Ricardo Luque - Ministerio de la Verdad

Ministerio de la Verdad

César Ricardo Luque Santana

El reciente acuerdo entre el gobierno federal, algunas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación para “moderar” el manejo de la noticia en torno a las actividades del crimen organizado en México, ha despertado fuertes suspicacias en diversos actores de la vida política nacional y ha llevado algunos medios y periodistas independientes a deslindarse del mismo por los riesgos de autocensura que entraña y de colaboracionismo con sectores conservadores que impulsan la línea de un pensamiento único.

Esta postura basada en una reserva crítica hacia las intenciones que pueda abrigar esa iniciativa de cara a las elecciones presidenciales del 2012, no impide reconocer algunos rasgos positivos de ella, pero en modo alguno son suficientes para uniformar criterios editoriales porque en sí mismos son sólo abstracciones, además de que sugieren una petición de principio, a saber, avalar la estrategia del gobierno federal hacia el narcotráfico y otras actividades ilícitas del crimen organizado sin reparar en la ineptitud, demagogia, historial de impunidad y corrupción atávica de las instituciones encargadas de encarar esta problemática.

Ahora bien, antes de cuestionar los riesgos que entraña la iniciativa del gobierno y sus aliados mediáticos, es menester retomar las propuestas vertidas en ésta para luego examinar las condiciones de posibilidad de las mismas, así como las consecuencias que puede acarrear, bajo el supuesto de que puede haber intereses ajenos a las intenciones manifiestas y que plegarse a la versión oficial pueden ser en el menor de los casos una actitud de ingenuidad y en el peor de ellos una concesión altamente perniciosa para la frágil democracia mexicana.

Algunas de las propuestas son: no servir de instrumento del crimen organizado; no victimizar o hacer héroes a los delincuentes; presentar la información en forma objetiva sin descuidar el contexto; no prejuzgar, ni propalar rumores ni tampoco interferir en las acciones de lo autoridades contra los delincuentes; actuar con responsabilidad ponderando las implicaciones y consecuencias de lo que se publica; entre otras. En sí mismas, parecen criterios plausibles, pero aun así, resulta problemático uniformar el criterio editorial pues aparte de lo ya dicho respecto a los antecedentes de las autoridades o más bien por eso mismo, la versión oficial no suele ser confiable por ser ambigua, opaca y dudosa.

Por otro lado, es sospechosa asimismo la intención de algunos de los principales promotores de esta iniciativa porque carecen de autoridad moral, particularmente las televisoras comerciales que actúan descaradamente como poderes facticos ejerciendo un periodismo oficioso, privilegiando un pensamiento único mediante la monopolización de la palabra, actuando en forma tendenciosa manipulando información, estigmatizando a actores políticos non gratos a sus intereses, evadiendo impuestos, enajenando a la población, etc.

Asimismo, este acuerdo encubre el otro rostro de la criminalidad: la corrupción gubernamental y los delitos de cuello blanco. En este sentido, se estaría echando una cortina de humo sobre la complicidad de encumbrados políticos y empresarios con el crimen organizado, pues no se explica uno cómo los narcotraficantes insertan éstos miles de millones de dólares en la economía formal si no es con el contubernio de quienes detentan el poder político y económico.

Hacer omisión de estas cuestiones significaría renunciar al ejercicio del pensamiento crítico incurriendo en una autocensura y en una visión maniquea de la realidad de suyo inadmisible. Significa no cuestionar la errónea estrategia del gobierno federal cuyos resultados indican claramente que ha salido peor el remedio que la enfermedad; significa no criticar el modelo neoliberal que abona al problema de la inseguridad pública al generar condiciones propicias para su florecimiento; significa ocultar la corrupción e incompetencia de las autoridades que son un verdadero lastre; significa que se prestarán a la simulación escondiendo la basura bajo la alfombra.

En otras palabras, asumir el citado acuerdo sin las consabidas reservas será hacerle el caldo gordo a las autoridades que tratan de reducir el problema de la inseguridad a una cuestión de percepción, a algo meramente subjetivo. Del mismo modo, creer que la crítica a los errores del gobierno es perversa parapetándose al mismo tiempo en un falso patriotismo aduciendo a priori que se favorece la imagen de los delincuentes, es una lectura simplona y oportunista. En esta actitud han caído algunos comunicadores como el alcahuete de Carlos Marín (CM), cuya inteligencia es proporcionalmente inversa a su pedantería. La pobreza argumentativa de este personaje resulta patética porque cree que haciendo el gesto adusto y hablando golpeado, sus opiniones son la verdad revelada, acusando por el contrario una evidente pobreza intelectual y moral, dado lo superficial de sus comentarios y la actitud inveterada de adjetivar en vez de analizar las posturas de quienes piensan de modo diferente. En este tenor, CM no se midió al denostar a otros medios que de manera legítima y reflexiva se deslindaron de ese acuerdo señalando puntualmente no sólo los riesgos de uniformar la línea editorial sino la imposibilidad práctica de hacerlo sin hacer concesiones a la verdad, como si se tratara de una pugna nítida entre buenos y malos cuando en realidad estamos ante una situación compleja donde el único referente válido para la prensa independiente es el compromiso de ética profesional con la sociedad, no con el gobierno. Lo que CM debería de hacer es retomar seriamente los argumentos de sus adversarios y refutarlos con otros argumentos mejor fundamentados, en vez de soltarles toda una serie de epítetos infamantes.

Los periodistas tenemos sí la obligación de actuar con responsabilidad pero con sentido crítico, pues una cosa no se contrapone a la otra. No se trata de lavarle la cara sucia al gobierno de Felipe Calderón encubriendo sus excesos y errores, pues de hacerlo, sólo hay un paso para avalar también la criminalización de la lucha social, algo que de hecho y por desgracia ya se viene haciendo. ¿Qué clase de democracia es esta que estigmatiza las voces disidentes, que no les da espacio o las mantiene relegadas?: una democracia secuestrada por grandes intereses económicos, por la codicia de quienes como decía Oscar Wilde, “conocen el precio de todo y el valor de nada”.

Si las televisoras del duopolio quisieran de veras aportar a una mejor convivencia social, debería den revisar los contenidos de su programación, de sus prácticas codiciosas y oligopólicas, de la complicidad con cierta delincuencia permitiendo estafas como los que se dan con anuncios de productos milagrosos y de sanadores también milagrosos, más allá de la coartada de que ellos como empresas no se hacen responsables de dichos contenidos, cuando hace unos meses se desgarraban las vestiduras por la publicidad pornográfica del periódico Reforma aduciendo de que ésta promovía la trata de personas. Y qué decir del uso de la línea telefónica para sacarle dinero a la gente con puerilidades e ilusiones, sin olvidar la difusión de narcocorridos y el trato de estrellas a maleantes como “La Barbi” y otros a quienes les han dedicado extensas entrevistas en horarios privilegiados.

Para concluir, resulta oportuno comentar sobre el apoyo que el Señor Rector de la UNAM, José Narro, dio a este acuerdo, porque algunos consideran que avaló algo que debió rechazar. En principio diré que un personaje como él no puede sustraerse de apoyar este tipo de iniciativas, pero que en modo alguno realizó un apoyo incondicional, sino por el contrario, advirtió que este esfuerzo no debe servir para ocultar la dolorosa realidad que padece nuestro país, que el flagelo de la violencia no se resuelve sólo mediante medidas punitivas y menos de corte mediático, sino que es necesario rectificar el modelo social que niega oportunidades de trabajo y educación a millones de jóvenes mexicanos y envilece las relaciones sociales al promover la competencia descarnada abandonando los lazos de solidaridad y los valores que nos han dado identidad como una nación noble y trabajadora.