El abstencionismo activo

El abstencionismo activo

César Ricardo Luque Santana

El abstencionismo electoral que consiste en no acudir a las urnas a emitir sufragio, remite a una actitud pasiva del elector que decide por diversos motivos no ejercer su derecho a votar. Las causas de esta actitud son de diversa índole: por apatía, negligencia, el desencanto por los partidos y/o candidatos, la repulsión por toda manifestación política, la desinformación, entre otras razones. Por su parte, la decisión de no acudir a votar desde una posición política meditada es más rara, pero en este caso, no se trata de indagar qué factores inhiben a los ciudadanos empadronados a no acudir a las urnas el día de la jornada electoral –pues seguramente existen estudios al respecto- aunque es casi seguro que el descrédito de los políticos y la noción negativa que en forma generalizada existe sobre la política, sean lo que provoca en esencia el fenómeno de la abstención electoral.

El hecho es que normalmente más de la mitad de los ciudadanos empadronados son abstencionistas, siendo las llamadas elecciones intermedias las más desairadas, pues el abstencionismo puede llegar en estos casos hasta un 60 o más por ciento. Esto significa que el partido mayoritario realmente gobierna con el apoyo de una minoría, tomando en cuenta por supuesto el padrón electoral en su totalidad. La legitimidad de la representación popular desde este punto de vista está muy menguada, lo que entre otras cosas nos debería de llevar a cuestionar el excesivo gasto que realizan los partidos en su funcionamiento y en sus campañas soportado con dinero del erario público, el cual obviamente no corresponde con el escaso interés que muestra la mayoría de los ciudadanos-contribuyentes. En este último punto, creo que los presupuestos destinados a los partidos políticos debería de ajustarse a su desempeño y a las necesidades del país, pero en modo alguno debería de eliminarse su financiamiento público, pues es importante que los partidos conserven su estatuto de entidades de interés público, ya que la privatización de la política es perniciosa para la democracia. En este caso, hay que entender que la inversión en la democracia electoral significa invertir en la paz social, en mantener cauces civilizados para disputar el poder político.

Pero si el abstencionismo que consiste en no votar es una forma pasiva de rechazo a las elecciones y a los partidos y/o candidatos que en ella participan, ¿qué es el abstencionismo activo? En algunos países de Sudamérica, el voto en los procesos electores constitucionales es más una obligación que un derecho, pues incluso se castiga con multa el no ir a votar en forma injustificada. Esto significa que quienes no están satisfechos con los partidos y/o candidatos acuden a las urnas a invalidar su voto (por la obligatoriedad mencionada, en vez de abstenerse como en México), La práctica de anular concientemente el voto (porque también se puede dar por error) en nuestro país, es algo que ocurre escasamente y que por cierto tampoco se le da mucho significado (en parte por su bajo porcentaje,) en el sentido de que si bien cuenta como participación, se diluye de alguna forma de la contabilidad final expresada en porcentajes, mientras que el abstencionismo no pasa de ser una nota más de periódico, pues los porcentajes se toman sólo de los que ejercieron su derecho a votar. Hay que pensar incluso hasta qué punto el hecho de anular deliberadamente el voto en un contexto de obligatoriedad significa practicar un abstencionismo activo, si bien me parece no deja de serlo.

Ahora bien, situados en nuestra circunstancia: ¿Qué impacto político tendría –al menos en términos mediático- si en vez de que se diga que hubo un abstencionismo de 60%, se dijera que los votos nulos fueron del 20% , 30% o más?

Así entonces, si alguien acostumbrado a votar llega a un punto en que considera que no vale la pena hacerlo porque las instituciones dejan mucho que desear, particularmente la cámara de diputados donde se percibe que muchas veces no se actúa con responsabilidad, donde parece que los diputados en su comportamiento legislativo no representan a sus electores sino otros intereses como a sí mismos y a las cúpulas de sus partidos o porque notoriamente se pliegan a los intereses de los empresarios, o también llegan a la desfachatez o ligereza de decidir una ley con un “volado” como acaba de suceder según denuncia de Julio Hernández (ver Astillero en La Jornada del 14 de abril y la sección de Correo Ilustrado del día siguiente en ese mismo diario) con la ley de turismo relativo a un artículo que permite cambiar el uso del suelo para el turismo sin importar si ocasiona daños al medio ambiente. Este caso es muy representativo de una práctica común que consiste en legislar muchas leyes al vapor y/o confeccionarlas como trajes a la medida de las grandes corporaciones empresariales como sucedió con la frustrada ley de medios, entre otros muchos casos vergonzosos. De este modo, cuando se percibe que nuestro voto es realmente un cheque en blanco porque ciertamente a los legisladores en lo general no les importa defender los derechos de sus electores a quienes se supone deberían de representar sin dudar puesto que llegan a sus escaños en virtud del voto popular, uno se pregunta: ¿de que sirve votar? Por todo esto -en principio- dan ganas de no ir a votar o de anular el voto. Por cierto, la propaganda del IFE que nos quiere presentar a los legisladores como gente seria, honesta y responsable y al espacio legislativo como una institución sana, es una campaña publicitaria demagógica y con sabor a burla., además de insidiosa.

La situación pinta más desconsoladora cuando los mismos perfiles de los candidatos son deplorables, al grado de que incluso la misma frase de “votar por el menos malo” ha perdido sentido, pues todavía hace algunos años, algunas personas se autojustificaban como electores diciendo que votaban por “el mono” expresando con ello que los partidos no satisfacían ninguna exigencia ideológica ni mucho menos de propuesta de trabajo, pero ahora ni los llamados “monos” tienen atractivo. Recordemos que cuando los ricos emergieron a la escena política como candidatos para diversos puestos, algunos ingenuos decían que eran confiables porque no eran vividores de la política y que como ya eran ricos no iban a robar. La verdad es que salieron peores: más rapaces y más codiciosos. Era y es evidente que este tipo de candidatos están inmersos de entrada en un conflicto de interés (razón por la cual Aristóteles sugería negarles la condición de ciudadanos), pues lo lógico es que impulsen un modelo económico y político que les favorezca a ellos y no a las mayorías. Para mí, poner a un sujeto de estos en una posición de poder político, significa lo mismo que poner a Drácula como gerente del Banco de Sangre.

El dilema no es entonces si hay que votar o no votar, sino entre abstenerse en forma pasiva o en forma activa, entendiendo en este último caso no sólo el hecho de acudir a las urnas a invalidar el voto (porque tal vez el mero hecho de participar en la jornada electoral se considere como una forma de legitimación del proceso mismo), sino ejerciendo otras formas de participación política no sólo electorales, como por ejemplo exigir a los diputados y gobernantes -al margen de que uno no haya votado por ellos- de que cumplan sus obligaciones con profesionalismo, criticándoles también sus mal desempeño, etc., etc.

En la siguiente entrega iré profundizando más sobre esta cuestión toda vez que empezamos a ser varios –analistas y ciudadanos- que estamos en esta misma frecuencia.