Filosofía y medios de comunicación I
César Ricardo Luque Santana
La filosofía y los medios masivos de comunicación, particularmente los electrónicos como la radio y la televisión, parecerían a primera vista incompatibles. Esta noción no es del todo gratuita, aunque tampoco es del todo correcta. Ciertamente existe la idea de que dichos medios se han utilizado principalmente para enajenar y de que están regidos predominantemente por criterios mercantiles. En este sentido no habría nada más opuesto que las necesidades comerciales de los medios electrónicos de carácter privado, que como negocio que son buscan ganar dinero a través del mayor auditorio posible; y la filosofía y en general la cultura, que son poco taquilleras y persiguen propósitos distintos y opuestos a los medios comerciales. En otras palabras, mientras los medios de comunicación privados buscan generar una riqueza material para sus dueños; la filosofía y la cultura buscan el enriquecimiento espiritual de todos. Pero por otro lado, la radio y la televisión son sólo instrumentos, “medios”, que cuando son negocios privados, necesitan obviamente vender, generar ganancias, y por ello tienen que apostarle al entretenimiento de las masas, serles atractivas con programas que las distraigan, entretengan o les hagan pasar un rato de esparcimiento desde la comodidad de sus hogares, sin exigirles a cambio ningún esfuerzo intelectual, pero sin proporcionarles tampoco un crecimiento en ese sentido. Ciertamente, ha sido tal la mediocridad de los contenidos de dichos medios, especialmente de la televisión, que se ganó el calificativo despectivo de los intelectuales como “la caja idiota”.
Así entonces, bajo las premisas comerciales que las mueven y guían, la radio y la televisión privadas lógicamente han cargado su programación hacia cuestiones frívolas que rayan en la estulticia generando enajenación y pasividad; reforzando al mismo tiempo el analfabetismo funcional de la población. E incluso, sus programas relativos a las noticias y a la opinión o análisis político, están muy sesgados hacia grupos y personajes afines a sus intereses, ejerciendo descaradamente una manipulación del público y actuando como poderes fácticos. Los espacios para una programación cultural o inteligente en estos medios son escasos, y desde luego están confinados a horarios poco favorables.
No obstante, hay alternativas de medios electrónicos públicos que al no estar condicionados por criterios comerciales, pueden dar los espacios a la cultura que en los medios de comunicación privados son restringidos o inexistentes. Tenemos como ejemplo de ello en México, el Canal 22 y el Canal 11 del IPN, aunque la señal abierta del primero se limita a la zona metropolitana del valle de México de manera que en otras latitudes sólo puede ser captado en televisión de paga, mientras que en el segundo, su señal llega a casi todo el país (excepto los estados del norte). Hay asimismo otras opciones de TV y de radiodifusoras no comerciales, incluidas las radios comunitarias que han sido constantemente agredidas por los gobiernos panistas. De las radios culturales destacan Radio Educación y Radio UNAM, pero el problema es que en entidades como la nuestra (Nayarit) es difícil captar su señal en forma convencional. El Internet por su parte, es un espacio que permite acceder a este tipo de radiodifusoras e incluso a algunos canales de TV de diversos lugares del mundo, aunque a veces resulta complicado lograr captar la señal en tiempo real. Sin embargo, como compensación proporciona una gran cantidad de videos que puede uno bajarlos y verlos con calma. La limitación más evidente es que pocas personas tienen acceso al Internet. Por su parte, La TV de paga (por cable o satélite) está más al alcance de las personas que el Internet y hay desde luego mejores opciones a los canales comerciales de señal abierta, gracias a los canales de divulgación científica en todas sus modalidades, como el Discovery Channel y otros. Persiste el problema sin embargo de que los malos gustos que infundió la TV comercial durante décadas siguen predominando. No es raro que alguien tenga señal de cable o vía satélite, y sin embargo vea películas de charros valentones y briagos, de ficheras, telenovelas bobas con tramas inverosímiles o programas del mundo de la farándula completamente banales, etc., que son todos un atentado a la inteligencia.
Volviendo rápidamente a los medios electrónicos públicos, algunos de ellos, sobretodo los que están auspiciados por los gobiernos estatales, suelen caer en usos facciosos y patrimonialistas sirviendo de medios de propaganda para gobiernos demagógicos y para promover el culto a la personalidad del gobernante en turno. Es decir, son medios gubernamentales pero no de Estado, porque la única parte pública que tienen está referida al subsidio, pero sus contenidos no sólo están orientados a cantar loas al gobierno, sino que están aún por debajo de los mismos medios privados. Un problema adicional es la poca audiencia que suelen tener los medios electrónicos públicos, ya sea porque se reducen a instancias de propaganda gubernamental, o porque hay una predisposición negativa o actitud reactiva que muchas personas (incluso con escolaridad universitaria) hacia los programas culturales, de documentales científicos, etc., y también por la acostumbrada actitud de no hacer promociones eficaces. Hay que añadir que este problema de la mala o nula promoción no es exclusivo de los espacios de radios o TV culturales, sino también de de otras manifestaciones artísticas y culturales como el teatro, los recitales de poesía, las conferencias, etc., que registran habitualmente poco público. Por ello, una política pública de primer orden en materia de cultura, es la necesidad de crear públicos promoviendo la lectura e incentivando el gusto por las artes y las ciencias, principalmente entre los niños y jóvenes. Recuerdo al respecto una plática que dio en Tepic el maestro Alejandro Aura, en ese entonces encargado de cultura del gobierno de la Ciudad de México cuando Cuauhtemoc Cárdenas era el jefe de gobierno. Decía que en una ocasión estando en Londres, quiso ir a ver una obra de teatro de Shakespeare pero le dijeron que los boletos se agotan con meses de anticipación. “La siguiente ocasión que fui –decía Aura-, me previne comprando mi boleto con antelación. Ya en el teatro, me sorprendí al ver que los espectadores murmuraban los parlamentos que decían los actores. Me dijeron que ya conocían las obras las cuales habían aprendido en la escuela básica y que a pesar de eso iban a verlas repetidas veces para juzgar el trabajo de la compañía de teatro en turno.”
En la siguiente entrega se aludirá al ejercicio filosófico a través de los medios masivos de comunicación, principalmente los electrónicos, lo cual ha empezado a tener un auge y aceptación de un público heterogéneo en diversos países iberoamericanos donde se ha hecho o se está haciendo filosofía por televisión y/o radio, de lo cual nos hemos venido a enterar gracias al Internet que ha difundido de manera “extemporánea”, pero a la vez “perenne”, los programas de filosofía por televisión más recientes.
miércoles, 5 de agosto de 2009
martes, 28 de julio de 2009
La política y el conflicto
La política y el conflicto
César Ricardo Luque Santana
En mis más recientes escritos decía que la política nace y se justifica por el conflicto, de manera que si no hubiera conflicto no existiría la política, pero como toda comunidad está atravesada por el conflicto, la política es un instrumento necesario para mediarlo o administrarlo, es decir, para resolverlo. En consecuencia, el Poder político o el Estado, no sólo es un instrumento de dominación sino también de legitimación de esa dominación, y para que ello ocurra, es necesario que prevalezca el consenso sobre la fuerza. Lo paradójico de este problema, es que si la política es esencialmente un instrumento para resolver conflictos, el Estado neoliberal la ha convertido en un instrumento para generar conflictos poniendo en riesgo la cohesión social.
Así entonces, el Estado se mueve en una contradicción, entre hacer prevalecer una situación de dominación de una minoría sobre una mayoría, y la necesidad de hacer viable a la sociedad, esto es, de que la mayoría acepte esa dominación obedeciendo al Estado. Esto presupone un mínimo de bienestar social para que el consenso funcione, porque al acentuarse la pobreza de la mayoría de la población, se pierde legitimidad y entonces va siendo necesario que el Estado utilice cada vez el recurso de la fuerza para contener el descontento social y para poder mantener las relaciones de dominio. La criminalización de la disidencia y la protesta política bajo la coartada del combate a la inseguridad pública (que es insoluble en términos policíacos y jurídicos), es propiciado por el creciente abismo de la desigualdad social que genera el neoliberalismo, y es un ejemplo del ejercicio autoritario del Estado neoliberal lo cual representa asimismo un indicio de una crisis de legitimidad democrática.
La objeción que podría esgrimirse al respecto, es que un gobierno (que es la cabeza del Estado), siempre va a tomar medidas que en sí mismas ocasionen conflicto o disgusto en algún sector de la sociedad. Es decir, lo mismo sería que el gobierno fuera de izquierda o de derecha, de todos modos la implementación de sus políticas causaran invariablemente alguna inconformidad. Esto es relativamente cierto, pero no se trataría de situaciones iguales, pues no lo es mismo tomar medidas que beneficien a la mayoría de la sociedad poniéndoles límites a las elites económicas, que permitirles a éstas hacer lo que quieran en detrimento del bienestar de la mayoría de la población. Se dirá que de todos modos se demuestra que la política también es un instrumento de confrontación y no sólo de resolución. Nuevamente esto es cierto pero a medias, pues si bien la política es por definición una dialéctica de conflicto-solución, la obligación del Estado, incluso sin renunciar a hacer prevalecer un esquema de dominación, es hacerlo compatible en la medida de lo posible con la legitimación, y esto implica necesariamente defender los intereses de la mayoría, de procurar justicia social, de buscar equilibrios, contrario a la política de libre mercado de “dejar hacer-dejar pasar”, que precisamente rompe el equilibrio o la equidad, la cual debe de sustentarse en el consenso, mientras que la predominancia de la fuerza indica justamente lo contrario, esto es, el reconocimiento tácito de que la legitimidad ha mermado y que sólo con mano dura se puede sostener el régimen falsamente democrático.
La democracia en el neoliberalismo se torna una farsa porque ésta se ve secuestrada por los grupos de poder quienes necesitan conservar el Estado para continuar el saqueo, pero necesitan también aparentar un ejercicio del poder con una base de legitimidad. De este modo, la democracia queda reducida al mero acto de votar, pero realmente la ciudadanía no es tomada en cuenta. En este sentido, gobiernos como el de Lula en Brasil y algunos parecidos en otra latitudes, tienen el gobierno pero no el poder. En el mejor de los casos, este tipo de gobiernos de “izquierda”, sólo logran limar las aristas más filosas del neoliberalismo, cuando de lo que se trata es de desmontarlo. Por eso, cuando algunos “izquierdistas” se ufanan de presentarse como “socialdemócratas” (una etiqueta vacía), lo que pretenden es mandarle un mensaje a los poderosos diciendo que son “moderados” y que también pueden funcionar como sus gerentes en turno, es decir, que no van a impulsar políticas que atenten contra los intereses del capitalismo, un sistema demostradamente absurdo e inhumano.
Ahora bien, la inconformidad de las masas populares agraviadas, es atenuada y contenida mediante diversos mecanismos que van desde la manipulación de la información y el entretenimiento frívolo de los medios masivos de comunicación (la enajenación); pasando por la cooptación de partidos, organizaciones e individuos (políticos e intelectuales), presuntamente de oposición o críticos, que se vuelven mediatizadores del pueblo y legitimadores de la dominación del capitalismo salvaje; hasta el más descarado corporativismo sindical que somete a los trabajadores mediante distintas formas de represalias a las prácticas laborales más atroces los empresarios y del gobierno mismo, entre otros muchos dispositivos de control, incluido el uso de la fuerza como recurso en última instancia Mientras que cuando las elites de poder económico son afectados por un gobierno popular, sus mecanismos de defensa son más eficaces porque tienen todos los recursos económicos a su alcance, les es más fácil organizarse y unificarse porque son pocos, tienen más claro sus intereses, además de que carecen de ideales y de escrúpulos. El golpe de Estado en Honduras es el ejemplo más reciente de esto último, y eso que el presidente derrocado por los gorilas, no es ni por asomo revolucionario o de izquierda.
En conclusión, los conflictos que desata el Estado al instrumentar determinadas políticas públicas son de distinta naturaleza y afectan de diversa manera a diversos grupos sociales, pero sólo la defensa de los intereses populares hace viable a la sociedad y por tanto justifican el conflicto que ocasiona el Estado al afectar a las minorías rapaces y mafiosas.
César Ricardo Luque Santana
En mis más recientes escritos decía que la política nace y se justifica por el conflicto, de manera que si no hubiera conflicto no existiría la política, pero como toda comunidad está atravesada por el conflicto, la política es un instrumento necesario para mediarlo o administrarlo, es decir, para resolverlo. En consecuencia, el Poder político o el Estado, no sólo es un instrumento de dominación sino también de legitimación de esa dominación, y para que ello ocurra, es necesario que prevalezca el consenso sobre la fuerza. Lo paradójico de este problema, es que si la política es esencialmente un instrumento para resolver conflictos, el Estado neoliberal la ha convertido en un instrumento para generar conflictos poniendo en riesgo la cohesión social.
Así entonces, el Estado se mueve en una contradicción, entre hacer prevalecer una situación de dominación de una minoría sobre una mayoría, y la necesidad de hacer viable a la sociedad, esto es, de que la mayoría acepte esa dominación obedeciendo al Estado. Esto presupone un mínimo de bienestar social para que el consenso funcione, porque al acentuarse la pobreza de la mayoría de la población, se pierde legitimidad y entonces va siendo necesario que el Estado utilice cada vez el recurso de la fuerza para contener el descontento social y para poder mantener las relaciones de dominio. La criminalización de la disidencia y la protesta política bajo la coartada del combate a la inseguridad pública (que es insoluble en términos policíacos y jurídicos), es propiciado por el creciente abismo de la desigualdad social que genera el neoliberalismo, y es un ejemplo del ejercicio autoritario del Estado neoliberal lo cual representa asimismo un indicio de una crisis de legitimidad democrática.
La objeción que podría esgrimirse al respecto, es que un gobierno (que es la cabeza del Estado), siempre va a tomar medidas que en sí mismas ocasionen conflicto o disgusto en algún sector de la sociedad. Es decir, lo mismo sería que el gobierno fuera de izquierda o de derecha, de todos modos la implementación de sus políticas causaran invariablemente alguna inconformidad. Esto es relativamente cierto, pero no se trataría de situaciones iguales, pues no lo es mismo tomar medidas que beneficien a la mayoría de la sociedad poniéndoles límites a las elites económicas, que permitirles a éstas hacer lo que quieran en detrimento del bienestar de la mayoría de la población. Se dirá que de todos modos se demuestra que la política también es un instrumento de confrontación y no sólo de resolución. Nuevamente esto es cierto pero a medias, pues si bien la política es por definición una dialéctica de conflicto-solución, la obligación del Estado, incluso sin renunciar a hacer prevalecer un esquema de dominación, es hacerlo compatible en la medida de lo posible con la legitimación, y esto implica necesariamente defender los intereses de la mayoría, de procurar justicia social, de buscar equilibrios, contrario a la política de libre mercado de “dejar hacer-dejar pasar”, que precisamente rompe el equilibrio o la equidad, la cual debe de sustentarse en el consenso, mientras que la predominancia de la fuerza indica justamente lo contrario, esto es, el reconocimiento tácito de que la legitimidad ha mermado y que sólo con mano dura se puede sostener el régimen falsamente democrático.
La democracia en el neoliberalismo se torna una farsa porque ésta se ve secuestrada por los grupos de poder quienes necesitan conservar el Estado para continuar el saqueo, pero necesitan también aparentar un ejercicio del poder con una base de legitimidad. De este modo, la democracia queda reducida al mero acto de votar, pero realmente la ciudadanía no es tomada en cuenta. En este sentido, gobiernos como el de Lula en Brasil y algunos parecidos en otra latitudes, tienen el gobierno pero no el poder. En el mejor de los casos, este tipo de gobiernos de “izquierda”, sólo logran limar las aristas más filosas del neoliberalismo, cuando de lo que se trata es de desmontarlo. Por eso, cuando algunos “izquierdistas” se ufanan de presentarse como “socialdemócratas” (una etiqueta vacía), lo que pretenden es mandarle un mensaje a los poderosos diciendo que son “moderados” y que también pueden funcionar como sus gerentes en turno, es decir, que no van a impulsar políticas que atenten contra los intereses del capitalismo, un sistema demostradamente absurdo e inhumano.
Ahora bien, la inconformidad de las masas populares agraviadas, es atenuada y contenida mediante diversos mecanismos que van desde la manipulación de la información y el entretenimiento frívolo de los medios masivos de comunicación (la enajenación); pasando por la cooptación de partidos, organizaciones e individuos (políticos e intelectuales), presuntamente de oposición o críticos, que se vuelven mediatizadores del pueblo y legitimadores de la dominación del capitalismo salvaje; hasta el más descarado corporativismo sindical que somete a los trabajadores mediante distintas formas de represalias a las prácticas laborales más atroces los empresarios y del gobierno mismo, entre otros muchos dispositivos de control, incluido el uso de la fuerza como recurso en última instancia Mientras que cuando las elites de poder económico son afectados por un gobierno popular, sus mecanismos de defensa son más eficaces porque tienen todos los recursos económicos a su alcance, les es más fácil organizarse y unificarse porque son pocos, tienen más claro sus intereses, además de que carecen de ideales y de escrúpulos. El golpe de Estado en Honduras es el ejemplo más reciente de esto último, y eso que el presidente derrocado por los gorilas, no es ni por asomo revolucionario o de izquierda.
En conclusión, los conflictos que desata el Estado al instrumentar determinadas políticas públicas son de distinta naturaleza y afectan de diversa manera a diversos grupos sociales, pero sólo la defensa de los intereses populares hace viable a la sociedad y por tanto justifican el conflicto que ocasiona el Estado al afectar a las minorías rapaces y mafiosas.
miércoles, 22 de julio de 2009
Neoliberalismo versus democracia
Neoliberalismo versus democracia
César Ricardo Luque Santana
La tesis que a continuación habré de sostener es que el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Primero describiré de manera sucinta en qué consiste el modelo económico neoliberal cuyas consecuencias se pueden documentar ampliamente con datos duros, aunque no me referiré por ahora a los datos cuantitativos sino a sus aspectos cualitativos que nos han aprisionado en una crisis estructural. Luego, diré lo que creo debería de ser la democracia y en lo que ha convertido, demostrando la incompatibilidad entre el neoliberalismo y la democracia
Por lo pronto es innegable que el desastre económico que ha provocado el neoliberalismo en México a lo largo de 30 años es de grandes proporciones, lo cual se ha traducido en un crecimiento constante de la pobreza, del desempleo y por ende, en un déficit en las condiciones materiales de vida en cuanto alimentación, salud, vivienda, etc. Al mismo tiempo y en sentido proporcionalmente inverso, una pequeña minoría ha amasado grandes fortunas.
La implementación del neoliberalismo desde sus orígenes hasta nuestros días, ha “vendido” la idea de que con este modelo se logrará el tan anhelado desarrollo, mientras que los datos duros dicen lo contrario porque (y esto es típico de todas las naciones subdesarrolladas latinoamericanas) la balanza comercial es negativa porque no podemos competir con los productos importados y porque no tenemos una capacidad para incorporar nuevos productos de exportación merced al desastre en el campo y el desmantelamiento de la industria nacional. Esto ha llevado a un círculo vicioso donde la deuda externa se multiplica incesantemente y los nuevos créditos son para pagar los intereses de ésta. Mientras que la oligarquía local y el capital extranjero se apropian de todo lo que genera ganancias en un feroz proceso de privatización que no respeta ningún límite, pues lo mismo la educación que los servicios públicos que deberían mantenerse como derechos sociales se han convertido en viles mercancías. De remate, las “reformas estructurales” como la impositiva, tiende invariablemente a eximir a los más ricos de pagar impuestos haciendo recaer los mismos en los consumidores, todo ello “justificado” por los epígonos del neoliberalismo mediante una serie de “mitos geniales” (Pedro Aspe dixit) En suma, las políticas económicas neoliberales que están contempladas en el llamado Consenso de Washington, se resumen en una dependencia cada vez mayor del capital extranjero.
Hay desde luego una larga cadena de atrocidades prohijadas por este sistema depredador de competencia feroz que barre con cualquier forma de solidaridad. Esto se puede ver en las políticas antisociales en la educación y la salud pública donde cada vez bajan más los presupuestos con un daño grave a la calidad en estos servicios. En lo laboral, el trabajador se encuentra en la indefensión total porque el inversionista foráneo tiene manga ancha para sobre-explotarlo negándole sus más elementales derechos. Asimismo, le permiten destruir el entorno natural y le reducen al mínimo el pago de impuestos. Y si aún así se merma su ganancia o deja de parecerle interesante, simplemente se va dejando una estela de desastre. El sometimiento al capital principalmente extranjero es tan avasallador que además impiden a través de sus lacayos que simulan ser gobernantes del pueblo que haya un desarrollo científico y tecnológico propio, adueñándose de nuestras riquezas mediante un sistema de patentes y una legislación internacional hecha a su conveniencia, entre otras situaciones parecidas que abonan a una desigualdad cada vez más pronunciada con el consiguiente deterioro del tejido social que vuelven cada más inviable la convivencia social.
La democracia es entonces resignificada para que responda a esos intereses, es decir, para que injusticia prevalezca. La democracia entonces va a ser reducida a meras reglas de elección (democracia sin adjetivos) y va a depender de la manipulación mediática. Es obvio que tiene sentido la hipótesis de que el neoliberalismo así descrito es incompatible con la democracia entendida como una representación genuina de los intereses del pueblo, lo cual llevaría a la justicia social. Se entiende también por qué los neoliberales tienen que resignificar la democracia como meras reglas de juego donde el poder del dinero tiene mayores probabilidades de triunfo y donde tienen además el apoyo cómplice de los poderes mediáticos que actúan como poderes fácticos o informales.
La democracia neoliberal es por tanto una democracia mediática, de imagen, no de propuestas, donde la democracia se agota en las urnas (según esta visión), donde la autodeterminación de los pueblos está socavada por los intereses neocoloniales (como podemos verlo de manera meridiana en el reciente golpe de Estado en Honduras con el silencio ominoso y cómplice de los Estados Unidos y la impotencia de los países de la OEA), donde los medios masivos de comunicación hacen “héroe” o “villano” ha quien se les antoje, ya sea porque le sirve a sus intereses o porque les perjudica. En este sentido, los representantes populares proclives al sistema neoliberal, no defienden los intereses de sus representados sino que se dedican a legitimar políticas impuestas por entidades trasnacionales.
Los intereses monopólicos de este capitalismo rapaz no son compatibles con la democracia y la justicia social, por lo que es una obligación moral oponérsele no obstante su poderío. La utopía negativa, es decir, la crítica que denuncia la injusticia y que aspira a la emancipación de la humanidad es un deber moral por el que hay que pugnar, no obstante las grandes dificultades que representa, pero es claro que no hay nada eterno y el neoliberalismo no es la excepción de este principio.
César Ricardo Luque Santana
La tesis que a continuación habré de sostener es que el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Primero describiré de manera sucinta en qué consiste el modelo económico neoliberal cuyas consecuencias se pueden documentar ampliamente con datos duros, aunque no me referiré por ahora a los datos cuantitativos sino a sus aspectos cualitativos que nos han aprisionado en una crisis estructural. Luego, diré lo que creo debería de ser la democracia y en lo que ha convertido, demostrando la incompatibilidad entre el neoliberalismo y la democracia
Por lo pronto es innegable que el desastre económico que ha provocado el neoliberalismo en México a lo largo de 30 años es de grandes proporciones, lo cual se ha traducido en un crecimiento constante de la pobreza, del desempleo y por ende, en un déficit en las condiciones materiales de vida en cuanto alimentación, salud, vivienda, etc. Al mismo tiempo y en sentido proporcionalmente inverso, una pequeña minoría ha amasado grandes fortunas.
La implementación del neoliberalismo desde sus orígenes hasta nuestros días, ha “vendido” la idea de que con este modelo se logrará el tan anhelado desarrollo, mientras que los datos duros dicen lo contrario porque (y esto es típico de todas las naciones subdesarrolladas latinoamericanas) la balanza comercial es negativa porque no podemos competir con los productos importados y porque no tenemos una capacidad para incorporar nuevos productos de exportación merced al desastre en el campo y el desmantelamiento de la industria nacional. Esto ha llevado a un círculo vicioso donde la deuda externa se multiplica incesantemente y los nuevos créditos son para pagar los intereses de ésta. Mientras que la oligarquía local y el capital extranjero se apropian de todo lo que genera ganancias en un feroz proceso de privatización que no respeta ningún límite, pues lo mismo la educación que los servicios públicos que deberían mantenerse como derechos sociales se han convertido en viles mercancías. De remate, las “reformas estructurales” como la impositiva, tiende invariablemente a eximir a los más ricos de pagar impuestos haciendo recaer los mismos en los consumidores, todo ello “justificado” por los epígonos del neoliberalismo mediante una serie de “mitos geniales” (Pedro Aspe dixit) En suma, las políticas económicas neoliberales que están contempladas en el llamado Consenso de Washington, se resumen en una dependencia cada vez mayor del capital extranjero.
Hay desde luego una larga cadena de atrocidades prohijadas por este sistema depredador de competencia feroz que barre con cualquier forma de solidaridad. Esto se puede ver en las políticas antisociales en la educación y la salud pública donde cada vez bajan más los presupuestos con un daño grave a la calidad en estos servicios. En lo laboral, el trabajador se encuentra en la indefensión total porque el inversionista foráneo tiene manga ancha para sobre-explotarlo negándole sus más elementales derechos. Asimismo, le permiten destruir el entorno natural y le reducen al mínimo el pago de impuestos. Y si aún así se merma su ganancia o deja de parecerle interesante, simplemente se va dejando una estela de desastre. El sometimiento al capital principalmente extranjero es tan avasallador que además impiden a través de sus lacayos que simulan ser gobernantes del pueblo que haya un desarrollo científico y tecnológico propio, adueñándose de nuestras riquezas mediante un sistema de patentes y una legislación internacional hecha a su conveniencia, entre otras situaciones parecidas que abonan a una desigualdad cada vez más pronunciada con el consiguiente deterioro del tejido social que vuelven cada más inviable la convivencia social.
La democracia es entonces resignificada para que responda a esos intereses, es decir, para que injusticia prevalezca. La democracia entonces va a ser reducida a meras reglas de elección (democracia sin adjetivos) y va a depender de la manipulación mediática. Es obvio que tiene sentido la hipótesis de que el neoliberalismo así descrito es incompatible con la democracia entendida como una representación genuina de los intereses del pueblo, lo cual llevaría a la justicia social. Se entiende también por qué los neoliberales tienen que resignificar la democracia como meras reglas de juego donde el poder del dinero tiene mayores probabilidades de triunfo y donde tienen además el apoyo cómplice de los poderes mediáticos que actúan como poderes fácticos o informales.
La democracia neoliberal es por tanto una democracia mediática, de imagen, no de propuestas, donde la democracia se agota en las urnas (según esta visión), donde la autodeterminación de los pueblos está socavada por los intereses neocoloniales (como podemos verlo de manera meridiana en el reciente golpe de Estado en Honduras con el silencio ominoso y cómplice de los Estados Unidos y la impotencia de los países de la OEA), donde los medios masivos de comunicación hacen “héroe” o “villano” ha quien se les antoje, ya sea porque le sirve a sus intereses o porque les perjudica. En este sentido, los representantes populares proclives al sistema neoliberal, no defienden los intereses de sus representados sino que se dedican a legitimar políticas impuestas por entidades trasnacionales.
Los intereses monopólicos de este capitalismo rapaz no son compatibles con la democracia y la justicia social, por lo que es una obligación moral oponérsele no obstante su poderío. La utopía negativa, es decir, la crítica que denuncia la injusticia y que aspira a la emancipación de la humanidad es un deber moral por el que hay que pugnar, no obstante las grandes dificultades que representa, pero es claro que no hay nada eterno y el neoliberalismo no es la excepción de este principio.
miércoles, 15 de julio de 2009
Política y valores
Política y valores
César Ricardo Luque Santana
En mi alocución anterior decía entre otras cosas que existe en forma muy generalizada, una percepción negativa y absolutista de la política como una actividad esencialmente inmoral y decía al respecto, que en primer lugar la política es una abstracción, que son los políticos los que desprestigian su propia actividad desacreditando con ello a las instituciones políticas y por ende a la política misma; en segundo lugar, decía que está práctica inmoral de la política (que es la que por desgracia prevalece) se considera una perversión de la misma, pero que la política es ante todo, un instrumento para administrar o resolver los conflictos que se dan necesariamente en una comunidad, de manera que la política existe porque hay conflicto.
Decía asimismo, que el conflicto en la comunidad o sociedad se da porque hay una desigualdad social, es decir, hay un dominio de unos sobre otros, y que el Estado surge y se justifica tanto para legitimar ese dominio como para hacer viable la convivencia social. La función del Estado lleva la impronta de esta contradicción lo que pone en juego la cuestión de la legitimación del poder: ¿cómo garantizar la obediencia de los subordinados? Tanto por medios coactivos como consensuales, por lo cual el Estado se condensa en la fórmula fuerza + consenso.
Esto implica un delicado equilibrio porque debe de conciliar los intereses de las minorías con los de las mayorías, la dominación de los primeros con la aceptación de los segundos. Pero ¿por qué la mayoría aceptaría ser dominado por una minoría o hasta qué punto lo aceptaría? Más allá de obligarlos autoritariamente mediante la fuerza o violencia legal, es necesario que éstos acepten de buena gana esa situación, lo cual requiere por un lado, de transformar su deseo en deseo del amo, esto es, que admitan vía el convencimiento la desigualdad, y/o que tengan un bienestar social aceptable.
Volviendo al planteamiento anterior, se afirmaba que era necesario renovar la política por lo que se apelaba a la ética de la responsabilidad y a la participación ciudadana. En el primer caso se aludía a ubicar la política en el terreno de lo amoral, como un punto intermedio entre lo inmoral (la corrupción desatada) y lo moral en un sentido puritano o dogmático. En el segundo caso, se decía que el actual modelo económico neoliberal es incompatible con la democracia (lo cual abordaré en otra ocasión).
El problema que inquieta, es que la afirmación de situar a la política en un terreno amoral, puede llevar a una interpretación de la misma despojada de valores, lo que significaría desdeñar la crítica admitiendo una postura positivista de la política como ciencia libre de valores, entendidos éstos como “perturbaciones” del análisis político, lo cual no es necesariamente así, pues el análisis racional y los valores en este caso, son y deben ser complementarios.
En efecto, la idea de Weber respecto a la política como ciencia permite una lectura positivista, aunque creo que ella es ambivalente porque también admite una postura hermenéutica. Lo importante sin embargo es advertir de los riesgos que tendría concebir a la política como si fuera una ciencia al estilo positivista, esto es, desprovista de valores, pues éstos no necesariamente empañan en forma per se el análisis político sino que son condición indispensable de ella, pues es imposible evitar el juicio moral de un desempeño político.
Pero para mayor claridad de la relación entre la política y los valores morales, hay que pensar ésta considerando a la política en su plano práctico y teórico, es decir, como una actividad realizada por los políticos y como una reflexión de los analistas o politólogos. En el primer caso, los políticos, ya sean partidos o individuos, postulan una serie de principios políticos generales que les dan identidad ideológica. Sin embargo, el neoliberalismo ha tratado de separar los valores, como el de la justicia por ejemplo, aduciendo que quienes subrayan este tipo de cosas son populistas, tratando de convencer a los ciudadanos que el ejercicio del gobierno se reduce a la administración, al dominio de técnicas. El Estado neoliberal desplaza al gobernante por el gerente dando lugar a una tecnocracia. Ya no existe la preocupación por gobernar para el pueblo sino que se vuelven agente de ventas de los empresarios. En este caso, no sólo se ejerce el poder con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias nefastas que estas políticas traen para la sociedad, sino que se incurre en una profunda inmoralidad al perjudicar deliberadamente al pueblo para favorecer a una minoría rapaz. En suma, se dedican a hacer negocios en vez de procurar el bienestar de la gente, con lo cual la política deja de ser un instrumento para administrar y mediar los conflictos, sino que paradójicamente se convierte ella misma en fuente de conflictos, lo cual es una aberración. En el segundo caso, el análisis político desde una perspectiva crítica, supone no sólo hablar con conocimiento de causa de los problemas, fundamentando la crítica con datos duros evitando caer en el mero panfletismo, sino que debe denunciar la incompetencia, la corrupción, el abuso, la estafa, etc. Es necesario que el conocimiento objetivo se complemente con la denuncia, que se desenmascare las pretensiones ocultas de ciertas medidas gubernamentales, como por ejemplo, la que busca privatizar los servicios públicos como el agua, el alumbrado público, la recolección de basura, etc., cuyas graves consecuencias en los lugares donde se han implementados están firmemente documentadas. En otras palabras, la mera indignación y denuncia sin conocimiento de causa, reduce el análisis racional a mera emotividad o propaganda.
La política no puede en consecuencia prescindir de la ética, pero así como hay que rechazar la inmoralidad práctica y “teórica” de la política, es necesario desconfiar de posturas puristas que intentan imponer sus dogmas morales a los demás, pero asimismo, hay que mirar con desconfianza los intentos de de situar a la política en un terreno “neutral” porque ocultan aviesas intenciones bajo un disfraz tecnocrático.
César Ricardo Luque Santana
En mi alocución anterior decía entre otras cosas que existe en forma muy generalizada, una percepción negativa y absolutista de la política como una actividad esencialmente inmoral y decía al respecto, que en primer lugar la política es una abstracción, que son los políticos los que desprestigian su propia actividad desacreditando con ello a las instituciones políticas y por ende a la política misma; en segundo lugar, decía que está práctica inmoral de la política (que es la que por desgracia prevalece) se considera una perversión de la misma, pero que la política es ante todo, un instrumento para administrar o resolver los conflictos que se dan necesariamente en una comunidad, de manera que la política existe porque hay conflicto.
Decía asimismo, que el conflicto en la comunidad o sociedad se da porque hay una desigualdad social, es decir, hay un dominio de unos sobre otros, y que el Estado surge y se justifica tanto para legitimar ese dominio como para hacer viable la convivencia social. La función del Estado lleva la impronta de esta contradicción lo que pone en juego la cuestión de la legitimación del poder: ¿cómo garantizar la obediencia de los subordinados? Tanto por medios coactivos como consensuales, por lo cual el Estado se condensa en la fórmula fuerza + consenso.
Esto implica un delicado equilibrio porque debe de conciliar los intereses de las minorías con los de las mayorías, la dominación de los primeros con la aceptación de los segundos. Pero ¿por qué la mayoría aceptaría ser dominado por una minoría o hasta qué punto lo aceptaría? Más allá de obligarlos autoritariamente mediante la fuerza o violencia legal, es necesario que éstos acepten de buena gana esa situación, lo cual requiere por un lado, de transformar su deseo en deseo del amo, esto es, que admitan vía el convencimiento la desigualdad, y/o que tengan un bienestar social aceptable.
Volviendo al planteamiento anterior, se afirmaba que era necesario renovar la política por lo que se apelaba a la ética de la responsabilidad y a la participación ciudadana. En el primer caso se aludía a ubicar la política en el terreno de lo amoral, como un punto intermedio entre lo inmoral (la corrupción desatada) y lo moral en un sentido puritano o dogmático. En el segundo caso, se decía que el actual modelo económico neoliberal es incompatible con la democracia (lo cual abordaré en otra ocasión).
El problema que inquieta, es que la afirmación de situar a la política en un terreno amoral, puede llevar a una interpretación de la misma despojada de valores, lo que significaría desdeñar la crítica admitiendo una postura positivista de la política como ciencia libre de valores, entendidos éstos como “perturbaciones” del análisis político, lo cual no es necesariamente así, pues el análisis racional y los valores en este caso, son y deben ser complementarios.
En efecto, la idea de Weber respecto a la política como ciencia permite una lectura positivista, aunque creo que ella es ambivalente porque también admite una postura hermenéutica. Lo importante sin embargo es advertir de los riesgos que tendría concebir a la política como si fuera una ciencia al estilo positivista, esto es, desprovista de valores, pues éstos no necesariamente empañan en forma per se el análisis político sino que son condición indispensable de ella, pues es imposible evitar el juicio moral de un desempeño político.
Pero para mayor claridad de la relación entre la política y los valores morales, hay que pensar ésta considerando a la política en su plano práctico y teórico, es decir, como una actividad realizada por los políticos y como una reflexión de los analistas o politólogos. En el primer caso, los políticos, ya sean partidos o individuos, postulan una serie de principios políticos generales que les dan identidad ideológica. Sin embargo, el neoliberalismo ha tratado de separar los valores, como el de la justicia por ejemplo, aduciendo que quienes subrayan este tipo de cosas son populistas, tratando de convencer a los ciudadanos que el ejercicio del gobierno se reduce a la administración, al dominio de técnicas. El Estado neoliberal desplaza al gobernante por el gerente dando lugar a una tecnocracia. Ya no existe la preocupación por gobernar para el pueblo sino que se vuelven agente de ventas de los empresarios. En este caso, no sólo se ejerce el poder con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias nefastas que estas políticas traen para la sociedad, sino que se incurre en una profunda inmoralidad al perjudicar deliberadamente al pueblo para favorecer a una minoría rapaz. En suma, se dedican a hacer negocios en vez de procurar el bienestar de la gente, con lo cual la política deja de ser un instrumento para administrar y mediar los conflictos, sino que paradójicamente se convierte ella misma en fuente de conflictos, lo cual es una aberración. En el segundo caso, el análisis político desde una perspectiva crítica, supone no sólo hablar con conocimiento de causa de los problemas, fundamentando la crítica con datos duros evitando caer en el mero panfletismo, sino que debe denunciar la incompetencia, la corrupción, el abuso, la estafa, etc. Es necesario que el conocimiento objetivo se complemente con la denuncia, que se desenmascare las pretensiones ocultas de ciertas medidas gubernamentales, como por ejemplo, la que busca privatizar los servicios públicos como el agua, el alumbrado público, la recolección de basura, etc., cuyas graves consecuencias en los lugares donde se han implementados están firmemente documentadas. En otras palabras, la mera indignación y denuncia sin conocimiento de causa, reduce el análisis racional a mera emotividad o propaganda.
La política no puede en consecuencia prescindir de la ética, pero así como hay que rechazar la inmoralidad práctica y “teórica” de la política, es necesario desconfiar de posturas puristas que intentan imponer sus dogmas morales a los demás, pero asimismo, hay que mirar con desconfianza los intentos de de situar a la política en un terreno “neutral” porque ocultan aviesas intenciones bajo un disfraz tecnocrático.
domingo, 5 de julio de 2009
Renovar la política
Renovar la política
César Ricardo Luque Santana
El vocablo “política” deriva del griego polis que equivale a comunidad, aunque para los antiguos griegos de hace 2400 años, ésta se refería a la “ciudad-Estado”, pero que desde la modernidad le venimos llamamos a secas “Estado”, el cual comprende el gobierno y las instituciones públicas. Aristóteles fue quien lanzó el término en una de sus obras llamada precisamente así: “Política”, donde estudia la naturaleza, funciones y divisiones del Estado y las distintas formas de gobierno. La reflexión filosófica sobre la política del estagirita era a la vez descriptiva y prescriptiva, pero a partir de Maquiavelo (s. XVI), la política se erige como un saber autónomo separando la parte valorativa, en el sentido de poder analizar la política tal como es en sí misma sin mezclarla con otros aspectos que actúan como un mero ropaje encubridor, por ejemplo, la religión. Sin embargo, los pensadores clásicos de la política desde la antigüedad hasta la era moderna, nunca renunciaron a las consideraciones éticas de la política.
Este problema entre ética y política resulta ser muy complejo y de gran actualidad, pues es un lugar común que la política se identifique por un lado como una actividad necesaria y por lo tanto ineludible; pero a la vez, se le percibe como una práctica inmoral. En efecto, la política padece de un descrédito o una desconfianza generalizada porque la mayoría de quienes se dedican a ella en forma profesional, suelen cometer toda clase de trapacerías. En otras palabras, el desprestigio de los políticos como personas y por ende de las instituciones políticas, se traslada a la política misma porque se le reduce a la frase de que “el fin justifica los medios.”
Es necesario sin embargo superar esta noción negativa y absolutista de la política, no sólo porque como ya se dijo, ésta es ineludible, dado que no podemos evitar vivir en comunidad puesto que somos seres sociales. Pero vivir en comunidad significa asimismo vivir en el conflicto, y de hecho, la política encuentra su justificación en virtud del conflicto. Si éste no existiera no existiría la política, de manera que, quien se dice “apolítico” queriendo decir con ello que no le interesa la política, realmente no puede escapar a ella sólo porque así lo desea. Los griegos llamaban “idiotes” (idiota) a quien se sustraía de los asuntos públicos, pues para un griego carecer de estatus de ciudadano o renunciar a ejercer la ciudadanía, era una especie de muerte cívica. A eso se refería Albert Camus cuando decía que el suicidio era el tema de nuestro tiempo, es decir, al suicidio cívico (la no participación)
Las primeras teorías del Estado, por ejemplo la de Thomas Hobbes (siglo XVII), conciben al Estado como una instancia de legitimación del dominio de unos hombre sobre otros, es decir, aceptan la desigualdad y el conflicto instalado en la sociedad y establecen como prerrogativas del Estado la violencia legal y el consenso (Gramsci) como sus instrumentos para mantener no sólo esta legitimación de una dominación, sino la viabilidad misma de la sociedad. En este sentido, el Estado asume en la práctica que si bien, dado su carácter clasista representa los intereses de quienes detentan el poder económico; por el otro lado, asume también que no puede administrar el conflicto sólo mediante el uso de la fuerza, sino que tienen que gobernar para todos o la mayoría para obtener su consentimiento y darle de este modo al poder político, una verdadera legitimidad, haciendo posible al mismo tiempo, la gobernabilidad. Más adelante (con Rousseau. s. XVIII) se desarrolla una visión romántica del Estado como “arbitro” entre las clases sociales o los particulares. De esta manera, en la sociedad burguesa surge la idea de igualdad jurídica y se consolidad la visión contractualista del Estado, la cual es afianzada como el fundamento de la legitimidad del poder más democrático donde la soberanía radica en el pueblo.
Ahora bien, no obstante que la soberanía radica en el pueblo, persiste la contradicción de que el poder político conserva su carácter clasista porque la clase dominante en la economía lo es también en la política y en el terreno de la ideas, pues como decía Marx, las ideas dominantes son las de la clase dominante. La teoría del consenso o contrato social pondría limites a la clase dominante porque de no hacerlo –como ocurre en el Estado neoliberal- se pierde legitimidad de tal suerte que el ejercicio de la autoridad se convierte en un autoritarismo, es decir, tiende a prevalecer la fuerza sobre el consenso, de ahí que la criminalización de la disidencia y la protesta política (bajo la coartada de la seguridad pública), sea una consecuencia lógica de ello, pues su objetivo no es otro que frenar la inconformidad social sin afectar el modelo económico vigente causante del malestar social, por lo que las elecciones –no obstante lo legales que pudieran ser- terminan siendo un ritual vacío, es decir, restringen o neutralizan su capacidad de dar legitimación.
El empecinamiento del Estado neoliberal de servir sin condiciones ni limites a una minoría voraz, en detrimento del bienestar de la mayoría de la población, socava el Estado de derecho y deteriora el tejido social. La vida social civilizada se vuelve difícil de realizar porque el Estado neoliberal es estructuralmente un Estado fallido. No es que Calderón tenga impericia para gobernar (que parece tenerla), ni que su ilegitimidad de origen lo lleve a hacer alardes de fuerza mediante el uso de las fuerzas armadas y policíacas (aunque si lo hace), para “compensar” la fuerza que no le dieron las urnas. El problema es que el Estado bajo estas condiciones no tiene mucho margen de maniobra porque perdió el control de la economía y está a expensas de los empresarios cuyo afán desmedido de ganancias los lleva a cometer excesos provocando una situación de caos, dando lugar a un manejo altamente faccioso y patrimonialista del poder, generando una enorme exclusión social y con ello las condiciones para que emerja la delincuencia en todas su variantes y expresiones. Querer luego remediar este problema con más policías, cárceles y endurecimientos de leyes, es desde luego inútil, pero sobretodo es indicativo de que no quieren renunciar o moderar su sistema que crea de manera acelerada una concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una enorme pobreza en la mayoría de la población.
Weber decía que la política puede ser inmoral o amoral. La primera sería una perversión donde se cae en el abuso y la corrupción; la segunda remite a la responsabilidad. Por ello, propone una ética de la responsabilidad y no una ética de la convicción pues ésta puede conducir a fundamentalismos ideológicos, mientras que aquella piensa en las consecuencias. En conclusión, así como la perversión o inmoralidad política que priva entre la clase política mexicana es deleznable o reprobable, la ética de la convicción donde el político pretende gobernar guiado por sus conceptos doctrinarios y puristas -lo cual encierra un grave peligro de autoritarismo- tampoco es el camino más adecuado; sino la ética de la responsabilidad, donde el político actuando como estadista, piensa en las consecuencias de sus actos para las futuras generaciones, y por tanto, su conducta se moldea de acuerdo a estos criterios. La mera “renovación”de poderes es por ende intrascendente si no hay una renovación de la política y de la clase política, la cual debería de transitar por el sendero que sugiere Max Weber, pero para ello es necesario que los ciudadanos participen decididamente en los asuntos públicos para presionar en ese sentido, evitando los extremos entre la inmoralidad y el purismo político (mesianismo o doctrinarismo)
César Ricardo Luque Santana
El vocablo “política” deriva del griego polis que equivale a comunidad, aunque para los antiguos griegos de hace 2400 años, ésta se refería a la “ciudad-Estado”, pero que desde la modernidad le venimos llamamos a secas “Estado”, el cual comprende el gobierno y las instituciones públicas. Aristóteles fue quien lanzó el término en una de sus obras llamada precisamente así: “Política”, donde estudia la naturaleza, funciones y divisiones del Estado y las distintas formas de gobierno. La reflexión filosófica sobre la política del estagirita era a la vez descriptiva y prescriptiva, pero a partir de Maquiavelo (s. XVI), la política se erige como un saber autónomo separando la parte valorativa, en el sentido de poder analizar la política tal como es en sí misma sin mezclarla con otros aspectos que actúan como un mero ropaje encubridor, por ejemplo, la religión. Sin embargo, los pensadores clásicos de la política desde la antigüedad hasta la era moderna, nunca renunciaron a las consideraciones éticas de la política.
Este problema entre ética y política resulta ser muy complejo y de gran actualidad, pues es un lugar común que la política se identifique por un lado como una actividad necesaria y por lo tanto ineludible; pero a la vez, se le percibe como una práctica inmoral. En efecto, la política padece de un descrédito o una desconfianza generalizada porque la mayoría de quienes se dedican a ella en forma profesional, suelen cometer toda clase de trapacerías. En otras palabras, el desprestigio de los políticos como personas y por ende de las instituciones políticas, se traslada a la política misma porque se le reduce a la frase de que “el fin justifica los medios.”
Es necesario sin embargo superar esta noción negativa y absolutista de la política, no sólo porque como ya se dijo, ésta es ineludible, dado que no podemos evitar vivir en comunidad puesto que somos seres sociales. Pero vivir en comunidad significa asimismo vivir en el conflicto, y de hecho, la política encuentra su justificación en virtud del conflicto. Si éste no existiera no existiría la política, de manera que, quien se dice “apolítico” queriendo decir con ello que no le interesa la política, realmente no puede escapar a ella sólo porque así lo desea. Los griegos llamaban “idiotes” (idiota) a quien se sustraía de los asuntos públicos, pues para un griego carecer de estatus de ciudadano o renunciar a ejercer la ciudadanía, era una especie de muerte cívica. A eso se refería Albert Camus cuando decía que el suicidio era el tema de nuestro tiempo, es decir, al suicidio cívico (la no participación)
Las primeras teorías del Estado, por ejemplo la de Thomas Hobbes (siglo XVII), conciben al Estado como una instancia de legitimación del dominio de unos hombre sobre otros, es decir, aceptan la desigualdad y el conflicto instalado en la sociedad y establecen como prerrogativas del Estado la violencia legal y el consenso (Gramsci) como sus instrumentos para mantener no sólo esta legitimación de una dominación, sino la viabilidad misma de la sociedad. En este sentido, el Estado asume en la práctica que si bien, dado su carácter clasista representa los intereses de quienes detentan el poder económico; por el otro lado, asume también que no puede administrar el conflicto sólo mediante el uso de la fuerza, sino que tienen que gobernar para todos o la mayoría para obtener su consentimiento y darle de este modo al poder político, una verdadera legitimidad, haciendo posible al mismo tiempo, la gobernabilidad. Más adelante (con Rousseau. s. XVIII) se desarrolla una visión romántica del Estado como “arbitro” entre las clases sociales o los particulares. De esta manera, en la sociedad burguesa surge la idea de igualdad jurídica y se consolidad la visión contractualista del Estado, la cual es afianzada como el fundamento de la legitimidad del poder más democrático donde la soberanía radica en el pueblo.
Ahora bien, no obstante que la soberanía radica en el pueblo, persiste la contradicción de que el poder político conserva su carácter clasista porque la clase dominante en la economía lo es también en la política y en el terreno de la ideas, pues como decía Marx, las ideas dominantes son las de la clase dominante. La teoría del consenso o contrato social pondría limites a la clase dominante porque de no hacerlo –como ocurre en el Estado neoliberal- se pierde legitimidad de tal suerte que el ejercicio de la autoridad se convierte en un autoritarismo, es decir, tiende a prevalecer la fuerza sobre el consenso, de ahí que la criminalización de la disidencia y la protesta política (bajo la coartada de la seguridad pública), sea una consecuencia lógica de ello, pues su objetivo no es otro que frenar la inconformidad social sin afectar el modelo económico vigente causante del malestar social, por lo que las elecciones –no obstante lo legales que pudieran ser- terminan siendo un ritual vacío, es decir, restringen o neutralizan su capacidad de dar legitimación.
El empecinamiento del Estado neoliberal de servir sin condiciones ni limites a una minoría voraz, en detrimento del bienestar de la mayoría de la población, socava el Estado de derecho y deteriora el tejido social. La vida social civilizada se vuelve difícil de realizar porque el Estado neoliberal es estructuralmente un Estado fallido. No es que Calderón tenga impericia para gobernar (que parece tenerla), ni que su ilegitimidad de origen lo lleve a hacer alardes de fuerza mediante el uso de las fuerzas armadas y policíacas (aunque si lo hace), para “compensar” la fuerza que no le dieron las urnas. El problema es que el Estado bajo estas condiciones no tiene mucho margen de maniobra porque perdió el control de la economía y está a expensas de los empresarios cuyo afán desmedido de ganancias los lleva a cometer excesos provocando una situación de caos, dando lugar a un manejo altamente faccioso y patrimonialista del poder, generando una enorme exclusión social y con ello las condiciones para que emerja la delincuencia en todas su variantes y expresiones. Querer luego remediar este problema con más policías, cárceles y endurecimientos de leyes, es desde luego inútil, pero sobretodo es indicativo de que no quieren renunciar o moderar su sistema que crea de manera acelerada una concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una enorme pobreza en la mayoría de la población.
Weber decía que la política puede ser inmoral o amoral. La primera sería una perversión donde se cae en el abuso y la corrupción; la segunda remite a la responsabilidad. Por ello, propone una ética de la responsabilidad y no una ética de la convicción pues ésta puede conducir a fundamentalismos ideológicos, mientras que aquella piensa en las consecuencias. En conclusión, así como la perversión o inmoralidad política que priva entre la clase política mexicana es deleznable o reprobable, la ética de la convicción donde el político pretende gobernar guiado por sus conceptos doctrinarios y puristas -lo cual encierra un grave peligro de autoritarismo- tampoco es el camino más adecuado; sino la ética de la responsabilidad, donde el político actuando como estadista, piensa en las consecuencias de sus actos para las futuras generaciones, y por tanto, su conducta se moldea de acuerdo a estos criterios. La mera “renovación”de poderes es por ende intrascendente si no hay una renovación de la política y de la clase política, la cual debería de transitar por el sendero que sugiere Max Weber, pero para ello es necesario que los ciudadanos participen decididamente en los asuntos públicos para presionar en ese sentido, evitando los extremos entre la inmoralidad y el purismo político (mesianismo o doctrinarismo)
domingo, 28 de junio de 2009
Elecciones 2009 ¿A dónde vamos?
Elecciones 2009 ¿A dónde vamos?
César Ricardo Luque Santana
El martes 23 de junio se llevó al cabo en el Aula Magna de Ciencias y Humanidades de la UAN, un panel sobre el actual proceso electoral y sus consecuencias con el nombre del título de este artículo. Este encuentro de reflexión, al que gentilmente fui invitado a participar como panelista, fue organizado por la licenciatura en Ciencia Política. A continuación recuperaré algunos de los puntos que esgrimí respecto a este asunto, complementando en forma leve algunas ideas que por las limitaciones normales de las discusiones verbales se quedan incompletas.
Mi intervención la desdoblé en dos partes: en la primera me centré en ubicar la situación política actual en el país, y en el segundo momento, comenté lo que a mi juicio deberían de ser las tareas que se vienen, luego de una jornada electoral que seguramente mantendrá un elevado abstencionismo y que registrará también, un aumento significativo del voto nulo deliberado.
En el primer punto, estamos en una serie de crisis no sólo política, en la cual se ha cuestionado duramente la representatividad de los legisladores y donde las instituciones han llegado a un alto nivel de descrédito, al grado que un particular de nombre Alejandro Martí, mediante una campaña tendenciosa, se ha erigido como el referente o garante de la responsabilidad política por encima de las mismas leyes. Desde luego, la crisis o recesión económica juega también un papel fundamental en el desencanto ciudadano, porque parece que elegir gobernantes no sirve de nada cuando cada vez empeoramos en nuestras condiciones materiales de vida. Volviendo al plano de lo político-electoral, la mayoría de los candidatos, todos los partidos, las autoridades electorales y los miembros del tribunal electoral, todos ellos, están sumidos en el mayor de los desprestigios.
La alternancia que empezó a mediados de los 90 y se consumó en el 2000, abrigó los sueños de una verdadera democratización del país, pero la transición a la democracia o reforma de Estado nunca llegó. Lo que hubo fue una serie de arreglos sólo benéficos a los partidos y a la clase política, como por ejemplo, bajar el umbral de edad para ser senador para beneficiar al corrupto “niño verde” y cosas por el estilo, hasta lograr una verdadera regresión con los consejeros ciudadanos del IFE, que al menos en sus orígenes, estaba integrado por gente más o menos respetable y con cierta solvencia académica, al contrario de los anodinos de hoy. Todo este manoseo y las negociaciones facciosas, hicieron que algunos estudiosos del sistema político exigieran lo que en su momento se llamó la segunda generación de reformas electorales, precisamente porque era evidente la necesidad de un nuevo arreglo institucional que ofreciera las condiciones para una verdadera pluralidad democrática.
En la práctica, los partidos que reemplazaron parcialmente al PRI en puestos de representación popular, demostraron ser idénticos a él en su modo de operar, es decir, el PRI se clonó en los demás partidos. Lo podemos constatar en este proceso electoral donde los principales partidos han rebasado quién sabe cuántas veces los topes de gastos de campaña; y donde son gobierno, siguen lucrando con la pobreza de la gente condicionándoles el voto, como se ha demostrado en Nayarit y en otros estados de la república. Sin embargo, el principal obstáculo para una verdadera democracia ha sido la defensa a ultranza del modelo neoliberal en la economía, el cual dio lugar a dos evidentes fraudes electorales contra candidatos de izquierda que podrían ponerlo en riesgo. El golpe de Estado en Honduras de este domingo 28 de junio contra el presidente Zelaya, demuestra que a la derecha no le gusta la democracia cuando esto significa la llegada de un gobernante que no está dispuesto a ser su cómplice. El neoliberalismo tiene una actitud hipócrita hacia la democracia porque sólo la evoca cuando le conviene.
¿A dónde vamos? Hay varios escenarios posibles, para algunos estamos ya en un pre-fascismo en la medida en que la inoperancia de la democracia es caldo de cultivo del autoritarismo. Sin embargo, contra lo que sostienen algunos detractores de los partidarios del voto nulo, éstos no son la causa del debilitamiento democrático, sino la propia clase política. Urge pues retomar una serie de propuestas para buscar un nuevo arreglo institucional, donde se tiene que discutir una agenda que incorpore el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la revocación de mandato, las candidaturas ciudadanas, la segunda vuelta electoral, la reelección, revisar el sentido y cantidad de los cargos por representación proporcional, las limitaciones al financiamiento público, e incluso, la posibilidad de un sistema parlamentario, entre otros temas afines. La clase política seguramente tratará de acomodar esos temas a sus intereses y a la de los poderes fácticos, en su inveterada actitud de cambiar para que nada cambie.
La otra necesidad es la construcción de un partido electoral de izquierda que practique la democracia participativa en serio y una organización popular para la lucha social con capacidad de convocatoria y de movilización. En ambos casos es necesario asumir una actitud congruente con un proyecto político de izquierda el cual debe abocarse a conquistar espacios de poder para desmantelar el neoliberalismo.
Al finalizar el encuentro, el debate se centró en atacar o defender el voto nulo deliberado. A ese respecto, referí que he estado escribiendo profusamente a favor del voto nulo en espacios periodísticos como este y en mi blog (Hetairos), y que a mi juicio, del lado de los detractores de esta postura no ha habido ningún argumento convincente. Aclaré que los verdaderos promotores del voto nulo son la clase política por su corrupción e ineficiencia, que el movimiento a favor de anular el voto es muy heterogéneo y que espero que quienes tenemos una auténtica vocación democrática, no nos limitemos a esta acción de anular el voto sino que debemos participar en otras formas de lucha. A la pregunta, ¿a quién beneficia el voto nulo? respondí que había dos respuestas: una pragmática, donde evidentemente se beneficiará a quién tenga más voto duro; la otra de índole democrática, la cual es un llamado de atención para fortalecer la democracia, para reconocer que el modelo actual ya se agotó, pero sobretodo es un llamado a construir una verdadera alternativa de izquierda. Concluí que el voto hay que merecerlo y para mí ninguno merece mi voto. Que no tiene sentido que ante un canasto de manzanas podridas tengamos que escoger la menos podrida, sino que necesitamos ejercer un voto crítico (anular el voto es votar) para hacer avanzar la conciencia y la organización popular que ponga freno al neoliberalismo.
César Ricardo Luque Santana
El martes 23 de junio se llevó al cabo en el Aula Magna de Ciencias y Humanidades de la UAN, un panel sobre el actual proceso electoral y sus consecuencias con el nombre del título de este artículo. Este encuentro de reflexión, al que gentilmente fui invitado a participar como panelista, fue organizado por la licenciatura en Ciencia Política. A continuación recuperaré algunos de los puntos que esgrimí respecto a este asunto, complementando en forma leve algunas ideas que por las limitaciones normales de las discusiones verbales se quedan incompletas.
Mi intervención la desdoblé en dos partes: en la primera me centré en ubicar la situación política actual en el país, y en el segundo momento, comenté lo que a mi juicio deberían de ser las tareas que se vienen, luego de una jornada electoral que seguramente mantendrá un elevado abstencionismo y que registrará también, un aumento significativo del voto nulo deliberado.
En el primer punto, estamos en una serie de crisis no sólo política, en la cual se ha cuestionado duramente la representatividad de los legisladores y donde las instituciones han llegado a un alto nivel de descrédito, al grado que un particular de nombre Alejandro Martí, mediante una campaña tendenciosa, se ha erigido como el referente o garante de la responsabilidad política por encima de las mismas leyes. Desde luego, la crisis o recesión económica juega también un papel fundamental en el desencanto ciudadano, porque parece que elegir gobernantes no sirve de nada cuando cada vez empeoramos en nuestras condiciones materiales de vida. Volviendo al plano de lo político-electoral, la mayoría de los candidatos, todos los partidos, las autoridades electorales y los miembros del tribunal electoral, todos ellos, están sumidos en el mayor de los desprestigios.
La alternancia que empezó a mediados de los 90 y se consumó en el 2000, abrigó los sueños de una verdadera democratización del país, pero la transición a la democracia o reforma de Estado nunca llegó. Lo que hubo fue una serie de arreglos sólo benéficos a los partidos y a la clase política, como por ejemplo, bajar el umbral de edad para ser senador para beneficiar al corrupto “niño verde” y cosas por el estilo, hasta lograr una verdadera regresión con los consejeros ciudadanos del IFE, que al menos en sus orígenes, estaba integrado por gente más o menos respetable y con cierta solvencia académica, al contrario de los anodinos de hoy. Todo este manoseo y las negociaciones facciosas, hicieron que algunos estudiosos del sistema político exigieran lo que en su momento se llamó la segunda generación de reformas electorales, precisamente porque era evidente la necesidad de un nuevo arreglo institucional que ofreciera las condiciones para una verdadera pluralidad democrática.
En la práctica, los partidos que reemplazaron parcialmente al PRI en puestos de representación popular, demostraron ser idénticos a él en su modo de operar, es decir, el PRI se clonó en los demás partidos. Lo podemos constatar en este proceso electoral donde los principales partidos han rebasado quién sabe cuántas veces los topes de gastos de campaña; y donde son gobierno, siguen lucrando con la pobreza de la gente condicionándoles el voto, como se ha demostrado en Nayarit y en otros estados de la república. Sin embargo, el principal obstáculo para una verdadera democracia ha sido la defensa a ultranza del modelo neoliberal en la economía, el cual dio lugar a dos evidentes fraudes electorales contra candidatos de izquierda que podrían ponerlo en riesgo. El golpe de Estado en Honduras de este domingo 28 de junio contra el presidente Zelaya, demuestra que a la derecha no le gusta la democracia cuando esto significa la llegada de un gobernante que no está dispuesto a ser su cómplice. El neoliberalismo tiene una actitud hipócrita hacia la democracia porque sólo la evoca cuando le conviene.
¿A dónde vamos? Hay varios escenarios posibles, para algunos estamos ya en un pre-fascismo en la medida en que la inoperancia de la democracia es caldo de cultivo del autoritarismo. Sin embargo, contra lo que sostienen algunos detractores de los partidarios del voto nulo, éstos no son la causa del debilitamiento democrático, sino la propia clase política. Urge pues retomar una serie de propuestas para buscar un nuevo arreglo institucional, donde se tiene que discutir una agenda que incorpore el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la revocación de mandato, las candidaturas ciudadanas, la segunda vuelta electoral, la reelección, revisar el sentido y cantidad de los cargos por representación proporcional, las limitaciones al financiamiento público, e incluso, la posibilidad de un sistema parlamentario, entre otros temas afines. La clase política seguramente tratará de acomodar esos temas a sus intereses y a la de los poderes fácticos, en su inveterada actitud de cambiar para que nada cambie.
La otra necesidad es la construcción de un partido electoral de izquierda que practique la democracia participativa en serio y una organización popular para la lucha social con capacidad de convocatoria y de movilización. En ambos casos es necesario asumir una actitud congruente con un proyecto político de izquierda el cual debe abocarse a conquistar espacios de poder para desmantelar el neoliberalismo.
Al finalizar el encuentro, el debate se centró en atacar o defender el voto nulo deliberado. A ese respecto, referí que he estado escribiendo profusamente a favor del voto nulo en espacios periodísticos como este y en mi blog (Hetairos), y que a mi juicio, del lado de los detractores de esta postura no ha habido ningún argumento convincente. Aclaré que los verdaderos promotores del voto nulo son la clase política por su corrupción e ineficiencia, que el movimiento a favor de anular el voto es muy heterogéneo y que espero que quienes tenemos una auténtica vocación democrática, no nos limitemos a esta acción de anular el voto sino que debemos participar en otras formas de lucha. A la pregunta, ¿a quién beneficia el voto nulo? respondí que había dos respuestas: una pragmática, donde evidentemente se beneficiará a quién tenga más voto duro; la otra de índole democrática, la cual es un llamado de atención para fortalecer la democracia, para reconocer que el modelo actual ya se agotó, pero sobretodo es un llamado a construir una verdadera alternativa de izquierda. Concluí que el voto hay que merecerlo y para mí ninguno merece mi voto. Que no tiene sentido que ante un canasto de manzanas podridas tengamos que escoger la menos podrida, sino que necesitamos ejercer un voto crítico (anular el voto es votar) para hacer avanzar la conciencia y la organización popular que ponga freno al neoliberalismo.
viernes, 26 de junio de 2009
Los bachilleratos de la SEP deben incorporar asignaturas filosóficas
De no hacerlo, un paso histórico será letra muerta, advierte el coordinador del OFM
Piden a bachilleratos de la SEP impartir materias filosóficas, incluidas en reforma
Los planes de las asignaturas deben ser pertinentes y evitar el fenómeno de la simulación, indica
Karina Avilés
Con el restablecimiento de las disciplinas filosóficas en el marco curricular común de la reforma del bachillerato, publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se da un paso histórico, sin embargo, las preparatorias dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no han tomado las medidas para incluir estos estudios en sus currículas y, de no hacerlo, se corre el riesgo de que la rectificación normativa sea letra muerta, advirtió el coordinador del Observatorio Filosófico de México (OFM), Gabriel Vargas Lozano.
Enfatizó que la restitución de materias como lógica, ética, estética y filosofía en la educación media superior no tendrá los resultados esperados si se contratan profesores sin una probada formación filosófica y si no se actualiza la forma de su enseñanza. Además, agregó, los contenidos de los programas de estudio deben ser pertinentes, para evitar el fenómeno de la simulación.
El OFM denunció en abril pasado que la Reforma Integral de la Educación Media Superior impulsada por la SEP eliminó las humanidades de los campos disciplinares y los estudios de la filosofía como asignaturas básicas de dicha transformación, que impactará a partir del próximo ciclo escolar a un millón 900 mil alumnos.
El observatorio, en el que se agrupan representantes e instituciones de la comunidad filosófica nacional, recibió de inmediato la solidaridad y el apoyo de cientos de integrantes de la academia, entre ellos, el científico social Pablo González Casanova y los filósofos Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro.
Después de las tareas y el activismo realizado por el OFM en defensa de las materias filosóficas, el pasado 23 de junio se publicaron en el DOF las modificaciones por las que se establece explícitamente en los acuerdos secretariales – entre ellos, el 444– que las humanidades y las ciencias sociales son algunos de los campos disciplinares y, dentro de las asignaturas básicas se menciona a la filosofía, la ética, la lógica y la estética.
Vargas Lozano puntualizó que las acciones en contra de la filosofía se ubican en un contexto internacional, como se denunció en la reciente Reunión de alto nivel sobre la enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual se reconoció la lucha del OFM.
Incluso, dijo, se pretende anular los programas y acciones contrarias a estos estudios al promover el Día Mundial de la Filosofía, la publicación del libro Filosofía, escuela de la libertad y el impulso de la enseñanza y la investigación filosóficas en todo el mundo.
Alertó que pese a la rectificación de la SEP, subsistemas como el Colegio de Bachilleres, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica no han tomado medidas para reintegrar en sus contenidos curriculares a la filosofa y lo mismo ocurre en las preparatorias dependientes de las universidades autónomas, con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Educación Media Superior, dependiente del gobierno capitalino.
Fuente: La Jornada (26 de Junio de 2009)
Piden a bachilleratos de la SEP impartir materias filosóficas, incluidas en reforma
Los planes de las asignaturas deben ser pertinentes y evitar el fenómeno de la simulación, indica
Karina Avilés
Con el restablecimiento de las disciplinas filosóficas en el marco curricular común de la reforma del bachillerato, publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se da un paso histórico, sin embargo, las preparatorias dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no han tomado las medidas para incluir estos estudios en sus currículas y, de no hacerlo, se corre el riesgo de que la rectificación normativa sea letra muerta, advirtió el coordinador del Observatorio Filosófico de México (OFM), Gabriel Vargas Lozano.
Enfatizó que la restitución de materias como lógica, ética, estética y filosofía en la educación media superior no tendrá los resultados esperados si se contratan profesores sin una probada formación filosófica y si no se actualiza la forma de su enseñanza. Además, agregó, los contenidos de los programas de estudio deben ser pertinentes, para evitar el fenómeno de la simulación.
El OFM denunció en abril pasado que la Reforma Integral de la Educación Media Superior impulsada por la SEP eliminó las humanidades de los campos disciplinares y los estudios de la filosofía como asignaturas básicas de dicha transformación, que impactará a partir del próximo ciclo escolar a un millón 900 mil alumnos.
El observatorio, en el que se agrupan representantes e instituciones de la comunidad filosófica nacional, recibió de inmediato la solidaridad y el apoyo de cientos de integrantes de la academia, entre ellos, el científico social Pablo González Casanova y los filósofos Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro.
Después de las tareas y el activismo realizado por el OFM en defensa de las materias filosóficas, el pasado 23 de junio se publicaron en el DOF las modificaciones por las que se establece explícitamente en los acuerdos secretariales – entre ellos, el 444– que las humanidades y las ciencias sociales son algunos de los campos disciplinares y, dentro de las asignaturas básicas se menciona a la filosofía, la ética, la lógica y la estética.
Vargas Lozano puntualizó que las acciones en contra de la filosofía se ubican en un contexto internacional, como se denunció en la reciente Reunión de alto nivel sobre la enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual se reconoció la lucha del OFM.
Incluso, dijo, se pretende anular los programas y acciones contrarias a estos estudios al promover el Día Mundial de la Filosofía, la publicación del libro Filosofía, escuela de la libertad y el impulso de la enseñanza y la investigación filosóficas en todo el mundo.
Alertó que pese a la rectificación de la SEP, subsistemas como el Colegio de Bachilleres, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica no han tomado medidas para reintegrar en sus contenidos curriculares a la filosofa y lo mismo ocurre en las preparatorias dependientes de las universidades autónomas, con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Educación Media Superior, dependiente del gobierno capitalino.
Fuente: La Jornada (26 de Junio de 2009)
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