita o sólo por confrontar al gobierno federal, pues el pueblo y el gobierno se pueden beneficiar mutuamente si asumen la responsabilidad compartidamente, sostiene el diputado Arce. Por ello, el exhorto va encaminado no a generar una fricción innecesaria, sino al contrario, a evitarla a través del diálogo público donde se tome en cuenta los intereses de todos los actores y sectores involucrados, y desde luego se considere de manera significativa, las conclusiones que los científicos mexicanos de instituciones como la UNAM y la UAN están aportando. No es posible por consiguiente que se esté dispuesto a un ecocidio y a desatar un conflicto social mayúsculo sólo por un cálculo mercantil donde se beneficiarían algunos empresarios y al Estado con una renta que si bien es necesaria, el modo de obtenerla tendría un costo mucho mayor. Por ello, el diputado del PRD enfatizó que la soberanía originaria reside en el pueblo y que no es posible ni deseable atentar contra el interés general que los poderes constitucionalmente establecidos están obligados a obedecer y defender. En este sentido, si lo que debe predominar es dicho interés común, no hay mejor fórmula que decantarse por un diálogo público donde impere la razón y la justicia.

Mal haría entonces el gobierno federal empecinarse en concretar ese proyecto sin escuchar las voces que alertan de los daños y conflictos que pueden ocasionarse por una decisión unilateral. Del mismo modo, mal harían los representantes del pueblo de Nayarit si no salieran a la defensa de sus representados y del extraordinario medio ambiente que gozamos los nayaritas, el cual aporta riquezas que deben ser aprovechadas racionalmente. De otro modo, si se desestiman esas voces que no sólo son de ecologistas y científicos sino de los lugareños mismos, se entrara a una dinámica de conflicto que podría escalar a niveles insospechados. En efecto, los pobladores de san Pedro y otras localidades han empezado a organizarse para hacer frente a este problema, apoyados por grupos ambientalistas cuya capacidad de convocatoria y movilización, como señaló el diputado Arce Montiel, está fuera de duda, así como fuera de toda duda es la repercusión nacional e internacional que una eventual lucha contra la presa Tres Cruces tendría en esos ámbitos. Se está aún a tiempo de evitar esos males, pues incluso han existido amenazas de muerte contra investigadores y activistas que cuestionan dicho proyecto, lo cual, enmarcado en la situación de violencia delincuencial que existe en nuestro estado, nos puede dar una proyección de escenarios sombría, máxime que recientemente se han asesinado en el país a varios activistas ambientalistas y de derechos humanos por bandas de delincuentes que también sacan raja económica de este tipo de problemas sociales. Si no se abre un cauce de discusión democrático para dirimir diferencias entre las instituciones y las comunidades considerando los intereses legítimos de todos y las soluciones que ofrece la investigación científica al respecto para tomar las decisiones más adecuadas, se estará abonando irresponsablemente a un deterioro ambiental y social de grandes proporciones.